La columna de Mattias Meragelman | 18 de MARZO de 2018 | 07:03

La política judicializada

El conflicto en el Concejo Deliberante suma elementos semana a semana, con el agravante de que la judicialización se apodera de la política y el municipio cree que es el comienzo de un proceso destituyente.

Uno de los elementos centrales del sistema republicano de Gobierno es la existencia de la igualdad jurídica. Es decir, la concepción de que todos somos iguales ante las normas y que las mismas se aplican sin importar quién es el protagonista del hecho judicializado.

Ese principio es la base del estado de derecho y conlleva un dato sociológico no menor: los ciudadanos creemos en la Justicia porque es nuestra garantía de que se aplicarán castigos a aquellos individuos que no respeten las leyes establecidas, al mismo tiempo que existirán garantías constitucionales de que el Estado no se exceda en ese rol.

Si esa confianza en la Justicia como organismo reparador de las injusticias se rompe, estamos en un grave problema, porque la crisis de representación no solamente se aplica a quienes ocupan cargos ejecutivos y deben resolver nuestros problemas cotidianos, sino que se extiende a quienes son la garantía final de lo justo.

El conflicto en el Concejo Deliberante de la Capital es el reflejo de esta crisis de representación, de dejar de creer en el Poder Judicial como la última reserva de certeza y empezar a tomarlo como una herramienta más de la interna del oficialismo.

En el Concejo Deliberante hay un problema actual y uno más grande a futuro.

El conflicto actual es que cuando Oscar Luna renunció como concejal para asumir como Viceintendente, dejó vacante una banca que fue reclamada ante la Justicia electoral por tres dirigentes que fueron candidatos a concejales en el año 2015: Alfredo Menem (quintelista/bederista); Álvaro Recalde (radical/paredista) y Cristina Orquera (vecinalista/paredista).

El martes al mediodía, la Justicia Electoral resolvió que ese escaño correspondía a Menem porque el dirigente ocupaba el tercer lugar en la lista del espacio “Podemos”, que llevaba como primer candidato a concejal a Oscar Luna y postulaba para la intendencia a Hugo Vera en las elecciones de 2015. 

El principal argumento judicial para resolver de esa manera fue que las bancas son de los partidos políticos y que se debía seguir el orden de la lista para ocupar los cargos correspondientes. Tal como se había hecho con los casos de los ex concejales Aleua y Cabrera.

En ese contexto, un grupo de vecinalistas -comandado por la propia dirigente Cristina Orquera- determinó tomar el recinto deliberativo porque entendían que en este caso se aplica un criterio diferente al mencionado por la Justicia y que se debía repartir la banca usando el orden de mayoría. Esa toma se depuso el viernes al mediodía, cuando aceptaron avanzar en el terreno judicial y liberar el recinto de la calle San Martín.

Este conflicto actual es la primera etapa de uno posterior y que será todavía más grave en sus consecuencias institucionales.

El Viceintendente Oscar Luna se encuentra denunciado ante la Justicia por supuestamente haber usurpado el segundo cargo en la línea de sucesión municipal. La denuncia es que Luna no debería haber jurado como Vice, sino continuar como concejal y asumir como vicepresidente primero del cuerpo a cargo de la viceintendencia.

El propio presidente del Tribunal Electoral y miembro del Tribunal Superior de Justicia, Mario Pagotto, dijo esta semana en Radio La Red: “Los cargos de Intendente y Vice se eligen por voto popular, y según mi criterio, debería haber asumido el vicepresidente primero a cargo de la viceintendencia, pero acá están siguiendo una vieja tradición de un antiguo gobernador, que cuando falleció Cavero se apropiaron del cargo y aunque en la práctica resultara igual, el origen y la legitimación del cargo no es la misma, eso genera distintos grados de responsabilidad” explicó el funcionario judicial”.

Ese criterio no solamente lo tiene Pagotto, lo comparten varios integrantes del Poder judicial y en Tribunales cada vez toma más cuerpo el rumor que habla de la posibilidad de avanzar en ese tema.

Los problemas del paredismo en el recinto no terminan allí, porque la concejal Alcira Brizuela (quintelista/bederista) denunció a su par Andrés Cejas (ambientalista/paredista)  por agresión verbal, y el tema ya está en manos de la Justicia, con una posibilidad cierta de que existan sobre el cuerpo de ediles presiones internas y externas para que tome alguna medida.

 


Los dirigentes políticos eligen creer o descreer de los fallos judiciales de acuerdo al lugar del mostrador que les toca ocupar.


 

Desde el Paredismo no creen en casualidades, y todo lo que viene ocurriendo tiene para ellos una sola explicación: el enfrentamiento que mantienen con el diputado nacional Luis Beder Herrera.

En la puerta del Concejo Deliberante tomado brindaron una conferencia de prensa en la cual el secretario de Hacienda comunal, José Martínez, usó los más duros términos para describir el proceso que están viviendo y en denunciar al Poder Judicial como una herramienta del poder político del bederismo.

Martínez es desde hace tiempo el hombre fuerte del gabinete municipal y quien mejor refleja el pensamiento del Jefe comunal. “Hay un plan para destituir al Intendente”, aseguró taxativamente. Si Martínez lo dijo es porque Paredes Urquiza piensa lo mismo.

Desde hace un par de semanas el paredismo ya no solamente apunta a Luis Beder Herrera en sus críticas, sino que sumó al gobernador Sergio Casas. Esa decisión discursiva esconde algunos elementos políticos.

El primero es que la oposición quiere dejar de diferenciar el tándem Casas/Herrera. “Esa estrategia victimiza a Casas y lo excluye de los aspectos negativos de la gestión, tenemos que dejar claro que el Gobernador es parte del esquema de poder que estamos denunciando”,  aseguran en el Palacio municipal.

En el mismo sentido, hay un dato a futuro: si Beder Herrera no es candidato, el paredismo no quiere que nuevamente aparezca la idea de un sucesor con una imagen no horadada por los años de gestión del oficialismo y que solamente Beder Herrera sea el responsable de los problemas de la Provincia. No les gusta que se instale –como ocurrió en el año 2015- la idea de una renovación del peronismo con un heredero político que en realidad solamente disimule el poder del actual diputado nacional y presidente del Partido Justicialista.

En el fondo de esta pelea hay un dato central: la independencia del Poder Judicial.

El quintelismo pasó años denunciando que los fallos judiciales los perjudicaban y que la razón no era jurídica, sino que el motivo era su enfrentamiento con el Gobierno provincial de turno. Mientras ello ocurría, el paredismo guardaba un silencio atroz y nunca se expresó sobre el tema. Hoy el escenario es exactamente el inverso.

Ahora el sector del ex Intendente habla de un fallo ejemplar, mientras que el Palacio municipal denuncia un proceso destituyente que tendría como cómplices a los propios miembros de los Tribunales riojanos.

No se puede ser inocente en la lectura de la realidad política/judicial riojana.

Desde el retorno de la democracia la Justicia provincial nunca falló en contra del poder político provincial en un tema relevante y las condenas conocidas públicamente por hechos de corrupción no superan los tres casos. Esos datos potencian el descreimiento de la sociedad riojana sobre el funcionamiento del Poder Judicial.

En paralelo, los dirigentes políticos eligen creer o descreer de los fallos judiciales de acuerdo al lugar del mostrador que les toca ocupar y descubren el mal funcionamiento del sistema judicial solamente cuando dejan de ser oficialistas. Entonces la legitimidad de los Tribunales riojanos se ve horada por cada conflicto político que se termina judicializando. 

Hace más de cuatro décadas María Elena Walsh le escribía a la Justicia argentina. En aquel hermoso texto la escritora le pedía al Poder Judicial que se quite las vendas y vea cuánta mentira la rodeaba, 40 años después la letra del poema sigue vigente.

andina
sidiunlar