Internacionales | 01 de MARZO de 2016 | 13:03

Guatemala juzgó y condenó a militares por violencia sexual como delito de guerra

Se trata de un precedente histórico de alcance mundial: Un tribunal nacional condenó a 120 años de prisión a dos miembros del ejército por crímenes de guerra en sus modalidades de violencia sexual. esclavitud sexual y doméstica contra mujeres indígenas en el destacamento de Sepur Zarco. 

"Fue un juicio histórico importante para las mujeres de Guatemala por el tipo de delito que se estaba juzgando. Se consideró a la violencia sexual como delito de guerra y esto marca un precedente en el país y en otros países que también están llevando la lucha por la violencia sexual, como Colombia y Ruanda", dijo a Télam Cristina Chiquin, reportera y fundadora de la agrupación Mujeres Ixchel que desde hace años intenta mediante el fotoperiodismo "visibilizar voces de mujeres".

"Que un tribunal común lo haya llevado es muy importante para reflejar los vejámenes vividos durante la guerra pero por sobre todo para mostrar cómo vivieron las mujeres esa guerra", agregó.

Durante el conflicto interno en Guatemala, el destacamento militar Sepur Zarco sirvió como un centro de descanso para el ejército, y fue a la vez, el epicentro de delitos contra las mujeres de la comunidad maya q'eqchi's.

Esclavitud sexual, violaciones, desapariciones forzadas de sus esposos e hijos, malos tratos, discriminación, así como la pérdida de sus viviendas, fueron algunas de las vejaciones por las que fueron sometidas estas mujeres ente 1982 y 1986.

Más de 30 años después, tras una larga lucha y el firme acompañamiento de organizaciones sociales, un tribunal ordinario decidió darle lugar a la demanda y juzgar al teniente coronel retirado Esteelmer Francisco Reyes Girón y el ex comisionado (colaborador civil) del Ejército Heriberto Valdéz Asij por considerar que hicieron con sus actos "un daño irreparable" a "toda una población", y tras 26 días de juicio, los condenó por asesinato, violación, abuso sexual, servidumbre doméstica y secuestro.

El tribunal hizo énfasis en los testimonios de las sobrevivientes, que fueron grabados como prueba dos años antes de esta audiencia, y presenciados el día de la condena por todos las víctimas y los dos culpables.

"La condena amplió el delito de genocidio, se abrió la causa exclusivamente por esclavitud y violencia sexual y esa es la diferencias con el resto de los casos", agregó Chiquin, quién inmortalizó todo el juicio mediante una cobertura fotográfica que captó manos apretadas, ojos llorosos y un grupo de mujeres esperando justicia.

Las "abuelas de Sepur Zarco", como les llaman por haber alcanzado ya los 70 años, asistieron a las audiencias tapando sus rostros con pañuelos. Lo que podía llegar a interpretarse como un gesto de vergüenza ante tantas humillaciones en realidad escondía una realidad más oscura: se taparon por miedo.

"Se cubrieron el rostro por seguridad, porque muchos de los que cometieron estos crímenes están por ahí. Cuando dieron la sentencia apenas se destaparon pero dentro de la audiencia no lo hicieron", comentó.

"En una sociedad en la que hay tantos delitos contra las mujeres todavía hay mucho estigma. Se sigue culpabilizando a las mujeres", explicó Chiquin, tras remarcar que la defensa de uno de los acusados dijo durante el juicio que las mujeres "se prostutian" y que por eso no era esclavitud sexual.

Aunque subrayó que aún permanece en Guatemala una "visión patriarcal", remarcó que estas mismas mujeres "lograron romper con el estigma social de que la violencia sexual inmoviliza los cuerpos de las mujeres y a las mujeres". "Que ellas rompieran el silencio y llevaran a un juicio rompe con ese estigma", celebró.

El proceso es histórico, además, porque muestra que hubo un plan en el que la violencia sexual fue una herramienta. "Los cuerpos eran objeto de guerra, se reconoció que se usaba la violencia sexual para lograr la aniquilación de lo que consideraban sus enemigos", reflexionó.

En ese sentido, Paula Barrios, representante legal de Mujeres Transformando el Mundo (MTM), una de las tres organizaciones querellantes que le dio acompañamiento a las víctimas, señaló que la sentencia fue importante porque recogió las "formas" en las que se cometieron esos delitos, "las circunstancias" y el hecho que se tratase de "miembros del ejército".

En una entrevista telefónica relató que desde hace seis años la agrupación acompaña a las mujeres indígenas en la "estrategia legal" de cara al juicio, porque era necesario definir "el rol que las mujeres iban a jugar dentro del proceso de justicia".

"Trabajamos con las víctimas para que ellas tuvieran un rol como sujeto de derechos. Al pertenecer a una comunidad monolingüe y ser analfabetas, veían obstáculos para llegar a la Justicia, por eso hubo un proceso de empoderamiento", explicó.

Por otro lado, una vez que se presentó la denuncia había que esperar que termine en un juicio penal. "Hicimos todo lo posible, grabamos los testimonios en 2012 y pedimos que haya exhumaciones en la región para buscar a los maridos desaparecidos en la guerra", recordó. Como resultados, hallaron 58 osamentas de las cuales sólo identificaron a tres.

"Es histórico para los países que vivieron guerra y en el marco de la construcción de la paz. Las otras experiencias en las que se juzgó la violencia sexual, por ejemplo en los tribunales de Ruanda se trató de tribunales Ad Hoc, y aquí estamos utilizando el tribunal común de Guatemala", manifestó.

Las mujeres de Sepur Zarco saben que sus testimonios pueden convertirse en un símbolo y que sus voces ya integran parte de la historia del conflicto armado.

Ahora, resta esperar a mañana, cuando dejan firme la sentencia y el tribunal dé a conocer las medidas de reparación.

"Nuestra propuesta incluye la responsabilidad solidaria del estado de Guatemala y pedimos que se garantice la reparación en cuanto a salud, vivienda, tierra, educación, todo lo que ellas no pudieron tener por la afectación del conflicto", advirtió Barrios.

En lo que Chiquin coincidió: "El Estado fue el que cometió la violación porque permitió que ocurra ese crimen de guerra".

El conflicto interno de Guatemala causó, a lo largo de 36 años (1960-1996), al menos 200 mil muertos y 50 mil desaparecidos, según cifras de la ONU.

Fuente: Télam

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