La columna de Mattias Meragelman | 11 de FEBRERO de 2018 | 07:02

Crónica de una muerte anunciada

La muerte del ingresante Garay expuso de la manera más trágica la incapacidad del Estado provincial para manejar la formación de las Fuerzas de Seguridad y es la manifestación de mala práxis en la gestión pública. 

Se define como mala praxis a la responsabilidad profesional por los actos realizados con negligencia. Exactamente esa es la palabra que mejor se aplica a lo ocurrido en la Escuela de Cadetes de la Policía de la Provincia: negligencia.

Una negligencia que comienza en los propios entrenadores, que tiene continuidad en sus superiores y que de ninguna manera excluye de responsabilidad a las autoridades políticas que tienen bajo su órbita a la Policía.

El “entrenamiento” que terminó con 12 ingresantes internados y con la muerte del joven Emanuel Garay, es el resultado de una ausencia de control por parte del poder político sobre las fuerzas de seguridad, y de la incapacidad de los propios organismos policiales de formar a sus miembros en el marco de un Estado de derecho.

En la denuncia que presentaron los familiares de los ingresantes ante la Justicia provincial quedan claros varios puntos y todos remiten a una brutalidad que no amerita interpretaciones.

En el texto que figura en la causa judicial se advierte que: los expusieron durante varias horas a un entrenamiento desmesuarado y bajo una temperatura que rozaba los 40°; el joven Garay cayó al piso como consecuencia del desgaste físico, comenzó a convulsionar y recién varios minutos después se llamó una ambulancia; les prohibieron a los estudiantes ingerir líquidos bajo la amenaza de que tomar agua era igual a pedir la baja de la Escuela de Cadetes y el “entrenamiento” estuvo bajo la guía de estudiantes de años superiores.

Si lo ocurrido el lunes 5 de febrero hubiera sido un hecho aislado, comandado por un grupo de inoperantes que no respondían a ninguna línea de trabajo de sus superiores, se estaría frente a un escenario distinto. Sin embargo, lo sucedido esta semana es una nueva expresión de un proceso que lleva años.

En este sentido, basta recordar que en abril de 2015 estalló en los medios de comunicación la denuncia sobre lo que había ocurrido en la Escuela de la Policía de Chepes, con imágenes de cómo habían quedado los cuerpos de algunos ingresantes luego de una jornada de “entrenamiento”.

En aquel momento, el Jefe de Policía Luis Páez afirmó: “No vamos a maltratar a alguien, pero si tenemos reglas, si vienen a la Policía de la Provincia no van a ser carmelitas descalzas, si quieren ser monjas, que vayan a otro lado”.

Esa afirmación de quien era hasta la muerte de Garay la máxima autoridad de las fuerzas de seguridad en la Provincia, no mereció ninguna reacción por parte del poder político. Y ese silencio oficial envió un claro mensaje hacia dentro y hacia fuera del organismo policial.

No llegamos a esta tragedia en febrero de 2018 de la nada, es la consecuencia de un sistema de formación de las fuerzas de seguridad que parece más vinculado al siglo XIX que al XXI y con un poder político que nunca ejerció el rol que le corresponde.

Esta misma semana, las primeras reacciones del ex secretario de Seguridad Luis Angulo y del propio Comisario Páez también fueron en el mismo sentido. Angulo llegó a mencionar una “exposición prologada al calor” como el principal causante de lo ocurrido, pasando por alto la salvajada a la que fueron sometidos estos jóvenes por parte de sus superiores. 

 


Esta historia tendrá varios carriles en los próximos meses. Habrá una causa penal, una demanda civil y consecuencias políticas. 


 

Esta historia tendrá varios carriles en los próximos meses.

El primero de ellos será la causa penal para determinar quiénes fueron los responsables de lo que ocurrió. En las próximas horas el juez Mario Martínez recibirá la información por parte de los fiscales y deberá ordenar diferentes acciones en el proceso judicial.

La muerte de Garay derivó en que ahora estemos frente a un homicidio, y figuras agravantes como abuso de autoridad y posible abandono de persona serán parte del proceso judicial que se avecina. El fallecimiento del joven agrava todas las calificaciones legales que se pudieron prever en este caso en las primeras horas posteriores al hecho.

El Juzgado intentará determinar quiénes estaban a cargo del entrenamiento y hasta dónde llegan las responsabilidades penales de las autoridades de la propia Escuela de Policía.

Luego vendrá la demanda civil. En Tribunales ya se da como un hecho que el Estado riojano deberá pagar una indemnización millonaria a la familia de Garay y a los cadetes afectados por el accionar desarrollado el lunes pasado en una de sus dependencias.

Finalmente, está la realidad política.

La Casa de las Tejas reaccionó con premura este sábado designando a Alberto Moriconi como Ministro de Gobierno y reemplazando a Angulo y Páez.

Sin embargo, es imposible saber hasta dónde llegará el costo político que el oficialismo “pagará” por esta tragedia, porque el hecho aparece como un nuevo puente que se rompe con las clases medias urbanas que les vienen dando la espalda en los últimos procesos electorales.

Está claro que los instructores de la Escuela de Policía no pretendían matar a los ingresantes, pero no estaban capacitados para la tarea que les asignaron.

Esa incapacidad se expresa en creer que formar un miembro de una fuerza de seguridad es someterlo a vejámenes y excesos que solamente derivan en tragedias como la de esta semana o en funcionarios policiales resentidos con sus superiores.

El problema va más allá, no se trató de cuatro instructores aislados que no entendieron cómo formar a un policía. Para ser más explícitos: los instructores no hicieron nada que no se haya realizado en años anteriores, simplemente que las consecuencias los expusieron de una manera que antes no había ocurrido.

La única forma de que la muerte del joven Garay y las lesiones que sus compañeros sufrieron no sean en vano, sería que el poder político tome conciencia de su rol en este tema.

En ese sentido, el Gobierno anunciará un plan de reformulación de la Escuela de Cadetes. Por estas horas se trabaja intensamente en ese nuevo programa educativo, que estaría listo dentro de un par de semanas y en donde tendrá un rol central el Ministerio de Educación de la Provincia.

Es crucial entender que las fuerzas de seguridad deben estar sometidas a las órdenes del poder civil y el Gobierno provincial actuar en consecuencia, avanzando en una formación acorde a los tiempos que corren. Debemos salir de la lógica de los hechos consumados si pretendemos vivir en una sociedad diferente.

Creer que el problema se reduce a la Policía también sería confundir el árbol con el bosque, son las instituciones oficiales las que están desprestigiadas en la Provincia.

Es que hay una crisis de representación que va desde los organismos de Salud hasta los de Seguridad, y que tiene en la clase dirigente a su mayor expresión. La sociedad riojana perdió la confianza en sus instituciones, y esta semana esa grieta se profundizó.

La democracia no puede ser solamente una palabra declamada, la democracia debe ser un compromiso de todos. La muerte de Garay es una mancha que nuestro sistema político no se podrá borrar.

NUNCA MÁS.  

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