La columna de Mattias Meragelman | 25 de FEBRERO de 2018 | 08:02

Boletazo

El aumento del valor del boleto del transporte público golpea directamente a los sectores que menos tienen, mientras que no está claro cuál es la metodología para aplicar el incremento y La Rioja paga una de las tarifas más caras del país. 

Un viejo concejal capitalino solía contar que odiaba el mes de noviembre porque siempre en esa época del año el cuerpo deliberativo debía debatir el incremento de la tarifa del transporte público de la ciudad y el desgaste político ante la sociedad era inevitable. Ese ex edil repetía en aquellos tiempos una especie de mantra: “Hay que hacerlo, no hay forma de evitarlo, pero el tema es cómo”.

En la semana que pasó el oficialismo provincial le dio a la sociedad capitalina una muy mala noticia y de la peor manera: aumentó un 50% el boleto urbano de pasajeros y lo hizo sin ningún aviso previo, los primeros pasajeros que subieron al colectivo el miércoles a las 6.00 se encontraron con una realidad inesperada.

La primera polémica es el monto.

El último incremento de la tarifa se había realizado en abril de 2016, cuando todavía estaba en manos de la Municipalidad la concesión del servicio. En ese mismo periodo de tiempo (abril 2016/enero 2018) la inflación acumulada alcanzó el 58,3%. Es decir, que subieron el valor del boleto un 8% menos que la inflación.

Sin embargo, en ese mismo lapso la empresa concesionaria recibió un subsidio mensual de la Municipalidad de 800 mil pesos hasta julio del año pasado y cuando pasó a manos de la Provincia ese beneficio se extendió a los 2,5 millones de pesos por mes.

A ello debe agregarse el préstamo por 50 millones de pesos que el Banco Rioja (entidad financiera estatal) le otorgó al grupo empresario Igualada para comprar nuevas unidades y los aportes en materia de costo del gasoil que le realiza la Nación.

Para tomar una dimensión y considerando la cantidad de boletos que la propia empresa informó que vende, el Estado le aporta en subsidio provincial casi cinco pesos por cada pasaje a la empresa San Francisco y a ello se le deben sumar los 12 pesos que abona cada ciudadano. Es decir, la empresa está cobrando uno de los pasajes más caros del país.

En lo político nunca un aumento es una buena medida o será bien recibida por la comunidad, pero aplicarlo sin avisar a nadie (varios de los principales funcionarios del Gobierno se enteraron por los medios de comunicación bien entrada la mañana de ese miércoles) expuso a la gestión del gobernador Sergio Casas de una manera innecesaria.

En este punto hay algo que se repite: el peronismo riojano sigue sin entender las características que tiene la política en esta etapa 2.0. Es una situación que se reitera en numerosas medidas del oficialismo provincial: no comprenden que la sociedad de los “me gusta” está atenta a las formas, y a veces la forma se impone sobre el fondo en ciertos sectores sociales. 

El impacto negativo del aumento era inevitable, aplicar la medida sin aviso previo multiplicó exponencialmente el desgaste político que provocó.  

Los propios diputados del oficialismo le plantearon al ministro de Infraestructura,  Juan Velárdez (su área tiene a su cargo el manejo del transporte público y fue la que determinó el incremento), que no conocen la metodología con la cual se llegó al 50% y mucho menos cuales son los costos y ganancias que esta empresa tiene.

En este sentido, el Coordinador del Transporte, Miguel Ángel Asís, dijo que la medida era inevitable por los incrementos nacionales y que el boleto debería llegar a los 19 pesos para cubrir los incrementos que se vivieron en el país

Sin embargo, los ciudadanos seguimos sin saber cuáles son los márgenes de ganancia de una empresa que cuenta con significativos subsidios estatales. 

 


La concesión nunca funcionó plenamente y el rol del Estado como organismo de contralor fracasó. 


 

En este punto del texto también se debe hacer mención a las críticas que la oposición realiza y que marcan una cierta incoherencia.

El intendente Alberto Paredes Urquiza denunció ante los medios de comunicación las cifras siderales que los empresarios del grupo sanjuanino reciben por parte del Estado provincial y nacional, y es cierto lo que afirmó.

Pero no se puede pasar por alto que su gestión se manejó casi en los mismos términos con la empresa concesionaria y que mientras el transporte estuvo bajo la órbita comunal tuvo exactamente las mismas carencias que presenta en la realidad.

En este sentido hay otro dato: nuevamente la estatal Munibús fue discriminada. La empresa de colectivos de la Municipalidad no recibió la autorización para aumentar el valor de su boleto y no recibe subsidios por parte de la Provincia y tampoco de la Nación.

Aquí surge un doble problema: la actual administración municipal fracasó en el manejo de esta empresa y mes a mes su servicio fue empeorando, mientras que la Provincia la está desfinanciando de manera sistemática al no dejarla incrementar el precio del pasaje.

Mientras que “Cambiemos” La Rioja aseguró a través de sus concejales que se trata de un “tarifazo”, que no se conoce la metodología aplicada y que no se tuvo en cuenta la realidad de los sectores que menos tienen.

“Fuerza Cívica Riojana” es parte un Gobierno nacional que se niega a aceptar la cláusula gatillo con respecto a la inflación en las paritarias de los trabajadores, mientras que ese mismo mecanismo si se deja vigente en el incremento que se viene en la tarifa del gas y que golpeará de manera directa a los hogares riojanos en las próximas semanas. La incoherencia es evidente.

En agosto de 2014 los riojanos nos desayunamos con la llegada de la empresa San Francisco. Nos prometieron colectivos con aire acondicionado, garitas en diferentes paradas de la ciudad,  un servicio nocturno, frecuencia cada 12 minutos y un boleto acorde a la realidad de la Provincia que tiene los sueldos más bajos del país.

La concesión pasó por la gestión del ex intendente Ricardo Quintela, del actual jefe comunal Paredes Urquiza y desde septiembre pasado está en manos del Gobierno provincial. La única certeza en ese recorrido de nombres y Gobiernos es que la concesión nunca funcionó plenamente y que el rol del Estado como organismo de contralor fracasó.

En manos de la Provincia, del municipio o del Centro vecinal de cualquier barrio de la ciudad, el problema es el mismo: las empresas siempre buscan maximizar sus ganancias. Y es allí donde el Estado debe aparecer en toda su magnitud como garante de que el ciudadano reciba un servicio acorde a sus necesidades y que no se produzcan abusos o excesos.

En la semana que pasó ese rol estatal se volvió a desdibujar.  

andina
sidiunlar