La columna de Mattias Meragelman | 29 de ABRIL de 2018 | 07:04

¿A quién le echarán la culpa?

El Gobierno confirmó esta semana que el segundo aumento a los estatales será del 7%, llegando a un total anual del 15%. El proceso económico que vive el país marca una profunda pérdida de poder adquisitivo de los sectores asalariados, con responsabilidades provinciales y nacionales en pugna que determinarán las consecuencias políticas.

Corría junio de 2008 y el conflicto entre el campo y el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández estaba en su punto más alto. En una extensa mesa de café y ante la magnitud que el bloqueo de las rutas nacionales tomaba, un dirigente peronista no kirchnerista afirmó: “Es muy fácil saber como termina este tema, cuando la gente vea la góndolas vacías en los súper y no pueda cargar nafta, a quién le va a echar la culpa: a Cristina o al Campo”. La respuesta mayoritaria de quienes estábamos ahí fue al Gobierno, entonces se levantó de la mesa y mientras se iba caminando muy despacio nos dijo: “Entonces ya saben quién gana y quién pierde en este conflicto”.

El primer cuatrimestre del año 2018 cierra con una certeza: la situación económica empeoró.

El análisis se sustenta en varios elementos, pero el más significativo es la inflación y la pérdida de poder adquisitivo que se viene profundizando. La semana que cerró con el aumento del dólar y la necesidad del Banco Central de vender casi el 2% de sus reservas para poder frenar la presión sobre la moneda extranjera, solamente vino a generar más dudas. 

Por otra parte, el Gobierno provincial confirmó esta semana a través del Ministro de Hacienda, Ricardo Guerra, que el segundo aumento salarial a los estatales será del 7%, que sumado al 8% que otorgó en el mes de marzo, completará un 15% anual.

El funcionario provincial encargado de las cuentas públicas dijo que tendrán en cuenta el proceso inflacionario, pero remarcó que existe una pauta nacional que llega al 15%, que el 95% de los recursos que arriban desde el Estado federal se gastan en salarios y que no pueden brindar un incremento que no podrían garantizar en el tiempo.  

Todo indica que los trabajadores estatales este año nuevamente perderán capacidad de compra de la mano de la inflación y de la suba salarial que determina la Provincia. En este sentido, ningún economista ya toma como cierta la pauta de inflación del 15% que estableció la Nación y todos destacan que el 6,7% acumulado solamente en el primer trimestre ya determina que esa cifra no es real.

A ello se pueden sumar ejemplos concretos de la economía riojana donde los aumentos superan ampliamente ese porcentaje: el transporte urbano de pasajeros incrementó su valor un 50% este año, la energía eléctrica lleva un acumulado del 40% en 2018 y la tarifa del agua aumentará en el primer semestre en La Rioja un total del 60%. Todo muy por encima del 15% ya mencionado y con el agravante que en estos casos el Estado tiene el rol de dueño o concesionante del servicio.

Los salarios estatales están perdiendo poder de compra y lo que se vive en este 2018 viene a confirmar un proceso de vieja data.

Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2017 (periodo de gobierno del presidente Mauricio Macri en el país y del gobernador Sergio Casas en la Provincia), el índice de precios se incrementó un 75% y en el mismo lapso de tiempo los sueldos de los empleados públicos riojanos crecieron un 64%. Es decir, 9 puntos porcentuales menos. Este año esa realidad se profundizará.

 

 


Existen responsabilidades compartidas en este proceso y la pugna entre ellas tendrá consecuencias en el próximo escenario político. 


 

Existen responsabilidades compartidas en este proceso.

El Gobierno nacional no resolvió el problema de la inflación que heredó de la gestión kirchnerista y le agregó nuevos elementos que no estaban en la agenda económica del país.

La salida del cepo cambiario terminó provocando una devaluación de la moneda que supera ampliamente el 150% en relación con el dólar oficial de aquel momento, porque liberar la venta de la manera que se concretó generó una presión extra sobre la moneda extranjera; el tarifazo impactó en los sectores productivos y en los residenciales provocando una profunda retracción del consumo y el cierre de numerosos emprendimientos comerciales; implementaron una política de endeudamiento que condicionará a las futuras administraciones y la disminución de la presencia del Estado en la economía generó en provincias como La Rioja una baja en los ingresos del circuito económico muy significativa.

Sin embargo, no se puede creer que solamente dos años de macrismo nos llevan a esta realidad: el peronismo gobierna hace más de 30 años en La Rioja. Tres décadas en las cuales nunca supieron cómo transformar la economía provincial y salir de la dependencia de los recursos nacionales.  

Las sucesivas gestiones de gobierno nos encuentran con profesionales de la salud que se reciben en las universidades y huyen de la Provincia porque no les conviene trabajar en La Rioja; somos el territorio provincial donde menos autos 0km se venden en el país; las SAPEM no provocaron la transformación del sector privado que se prometió, hoy el empleo en el sector público duplica al privado y estamos entre los peores salarios estatales de Argentina.

La economía provincial riojana sufre el impacto de los problemas nacionales y los potencia por sus propias características. Tiempo de Gobierno al peronismo no le faltó.   

En ese escenario económico y a un año de las elecciones para elegir gobernador, se impone la pregunta política: ¿A quién le van a echar la culpa los riojanos?

El sociólogo alemán Max Weber dedicó gran parte de su obra a tratar de entender el fenómeno de la legitimidad, la credibilidad de los gobernados en sus gobernantes.

Uno de sus principales planteos fue que la adhesión de los ciudadanos a un líder o un gobernante se relaciona de manera directa con el ejercicio y los resultados de las acciones de Gobierno. Es decir, los gobernados mantienen su respaldo a una gestión en la medida que esa administración responde con sus decisiones y acciones a las principales demandas que esa comunidad tiene.

La capacidad de representación se mide en si la ciudadanía se siente identificada con las acciones que toma el Gobierno para solucionar sus problemas o defender los intereses de los ciudadanos.

Desde hace meses las encuestas que manejan en la Casa de Gobierno de La Rioja dicen que a los riojanos le preocupan principalmente los precios de los productos y el nivel de sus salarios, dos temas que son de una implicancia netamente económica. Las encuestas de los medios nacionales manifiestan lo mismo, con el tema seguridad como un elemento también ponderado por los ciudadados y que se repite en las mediciones nacionales y provinciales.

La propia ministra de desarrollo social, Griselda Herrera, dijo esta semana en Radio La Red que la situación social en la Provincia se está agravando y que tienen demandas alimentarias que no existían en el pasado. La Iglesia riojana viene denunciando esta situación desde hace meses. 

La dirigencia política provincial está atrapada en la discusión de los nombres. El senador nacional Julio Martínez o el intendente Alberto Paredes Urquiza en el caso de “Cambiemos”, y en el peronismo la lista incluye al diputado nacional Luis Beder Herrera, al legislador provincial Marcelo del Moral, al ministro Juan Luna, a la intendenta Silvia Gaitán, el diputado provincial Ricardo Quintela y a su par Teresita Madera.

Sin embargo, quizás la definición pase por otro lado. A lo mejor deberían pensar que si la situación económica sigue en el mismo camino de deterioro de calidad de vida de los asalariados, la discusión no sea a quién van a votar los riojanos sino a quién le echan la culpa.

    

andina
sidiunlar