Los salarios suben por la escalera y los precios por el ascensor
La columna de Mattias Meragelman | 27 de MAYO de 2018 | 07:05

Los salarios suben por la escalera y los precios por el ascensor

La escalada inflacionaria incluyó esta semana a los taxis y se confirmó la suba del pan, el total acumulado del incremento de precios de los cuatro primeros meses del año llega al 10,2%. El peligro de que lo ocurrido con los vecinos del 1° de diciembre no sea un hecho aislado.

La economía es una ciencia social -que más allá de los componentes matemáticos que la integran- tiene un elemento central en las expectativas. Es decir, el comportamiento que la sociedad espera que los hechos tendrán en los próximos meses es un punto clave para entender cómo se desarrollará el sistema económico nacional.

El gobierno del presidente Mauricio Macri no pudo en estos 29 meses de gestión romper la expectativa inflacionaria e inclusive la profundizó de la mano de los tarifazos en los principales servicios públicos que usan los argentinos. La comunidad no cree que la inflación esté bajando y mucho menos que vaya a disminuir en los próximos años, como afirman desde la Casa Rosada.

Ese proceso de contradicción con los anuncios oficiales no es casual.

Esta semana se confirmó que el pan llegó a los 55 pesos por kilo en La Rioja, mientras que el servicio de taxis y remises tuvo un incremento del 20%, que sumado al otorgado en noviembre pasado acumula un 30% en seis meses.

Mientras que el propio INDEC publicó que en los primeros cuatro meses del año la inflación acumulada en La Rioja llega al 10,2%. Y sólo por puntualizar algunos casos, se puede decir que según los datos oficiales en el último año en la Provincia los alimentos subieron un 19,8% y los servicios públicos un 51,2%.

Este repaso de cifras de aumentos generalizados se debe relacionar con el principal problema de este escenario: los salarios no tienen esa capacidad de suba y la pérdida de poder adquisitivo crece mes a mes.

El Gobierno riojano tiene una grilla salarial que suma entre empleados de planta permanente y precarizados un total de 85 mil trabajadores que perciben haberes del Estado, siendo el principal empleador de la economía provincial.

La pauta salarial del 15% de mejora anual que anunció la gestión de Sergio Casas para esos trabajadores (los de planta, porque los precarizados tendrán un incremento menor) ya quedó absolutamente desactualizada por este aumento generalizado de precios y ese fenómeno de pérdida de capacidad de compra de la principal masa salarial de la Provincia se traslada al circuito económico local.

No es difícil pensar que mientras la relación entre precios y salarios continúe siendo perjudicial para los trabajadores las ventas seguirán bajando.

Lo expuso con claridad el presidente del Centro de Propietarios de Taxis, Fernando López. En diálogo con Radio La Red el empresario afirmó que el incremento de tarifas para el sector es “un salavavidas de plomo”, porque habrá menos viajes y recaudarán solamente lo necesario para cubrirse de la inflación por un tiempo. El nivel de actividad económica sigue bajando, a tal punto que López advirtió que "algunos taxistas ya no salen a la calle con sus autos porque lo recaudado no les alcanza para hacer el mantenimiento de sus vehículos".

En el equipo económico que encabeza el ministro Ricardo Guerra aseguran que no pueden salirse de la pauta del 15% porque no podrían “solicitar más recursos en la Nación” si no cumplen con la cifra que la Casa Rosada anunció en aquel lejano diciembre de 2017.

Es interesante también reflexionar sobre el rol de los sindicatos estatales en esta historia y su poder de representación. 

El conflicto de los trabajadores de la salud mostró unidos a gremios que hacía años tenían las relaciones gremiales rotas. Esa unidad no fue producto del surgimiento de repentinos afectos entre la dirigencia, sino el resultado del malestar que existe y que permitió la tercera medida de medida de fuerza consecutiva con un altísimo nivel de acatamiento.

Por ahora el resto de los gremios estatales no logran canalizar ese enojo, pero ese proceso quizás podría estar más vinculado a la falta de legitimidad que su accionar de los últimos años viene generando entre los propios empleados públicos, que desde hace años no se sienten representados por esas conducciones sindicales.

El panorama económico hacia el futuro es complicado.

La semana que pasó el periodista Marcelo Bonelli publicó en su columna económica del diario Clarín que el Fondo Monetario Internacional (FMI) solicitó que en los próximos dos años el Gobierno nacional realice un ajuste mayor al planteado originalmente.

“La Casa Rosada aplicará un recorte fiscal adicional al previsto. Será del orden de los 200.000 millones de pesos: unos 8.000 millones de dólares que Mauricio Macri deberá podar del Presupuesto bianual (2018-2019) para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La cifra surge de las nuevas metas fiscales que reclaman los técnicos del FMI: serían de un desequilibrio para este año del 2,5% del PBI y para el próximo, 1,5%. Ambas metas son un poco más exigentes que las que pretende negociar la Casa Rosada”, aseguró el analista económico.

Un recorte de esa magnitud –que se suma al ya anunciado para este año de 30 mil millones de pesos en obras públicas- implica un achicamiento de la economía e indudablemente la llegada de menos recursos a las provincias. Si se toma en cuenta que el 95% de los ingresos que recibe La Rioja de la Nación se destinan a sueldos, la situación es grave. 

Juan Domingo Perón dijo hace más de cuatro décadas que cuando los precios van por el ascensor y los salarios por la escalera se está en un problema. La realidad de los últimos meses le da la razón. 

 


Lo ocurrido con los vecinos del 1° de diciembre sorprendió por la represión policial y también por el nivel de virulencia de los manifestantes. Hay un clima enrarecido.


 

Represión y situación social:
La represión que la Policía de la Provincia ejerció sobre los vecinos del asentamiento 1° de diciembre puede ser interpretada de muchas maneras, pero la más urgente es comprenderla en clave social.

Las fuerzas de seguridad se sorprendieron por el nivel de virulencia de los manifestantes (inclusive varios agentes tuvieron que ser atendidos en el Hospital Enrique Vera Barros) y por las expresiones de odio que muchos vecinos verbalizaban hacia la policía y la dirigencia política. Ese nivel de agresión en un reclamo callejero no es habitual en La Rioja y expone un clima social enrarecido.

En este punto se debe hacer una aclaración: el Estado solamente tiene que reprimir como última alternativa y siempre bajo la aplicación de las garantías constitucionales vigentes. En el accionar observado en la avenida Perón la semana pasada se vieron situaciones de excesos que no se pueden volver a repetir y que deberían ser investigados.  

Por otra parte, a pocas horas de que se hiciera pública su salida de la conducción de la Iglesia de La Rioja, el Obispo Marcelo Colombo dijo que uno de los comedores sociales que tiene la institución pasó de 200 a 1200 viandas de comida diarias en dos años. Cifra que el prelado sumó a su advertencia sobre que muchos riojanos se están yendo a dormir luego de cenar "solamente un mate cocido".

Para tratar de entender un poco más el momento social que se vive, también se puede mencionar que fue una semana en la cual se repitieron los hechos de vecinos capturando a ladrones y entregándoselos a la policía minutos después. En un accionar que expresa el hartazgo con el tema inseguridad y también el peligroso crecimiento del fenómeno de la Justicia por mano propia.  

Pasó desapercibido en el barrullo mediático de los últimos días, pero el periodista del diario La Nación, Carlos Pagni, publicó que el Gobierno nacional está analizando que las fuerzas de seguridad intervengan en la seguridad callejera. El dato -que rompería con lo establecido por la democracia argentina luego del genocidio de la década del ’70- esconde un costado social y político.

El propio Pagni escribió: “¿No será que el Gobierno está pensando en una mega recesión que implica reprimir más duramente? Honestamente no es eso lo que inspira al Gobierno, pero esta noticia de transferir personal militar para tareas de seguridad, en este contexto, luce como un Gobierno que se prepara para ser más duro”.

Se vive un momento social muy complejo desde lo económico, que se ve profundizado con una profunda crisis de representación y sin que existan muchos referentes sociales e institucionales que sirvan como dique de contención al malestar social. 

La falta de credibilidad que afecta a la clase dirigente, la policía, los medios de comunicación y a las instituciones en general, es un marco que hace todavía más preocupante la realidad que nos toca vivir.   

andina
sidiunlar