La columna de Mattias Meragelman | 18 de FEBRERO de 2018 | 07:02

Caso Garay, radiografía trágica de lo que somos

La muerte del ingresante a la Escuela de Policía es el producto de un proceso que tiene en el desprecio al funcionamiento normal de la instituciones uno de sus ejes fundamentales. Entre la apatía y el "sentido común" construimos una realidad que necesita modificarse. 

El sentido común es definido sociológicamente como el consenso generalizado que alcanza una sociedad sobre qué es normal y el desarrollo que se espera tengan los hechos. El sentido común funciona como un mecanismo que ordena a la comunidad, porque se sabe qué esperar y que no del comportamiento diario de los miembros de esa sociedad.

Al mismo tiempo, ese proceso incluye el grave riesgo de creer que es normal algo que no lo es, o que son inevitables cosas que se pueden evitar.

El homicidio del ingresante a la Escuela de Policía Emanuel Garay es el reflejo trágico de lo que somos como comunidad, es la expresión más triste de un proceso que tiene múltiples hitos que marcan un sentido común riojano que entiende como normales u obvias situaciones que no lo son.

La semana posterior a su muerte fue el marco para debatir cómo evitar que hechos similares se repitan, pero la clase dirigente, la comunidad y los medios de comunicación seguimos atrapados en un razonamiento de hechos consumados que se equivoca en dónde poner el foco para realmente poder cambiar.

La sociedad riojana ya no cuestiona la existencia del decreto/ley 840. Tenemos un sistema de control del tránsito que se basa en detener sin proceso previo y determinar el tiempo de prisión bajo la arbitrariedad del comisario de turno.

No existe un solo abogado en el país que pueda afirmar que el decreto/ley 840 es constitucional. Sin embargo, lleva casi tres años vigente, todavía la Justicia no se expidió sobre su validez y la cantidad de víctimas fatales no disminuyó.

En La Rioja sigue aplicándose el Código Contravencional de la dictadura militar. A pesar de las idas y vueltas, de numerosos anuncios de modificaciones, hoy en nuestra Provincia está vigente el mismo sistema de contravenciones que cuando gobernaba el genocida Jorge Rafael Videla.     

Nuestra comunidad vive como “normal” que un diputado provincial electo en la Capital el 4 de junio del año pasado todavía no puede asumir porque sus pares creen que no rindió cuentas ante el organismo que ellos consideran correcto. Y también tomamos como natural que cada vez sean más fuertes los rumores que mencionan la posibilidad de que ese mismo grupo de legisladores avance sobre el propio Vicegobernador, Néstor Bosetti, solamente motorizados por la dinámica de la interna peronista.

O el mismo anuncio de que la Escuela de Policía ahora dependerá del Ministerio de Educación, cuando desde el año 1994 aprueba los planes de estudio de esa institución y desde el año 2002 existe un decreto del por entonces gobernador Ángel Maza, que plantea que el organismo queda bajo la órbita de la cartera educativa y que desde hace más de 15 años nunca se implementó en los hechos porque siempre fue la Policía quien controló la formación de los ingresantes.

Se podrían mencionar decenas de situaciones más, como por ejemplo: el helicóptero de la Provincia prestado a una empresa televisiva francesa y la tragedia que sobrevino, el empleado municipal que falleció yendo a arreglar la casa de un funcionario en la Costa o los innumerables hechos de corrupción que se denuncian en los medios de comunicación pero que nunca tienen su correlato en la investigación policial.

Nos hemos acostumbrado a hacer las cosas a la “riojana”, en el peor sentido que a ese adjetivo se le puede dar. Tomamos como correcto, obvio o no discutible un proceso de degradación de las normas y las instituciones que inexorablemente nos conducirá a una tragedia detrás de otra. 

 


El problema está planteado en entender la necesidad de romper esa lógica, salirnos de nuestro "sentido común".  


 

El problema está planteado en entender la necesidad de romper esa lógica, salirnos de nuestro sentido común. Y en este punto hay responsabilidades a discriminar.

La principal es la del Gobierno de la Provincia. Desde el retorno de la democracia gobierna La Rioja el mismo signo político y muchas de las propuestas que hoy plantean son solamente respuestas a problemas que sus propias administraciones generaron.

El oficialismo debe entender la urgencia de cambiar la forma de gestionar el Estado. El apego a las normas debe volverse un paradigma ineludible y no una mera performance que se presenta cada vez que la tragedia nos impacta.

En segundo lugar la oposición, a la cual se le debe reconocer que públicamente marcó muchas veces los problemas institucionales en general y en la formación de las fuerzas de seguridad en particular.

Sin embargo, no pueden dejar de hacerse cargo que son parte de un Gobierno nacional que avala a un policía procesado por hacer abuso de su rol (como es el caso de Chocobar), en un mensaje que cala hondo en la sociedad y que funciona como un respaldo a quienes creen que las fuerzas de seguridad no deben someterse al estado de derecho al momento de ejercer su rol del monopolio de la violencia física.

Finalmente estamos los ciudadanos riojanos. La marcha del miércoles mostró a más de 2.500 personas reclamando en las calles de la ciudad Capital, una cifra muy por encima de la media habitual de este tipo de expresiones populares.

Pero no podemos dejar de mencionar que en los días previos en las redes sociales miles de riojanos expresaron su enojo y malestar, indignación mediática que no tuvo su traslado a la acción.

Esa apatía que nos caracteriza es funcional al poder de turno nacional o provincial, porque en la Casa de Gobierno creían que la movilización sería más numerosa y cuando vieron la cantidad de gente presente en la Plaza respiraron aliviados porque la magnitud del reclamo era mucho menor al que se preveía en las horas previas. 

La muerte de Emanuel Garay es una tragedia que tendrá culpables penales, una demanda económica millonaria contra el Estado, ya tuvo consecuencias políticas con la salida de los funcionarios del área y en la decisión del Gobierno de modificar la formación de las fuerzas de seguridad con un nuevo formato de Escuela de Policía.

Sin embargo, la única forma de que esta tragedia no se repita es que entendamos que fue solamente la punta del iceberg, que dejemos de pensar como sociedad (gobernantes y gobernados) que es normal lo que no lo es.

Si no rompemos esa lógica dentro de un tiempo estaremos nuevamente llorando otra víctima de nuestra propia inoperancia, otra víctima de lo que somos.

   

andina
sidiunlar