La columna de Mattias Meragelman | 10 de DICIEMBRE de 2017 | 08:12

Son SAPEM, serán SAU

Las SAPEM dejarán de ser tales y se transformarán en Sociedades Anónimas Unipersonales (SAU) integradas por un único socio: el Estado riojano. Mientras tanto, en el Concejo Deliberante se viene una nueva pelea intensa y con un probable desenlace judicial. 

El 1 de agosto de 2015 entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Ese cambio fue sancionado por el Congreso e incluyó la creación de la figura societaria denominada Sociedad Anónima Unipersonal (SAU).

Esa figura legal permite que tanto las sociedades anónimas como las de responsabilidad limitada,  puedan constituirse con un único socio; se trata de las llamadas “empresas o sociedades unipersonales”.

Ese dato no tuvo mayor relevancia para quienes no somos parte del mundo legal. Pero dos años después, la palabra SAU se comenzará a volver un integrante del imaginario colectivo riojano: las SAPEM cambiarán su figura legal y se transformarán en SAU.

Desde su aparición en la escena pública en los comienzos del primer Gobierno de Luis Beder Herrera, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) contaban con la participación de un socio privado. Generalmente esa intervención implicaba una acción simbólica, con un valor ínfimo ante la magnitud financiera del aporte estatal.

Sin embargo, ese socio privado desaparecerá en los próximos meses, porque la transformación en SAU determinará que las empresas estatales serán 100% de un único dueño: el Estado riojano. No todas las SAPEM fueron modificadas aún, pero varias ya están en proceso de transformación.

Ese cambio de denominación legal parece un dato que no significa nada, pero si se lo piensa en relación a las declaraciones que realizó el Coordinador de las Sociedades del Estado, Hugo Tillar, y al momento económico que vive el país, el análisis es diferente.

“Las SAPEM no fueron constituidas para ganar dinero, hay varias que están en zonas donde la inversión privada no lo genera, y se están haciendo reestructuraciones para que las empresas se autofinancien”, apuntó el funcionario provincial en declaraciones a Radio La Red.

“Nosotros estamos interesados en vender todas las empresas del Estado. Necesitamos consenso político, pero además asegurarnos de que el interesado en comprar una SAPEM, no solamente vaya a pagar el precio justo y adecuado por el valor de sus activos, sino que tiene que asegurarnos que va a mantener la actividad en la zona y los puestos de trabajo”, agregó en otro tramo de la misma nota periodística.

La intención del Gobierno provincial es avanzar en la venta de las empresas estatales y el cambio de figura legal es parte de un proceso que apunta en ese sentido. El Estado provincial venderá todas las SAU cuyas ofertas de compra considere interesantes.

La idea de vender las empresas estatales obedece al cambio de escenario en la economía nacional, porque en la Casa de Gobierno creen que el ajuste de gastos que plantea la Casa Rosada llevará a "afinar mucho el lápiz" en las economías provinciales. Las SAPEM están dentro de los “gastos” que la Provincia pretende "revisar".

En este punto se debe tener en cuenta que algunas SAPEM fueron creadas mediante leyes sancionadas en la Cámara de Diputados provincial, es decir que la Legislatura tendría la última palabra sobre su futuro. ¿Pasará por la Casa de las Leyes la aprobación de las operaciones comerciales? Si eso ocurre sería un gran paso en la búsqueda de una mayor transparencia. 

Más allá de lo que se viene en materia de compras, ventas y permutas, el Gobierno se encuentra ante una realidad más compleja: transformar la imagen pública de las empresas estatales.

El oscurantismo que siempre rodeó a las SAPEM determinó que amplios sectores sociales las vinculen con situaciones irregulares y no con la positiva intervención del Estado en el mercado provincial como una forma de generar empleo. Sin ir más lejos, ahora van a desaparecer los socios privados, socios que nunca se supo ampliamente quiénes son.  

Más allá de que se llamen SAU o SAPEM, la clave es que la sociedad sienta que sabe y que entiende cómo funcionan estos emprendimientos comerciales, para ser más claros, que las vivan como empresas públicas, propias.   

En este sentido, es notable que existen permanentes contradicciones en el tema.

Esta semana la titular de la Colonia Cunícola, Laura Vergara, dijo ante los medios de comunicación que esa empresa iba a cerrarse porque el Estado había dejado de enviar su aporte mensual de 200 mil pesos, mientras que 24 horas después el propio Tillar negó el cierre y aseguró que el Gobierno sigue enviando los recursos.

A una empresa (privada o pública) le puede ir bien o mal, en las leyes del capitalismo se sabe que esas variables existen. El problema con los emprendimientos estatales es que nunca sabemos qué falló, quién se equivocó o acertó y cuánto nos costó a todos nosotros el error o cuánto ganamos en los aciertos.

Les decían SAPEM, ahora les dirán SAU. El problema no será el nombre, sino las prácticas que se desarrollarán con ellas. 

 


Esta semana la ciudad Capital se queda sin Viceintendente. Y la pelea será quién se transformará en el concejal número 16. 


 

Se viene un nuevo capítulo en el Concejo
Esta semana la ciudad Capital se queda sin Viceintendente.

Felipe Álvarez asumirá la banca de diputado provincial para la cual fue electo el 4 de junio de este año y renunciará al cargo para el cual fue votado en fórmula con Alberto Paredes Urquiza el 5 de julio de 2015.

Por estar a menos de dos años de terminar su mandato, la dimisión de Álvarez implicará que los concejales deberán elegir a uno de ellos para que asuma como Viceintendente hasta el 10 de diciembre de 2019.  El edil electo asumirá y deberá renunciar como concejal, provocando una vacante en el cuerpo deliberativo. Ahí empieza el problema.

En el Concejo Deliberante y en el Palacio municipal Juan Ramírez de Velasco todos coinciden políticamente en que la persona indicada para reemplazar a Álvarez es el actual concejal Oscar Luna. Sin embargo, no existe la misma uniformidad sobre quién debe reemplazar al propio Luna.

El bederismo –que cuenta actualmente con ocho concejales- entiende que el lugar de Luna debería ser ocupado por Alfredo Menem, dirigente quintelista que aparecía en la lista que integraba Luna y que se presentó en las ya lejanas elecciones de julio de 2015.  De esa manera, habría nueve representantes del bederismo en un cuerpo con un total de 15.

El paredismo tiene una posición diferente, sostiene que quien debería suplantar a Luna es el actual funcionario del municipio Álvaro Recalde.

El argumento paredista es que la Ley Orgánica Municipal determina que el puesto debe ser cubierto por el orden de mayoría en el momento de la elección, y Recalde había quedado en esa posición aplicando el sistema D’hont en julio de 2015. Es decir, para el sector del intendente Paredes Urquiza Recalde sería el concejal número 16.

Todo indica que esta divergencia terminará en la Justicia, salvo que la interna peronista riojana (que es la eterna dinámica de lo impensado) le encuentre una solución.  

En este momento del texto es interesante reflexionar algo: Recalde era candidato por el radicalismo en 2015 y hoy es funcionario paredista, Luna se postuló por el quintelismo en ese momento y hoy es paredista y Alfredo Menem llegaría por el quintelismo, hoy aliado con el bederismo luego de años de ruidosas peleas.

Cuando la clase dirigente provincial no entiende por qué la sociedad enfrenta una crisis de representación, debería pensar en este tipo de procesos y en los vaivenes que los protagonistas tienen a lo largo de los años.

En el Concejo Deliberante habrá muchos movimientos.

La ordenanza impositiva, el presupuesto municipal 2018, el futuro de la Tasa de alumbrado y la designación de las autoridades del cuerpo son parte de la misma novela, habrá que esperar los nuevos capítulos.   

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