La columna de Mattias Meragelman | 20 de AGOSTO de 2017 | 07:08

En la ciudad de la furia

El cruce en el Concejo Deliberante y el conflicto del transporte público de pasajeros pusieron a la ciudad Capital en el centro de la atención política. 

Los capitalinos siguen atrapados en un sistema de transporte público que no les brinda las respuestas esperadas en materia de servicios, mientras la situación comienza a complicarse cada hora que el Concejo Deliberante no resuelve qué hacer ante el reclamo de la empresa San Francisco de aumento del boleto y la concesionaria suma presión sobre los ediles y el Palacio municipal Juan Ramírez de Velasco.

Todo indicaba que el pasado miércoles se sancionaría el incremento en la tarifa que cobran la concesionaria San Francisco y la estatal Munibus. Sin embargo, pocas horas antes del comienzo de la sesión, el oficialismo ya sabía que no tenía los ocho votos que necesitaba para aprobar la suba.

El mismo miércoles, la empresa había avalado e incentivado una protesta de los trabajadores, que cortaron varias calles de la ciudad y se presentaron en el propio recinto del Concejo Deliberante advirtiendo que en caso de no concretarse el aumento ellos perderían sus puestos de trabajo.

El paredismo no alcanzó los votos necesarios y entonces la concesionaria del servicio anunció la reducción de su servicio en tres líneas y amenazó que si el próximo miércoles no tiene una respuesta favorable, avanzará con la restricción total de los colectivos que circulan por las calles capitalinas.

Este conflicto tiene varias aristas, algunas internas y un solo perjudicado: el usuario.

Actualmente el boleto de colectivos de la ciudad de La Rioja cuesta 8 pesos, una cifra que coloca a la Capital por debajo de la media nacional, que cuesta 9,10 pesos, según los datos publicados en los últimos días por los medios nacionales.

Está claro que la empresa tiene razón que desde el último aumento de la tarifa (en abril de 2016 se llevó de 6 a 8 pesos)  la inflación fue afectando los márgenes de funcionamiento de San Francisco, pero también es real que están solicitando un incremento desmedido.

En la sesión del miércoles se promovía que el boleto pasara a once pesos, ese valor significaría una suba del 37,5% para este año, muy por encima de la tasa inflacionaria que se espera para este 2017 (lleva un 13,3 % acumulado hasta julio según el INDEC) y también sensiblemente superior al 32 % acumulado que se incrementó a los empleados públicos estatales en el mismo periodo de tiempo.

Cabe que aclarar que en su momento, la modificación de la tarifa realizada en abril de 2016 se anunció que era para cubrir toda la inflación de aquel año. Es decir, el aumento pedido en esta oportunidad es para enfrentar la suba de precios de este 2017.

En este sentido, tampoco la pauta de los haberes de los trabajadores de San Francisco creció tanto. En el año 2017 la paritaria de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) determinó un aumento salarial del 21 % y el gasoil lleva un incremento del 15,2 % en lo que va del año, quedando pendiente solamente una suba en octubre próximo.

Todos los valores del sector ponen al pedido realizado por la concesionaria por encima de los números que se modificaron en sus costos, y esa referencia es sin tomar en cuenta los subsidios que se aplican desde el Gobierno nacional y tampoco los que desde la comuna se realizaron hasta julio.

Está claro que mantener una tarifa congelada desde abril del año pasado es mucho tiempo, pero tampoco se puede pasar por alto que la cifra que se está manejando es sensiblemente superior a la variación de costos y que implicaría aumentar los márgenes de ganancia del grupo empresario Igualada.

El oficialismo impulsa el aumento, en parte porque creen que San Francisco no puede seguir funcionando con los números actuales, otro tanto porque también son dueños en el caso de la estatal Munibus y finalmente porque quieren sacarse de encima el aporte financiero que realizaron durante los meses que duró la emergencia del sistema de transporte. 

Los ediles de la oposición juegan a estar y no estar, saben que la suba de la tarifa es necesaria, pero quieren hacer pagar al Gobierno municipal el costo político, al mismo tiempo que la interna entre bederistas y paredistas juega un papel importante en esta pelea.

Por otra parte, no se puede dejar de mencionar los sistemáticos problemas del municipio para controlar el servicio que se presta. Ni en la gestión del ex intendente Ricardo Quintela ni tampoco en la de Alberto Paredes Urquiza, se logró que el sistema funcione correctamente y sin inconvenientes a lo largo del tiempo. El rol de organismo de contralor de la comuna fracasó siempre en esta concesión de transporte.

El servicio está actualmente lejísimos del nivel que conocimos a mediados de 2014 cuando se hicieron cargo de la concesión, y esta semana en Radio La Red el propio Gerente de la empresa reconoció que no están cumpliendo con las frecuencias que el contrato demanda. 

La tarifa debe variar, el proceso inflacionario no deja margen para otra solución. El cuánto debe aumentar es un debate que merecería un compromiso serio por parte de los concejales oficiales y opositores.

En el medio están los usuarios. 

 


La Comisión investigadora creada en el Concejo Deliberante tendrá amplias facultades y un plazo de 60 días para funcionar. 


 

La comisión:
La interpelación por parte del cuerpo de concejales al secretario de Hacienda Municipal, José Martínez, dejó el mismo escenario que existía antes de su visita. Los concejales bederistas dicen que el municipio está mal administrado y el paredismo que se rindió cuentas de todos los recursos.

El dato más significativo que otorgó el paso del titular de Hacienda comunal por el cuerpo deliberativo fue la creación de la Comisión investigadora, que tendrá amplias facultades y un plazo de 60 días para funcionar. Más allá de los números, el Concejo está siendo el escenario de la pelea entre el paredismo y el bederismo.

José Martínez no es solamente el secretario de Hacienda del municipio, es el hombre de mayor confianza de Alberto Paredes Urquiza dentro de la administración municipal y es el dirigente con más peso propio dentro del gabinete.

El paredismo y el bederismo saben que ir contra Martínez es ir contra Paredes Urquiza, y es aquí donde comienza otra historia.

En los próximos meses conceptos como ordenanza, veto y dos tercios del cuerpo, se transformarán en temas habituales en el ámbito de la ciudad Capital. Se viene un proceso más intenso del que estas primeras escaramuzas dejan ver, miércoles de por medio habrá que estar atento a contar cuántos concejales están de un lado y cuántos del otro.

En este sentido, será clave el rol que jugarán los concejales del Pro y del radicalismo, porque de sus posturas dependerá cómo queda el equilibrio de fuerzas dentro del cuerpo deliberativo. En las posiciones de esos cuatro concejales hay mucho en juego en la coyuntura política actual, pero en realidad es mucho más lo que se juega pensando en las alianzas para el año 2019 y dónde terminará ubicado el espacio del intendente Alberto Parades Urquiza.

Ya no hay fábulas, en la ciudad de la furia.  

  

 

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