Nacionales | 15 de ABRIL de 2018 | 15:04

Oferta oficial para mover la oficina de las escuchas

Garavano le propusoa Lorenzetti devolverlas a la Procuración

En medio del escándalo por la filtración de escuchas telefónicas, el gobierno de Mauricio Macri le ofreció al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que si el tribunal no quiere seguir administrando la polémica oficina de escuchas esta podría volver a la Procuración General de la Nacion, que dirige interinamente Eduardo Casal.

Según pudo saber LA NACION, esa fue una gestión reservada del ministro de Justicia, Germán Garavano. "El mensaje a la Corte fue tranquilizador; si no la quieren, que lo comuniquen y vuelve al Ministerio Público". Pero Lorenzetti aún no contestó nada sobre la propuesta.

El titular de la Corte no quiere desprenderse de la Dirección General de Interceptación y Captación de las Comunicaciones, único órgano del Estado que puede pinchar teléfonos por orden judicial. Ello le confiere a Lorenzetti un alto grado de control y poder sobre las causas judiciales.

Un juez supremo, Horacio Rosatti, había deslizado en declaraciones recientes que esa oficina podría volver a la Procuración o transformarse en un ente autónomo. Cerca de Lorenzetti lo desestimaron.

Macri le traspasó esa oficina a la Corte por decreto el 29 de diciembre de 2015. La expresidenta Cristina Kirchner la había transferido en enero de ese año a la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó y la había sacado de la ex-SIDE, en la que había dejado de confiar.

El traspaso al Ministerio Público sería beneficioso para Macri porque el actual procurador interino, Casal, le resulta confiable. Además espera que el Senado apruebe en plazo razonable a Inés Weinberg de Roca.

El caso tomó temperatura desde que se filtraron públicamente conversaciones telefónicas privadas entre Cristina Kirchner y su exjefe de la AFI Oscar Parrilli, obtenidas en una causa judicial. Los diputados del oficialismo y del kirchnerismo pidieron informes a la Corte y esta le requirió explicaciones a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El director de la AFI, Gustavo Arribas, y la subdirectora, Silvia Majdalani, fueron respaldados por Macri aunque se indignaron por la acusación.

"Los dos están totalmente firmes", señalaron altas fuentes del Gobierno. Y Garavano le hizo la oferta a Lorenzetti para devolver la oficina.

El conflicto generó una tensión bajo los pies de Macri. Su socia, diputada y jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ampliará el juicio político a Lorenzetti: lo acusa de montar una estructura de inteligencia paralela: ampliar la oficina de escuchas, duplicar personal, comprar tecnología y crear una inusual dirección de delitos complejos (ver página 11).

Pese a que no lo dicen, Arribas, Majdalani y el Gobierno coinciden con Carrió. Una AFI paralela excede las atribuciones de la Corte, viola la ley de inteligencia y violenta las garantías constitucionales. Se indignaron además con la apertura reciente de esa oficina al periodismo. Se vieron por televisión imágenes de agentes secretos y de números de teléfono que se están interviniendo en este momento en la causa de pedofilia en el club Independiente.

En el Gobierno algunos consideran que, con una AFI que respeta la ley, las escuchas deberían volver a la AFI como era con la ex-SIDE. "Fue una bestialidad, violó la ley de inteligencia. La Corte le mostró al país los teléfonos que se están interviniendo hoy", dijo un alto funcionario.

El Senado hizo un aporte a la confusión general. El miércoles último, la Comisión de Justicia emitió un dictamen de proyecto de ley que ratifica que la oficina quedaría bajo la órbita de la Corte. Es lo que quiere Lorenzetti. Garavano negocia con el titular de la Corte la convivencia entre poderes. Pero el núcleo duro de Macri desconfía de Lorenzetti, en sintonía con Carrió. Halcones y palomas. Sin embargo, Macri y su gobierno no apoyarán por ahora a Carrió en la ampliación del juicio político.

Fuente: La Nación

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