Nacionales | 13 de MARZO de 2018 | 21:03

Otro pedido de justicia de la familia Maldonado: Buscan que el espionaje que sufrieron no quede impune

El hermano de Santiago Maldonado apeló ante la Cámara Federal la decisión pasarle al juez Guido Otranto la causa por el seguimiento realizado a la familia. Argumentó que la competencia territorial es de los tribunales federales de Capital Federal ya que la orden de espiarlos fue impartida desde el ministerio de Patricia Bullrich.

 

El 11 de mayo estaban en un hotel de la avenida Corrientes, habían participado de un acto en Plaza de Mayo y ya de madrugada, en la habitación de al lado Sergio Maldonado escuchó que alguien leía partes transcriptas exactas del discurso que había dado pocas horas antes su compañera, Andrea Antico. Maldonado relató éste y otros episodios concretos que dan cuenta de que fueron seguidos y espiados mientras buscaban a su hermano Santiago, desaparecido tras la represión a la protesta mapuche en territorio recuperado de Cushamen el 1º de agosto, cuando se cumplía un mes de la detención del lonko Facundo Jones Huala. Fue durante la audiencia en la Cámara Federal adonde apelaron la decisión de la justicia federal porteña de primera instancia que pretende que la causa por el espionaje a él y los suyos sea investigada en el sur, nada menos que por el juez federal de Esquel, Guido Otranto. Ante la mirada atenta del camarista Martín Irurzún, Maldonado contó que en otro viaje estaban “en un lugar adonde ni habíamos hecho reserva con Norita (Cortiñas), nadie podía saberlo, y aparecieron los funcionarios del Ministerio de Seguridad Gerardo Milman y Daniel Barberis, con la excusa de que no podían encontrarme por teléfono”.

En ese momento de la audiencia, su abogada en esta causa, Myriam Bregman, intervino para enfatizar que “éstas personas denunciadas son personal de alto rango del Ministerio de Seguridad por lo tanto la investigación corresponde que siga en esta ciudad”. Maldonado, hermano del joven tatuador que apareció muerto el 17 de octubre en el mismo lugar donde había sido visto por última vez mientras Gendarmería reprimía una protesta por el encarcelamiento de Jones Huala, vive en Bariloche y viajó para ser escuchado por la Sala II del tribunal, que en algunos días debe expedirse sobre este planteo de competencia. Esto es, tiene que decidir si la causa originada por la denuncia que el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) presentó en octubre pasa o no a la justicia federal de Chubut. “Hay hechos y pruebas ya presentadas pero también episodios que vamos a pedir que incorporen, por nuestra parte fuimos víctimas también del espionaje cuando estábamos tomando un café con Sergio (Maldonado) un día a las 9 de la mañana en Esquel y se sentó pegado a nuestra mesa un individuo, pasamos al levantarnos y vimos que en su celular estaba leyendo notas sobre Hebe de Bonafini, fue como si quisieran que nos diéramos cuenta que nos escuchaban”, dijo Bregman a Página/12.

Otranto es el magistrado chubutense que fue apartado del caso Maldonado por su falta de imparcialidad, y es quien permitió durante la primera etapa la injerencia directa del Poder Ejecutivo para proteger a los gendarmes sospechados. El espionaje, realizado en el marco del ya denunciado Proyecto X, consistió en relevar los movimientos de Sergio Maldonado y su compañera Andrea Antico durante las actividades de búsqueda de Santiago, como así también monitorear a referentes como Julio Saquero y Mabel Sánchez, de la APDH, que son querellantes en la causa principal por la desaparición y muerte de Santiago.

Luego de que el juez federal Daniel Rafecas se declarara incompetente, a instancias del dictamen del fiscal Guillermo Marijuán, los representates de Maldonado --Bregman y Matías Aufieri, Liliana Mazea y Carlos Platkowski, del Ceprodh-- apelaron ante la Cámara que la competencia territorial es de los tribunales federales de Capital Federal porque las órdenes de los funcionarios fueron impartidas desde el ministerio que conduce Patricia Bullrich.

Espionaje interior es ilegal

La actividad denunciada salió a la luz en la propia investigación por la desaparición de Santiago, donde quedaron en evidencia decenas de comunicaciones entre el Centro de Reunión de Información de Gendarmería Nacional (emplazado en la ciudad de Neuquén) y Fabián Méndez, jefe del Escuadrón de El Bolsón (Río Negro), en las cuales traficaban información de la actividad de los familiares, organismos, pobladores originarios y manifestantes que en todo el país reclamaban por la aparición de Santiago Maldonado. Ese accionar se desarrolló mediante líneas de telefonía celular con asiento en Buenos Aires y abarcó distintas provincias del país, lo que entraría en contradicción con la disposición que adoptó la justicia federal, a instancias de Marijuan, para que la investigación de estos delitos quede a cargo del juzgado federal de Esquel. El colmo del asunto es que el encargado de investigar esa actividad, incluso facilitada por información filtrada desde su propio juzgado, sería el cuestionado Otranto, quien fuera recusado y apartado de la investigación relativa a la desaparición de Santiago por las numerosas irregularidades cometidas, y la parcialidad y prejuzgamiento que ese magistrado demostró durante los dos primeros de la causa.

Gonzalo Cané, secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas y emisario de Patricia Bullrich en la primera etapa del caso Maldonado, realizó varias maniobras para las que fue destinado al sur del país tras la desaparición de Santiago. Entre ellas, se dedicaba a presentar escritos en la causa solicitando que el peritaje de los celulares se limitara únicamente a la jornada del 1º de agosto, día de la represión de Gendarmería sin orden judicial en Cushamen. De esa manera, Cané buscaba encubrir el espionaje a los sectores que denunciaban al gobierno nacional luego de la desaparición. Lo hacía bajo la sutileza de “preservar el secreto y la confidencialidad que requiere la información concerniente a la seguridad interior”.

Los gendarmes habían elaborado un listado de los viajes de Maldonado, y tras su desaparición se dedicaron a espiar a su familia, a referentes de organismos de derechos humanos y a pobladores que apoyan a las comunidades mapuche. El viernes 4 de agosto, a las 17:30 y con el título “Acontecimiento”, el CRI (Centro de Reunión de Información)de Neuquén informaba sobre una “concentración en Plaza Pagano” de El Bolsón. Y detallaba que los manifestantes “marcharían con destino al escuela 35” pero que “por orden de Maldonado (Sergio) se reorganizan y se dirigen a la casa del jefe de escuadrón 35 sita sobre la calle 25 de mayo”. Tres días después, el lunes 7, otro mensaje recibido en el celular de Méndez decía “Andrea Antico y Sergio Maldonado van a estar en el Centro Cívico. Son matrimonio” (sic).

Así como en su momento en la causa principal se presentó en forma espontánea el gendarme Emmanuel Echazú y quedó imputado, lo mismo sucedió en este expediente con Cané. Esto les permite, más allá de que luego terminen procesados o absueltos, el acceso a las investigaciones.Por otra parte, además de elevar a juicio a los mapuches acusados por la represión a la supuesta interrupción del tren La Trochita y de instruir todas los procesos que criminalizaron a los principales testigos del caso Maldonado, Otranto avanzó varios casilleros en sus aspiraciones profesionales, dado que se conformó la terna en el Consejo de la Magistratura para evaluar su posible ascenso a un tribunal oral y este juez quedó en primer lugar.

Fuente: Página12

andina
sidiunlar