La columna de Mattias Meragelman | 23 de JUNIO de 2018 | 21:06

Teléfono descompuesto

Los audios que se hicieron públicos en los últimos días exponen supuestos hechos de corrupción de mucha gravedad. Mientras el casismo comienza a controlar la Cámara de Diputados y tuvo un importante gesto económico con el municipio de la Capital.

La historia política riojana tuvo en los últimos años numerosos hechos que implicaron supuestos actos ilegales cometidos en la función pública, pero que finalmente nunca tuvieron su correlato judicial. El dato concreto es que no existe en La Rioja ningún funcionario o ex funcionario provincial o municipal que se encuentre condenado judicialmente por un hecho de corrupción.

Se podría mencionar: la denuncia por el tema de las becas en la gestión de Diego Ayán en Juventud, la causa de las ONG y la visita de la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso que nunca ocurrió, las empresas constructoras de viviendas cuestionadas durante la gestión de Ángel Maza o las faltas de rendiciones de cuentas de numerosos municipios del interior en los últimos años.  Sólo por nombrar algunos casos.

Ese recorrido histórico sumó esta semana un nuevo hito con la viralización del audio en el cual el ex subsecretario de la Juventud, Juan Del Moral, dialoga con la ex Promotora de Voluntariado Joven Gabriela Brizuela y en esa charla surgen la denuncia de numerosos hechos que podrían encuadrarse con facilidad en varios artículos del Código Penal argentino.   

La conversación gira en torno a la no rendición de cuentas de fondos públicos, el supuesto desvío del pago de becas, la posibilidad de que hayan existido facturas truchas creadas para justificar gastos inexistentes y hasta el financiamiento de viajes de dirigentes políticos con recursos del Estado. El diálogo menciona por nombres y apodos a numerosos dirigentes de la Juventud, y agrega al por entonces secretario de Gobierno, Diego Mazzuchelli.

Mientras que en la entrevista periodística que mantuvo con Radio “La 24”, la propia Brizuela aseguró: “Es real lo del sobre que se le cayó a la contadora y ella dijo esta coima va al Tribunal de Cuenta a una persona pero no recuerdo a quién”. Es decir, incorporó en su denuncia mediática al organismo encargado de controlar los fondos públicos que debía manejar Juventud. 

El estado público del contenido de la conversación derivó en la decisión de la Juventud Radical de presentar una denuncia. Por otra parte, también hizo lo mismo el abogado Nicolás Azcurra, quien remarcó en diálogo con Radio La Red que le pidió a los fiscales que investiguen si existieron los delitos de encubrimiento, peculado y malversación de fondos públicos, aunque precisó que podrían darse otras calificaciones.  "También existen diferentes niveles de responsabilidades", agregó.

Ese mismo martes, a menos de 24 horas de hacerse público el audio, el Gobierno provincial desplazó a Del Moral y el jueves por la noche hizo lo propio con el secretario de Gobierno Diego Mazzuchelli.

Sin embargo, el escándalo de los audios no terminó allí.

El viernes por la noche comenzó a viralizarse un video en el cual la ex titular de Tierras, Margarita Muñoz, explica que su salida del cargo se relaciona con una disputa con el ex titular del área Ariel Puy Soria y sugiere que en ese organismo también se habrían cometido hechos de corrupción.

La guerra de los audios y los carpetazos recién comienza, tendrá varios capítulos más. 

Entre ediciones e internas
No hay ninguna duda que el audio de Del Moral y su ex funcionaria o el de la ex titular de Tierras fueron editados y su viralización no fue casual, fue intencional.

No debe el lector ser inocente y tiene que vincular estas acciones de manera directa con la interna que el Gobierno provincial vive después de la decisión del gobernador, Sergio Casas, de alejarse de su mentor político el diputado nacional Luis Beder Herrera.

El audio de Del Moral se llevó puesto al propio funcionario y a Mazzuchelli, dos hombres directamente relacionados con el bederismo más puro, mientras que en el caso de Tierras quien sale perjudicado es Puy Soria, quien se ha transformado en las últimas semanas en uno de los tres hombres con más peso y llegada directa al gobernador de la provincia Sergio Casas.

Sin embargo, el análisis debe intentar ir un poco más allá, salirse de la interna e indagar en la relación que la sociedad riojana tiene con su clase dirigente.

Si la dirigencia política riojana cree que la comunidad distingue cuál funcionario es bederista y cual casista al momento de escuchar los audios, está cometiendo un error de percepción y un distanciamiento de la realidad que es preocupante.

Estos videos solamente vienen a profundizar los prejuicios que la mayoría de los riojanos tienen sobre sus dirigentes, a profundizar la sospecha de que existen hechos de corrupción generalizada y a dejar en evidencia que el manejo de los fondos públicos debería por lo menos ser motivo de investigación.

Y en este último punto aparece la clave de este proceso: la única forma de que estas denuncias no sean un elemento más que agrave la crisis de representación que vive la Provincia (y especialmente el peronismo) es que la Justicia investigue.

Más allá de Puy Soria, Del Moral, Múñoz, la "Chivi" o el funcionario de turno que sea, quien debe tomar cartas en el asunto y hacerse cargo de su rol es el Poder Judicial. Solamente una investigación clara, ecuánime y especialmente distanciada de las internas partidarias del Gobierno de turno sería el comienzo de una recomposición de la relación entre gobernantes y gobernados.

Si esta causa pasa a formar parte del imaginario social y nunca logra transformarse en acciones judiciales concretas, habremos sumado un hito más a nuestra triste lista de casos sin resolver. 

 


Aunque para la mayoría de la población la agenda informativa estuvo centrada en el mundial y en el escándalo de Juventud, para el Gobierno provincial la mejor noticia vino desde la Cámara de Diputados.


 

Un problema menos
Aunque para la mayoría de la población la agenda informativa estuvo centrada en el mundial y en el escándalo de Juventud, para el Gobierno provincial la mejor noticia vino desde la Cámara de Diputados.

El viernes por la noche se conoció que el bloque Justicialista quedaba bajo la conducción del legislador Hugo Páez, y que el bederista Marcelo Del Moral dejaba de presidir la bancada oficialista.

El dato no es solamente una formalidad institucional, tiene un claro mensaje político: rompieron la mayoría bederista que los estaba preocupando especialmente. Yendo más lejos, Beder Herrera dejó de controlar políticamente la Casa de las Leyes después de varios lustros. 

En la sesión del jueves los legisladores rechazaron por unanimidad el pedido de juicio político que se había presentado contra el Gobernador Casas y el viernes por la noche le sacaron la presidencia de la bancada al bederismo. Son gestos fuertes en el lugar que el bederismo había imaginado como el espacio institucional para poner límites al embate del casismo.

En la Casa de las Tejas festejan especialmente un cambio político sustancial, porque por primera vez en dos años y medio de gestión la Cámara de Diputados les responderá políticamente, un elemento no menor en medio de una interna intensa como la que se desató en los últimos dos meses.

Por estas horas en el oficialismo cuentan como propios a 17 legisladores, pero esa construcción política no es homogénea y tiene muchos detalles a tener en cuenta. 

Uno de los principales serán los próximos movimientos que se pueden venir en el gabinete. Los diputados, los intendentes y el tridente de principales asesores del Gobernador no piensan igual en ese tema.

La secretaría de Gobierno y el Ministerio de Desarrollo Social comienzan a ser dos lugares donde hay más nombres que vacantes. Trayectoria o caras nuevas, militancia o capacidad de gestión, antagonismos que generan debates muy intensos por estos días dentro del propio casismo.  

Gesto
Aunque todavía no tomó estado público y nadie dijo nada, el Gobierno provincial tuvo el mayor gesto económico de los últimos tiempos con la administración municipal que encabeza el intendente de la Capital Alberto Paredes Urquiza.

Los más de 2000 empleados municipales que cobraban una quincenita inferior a la de sus compañeros de trabajo (por no ser reconocidos por el Gobierno provincial como empleados de planta por haber sido designados después del 31 de diciembre de 2014), recibieron la totalidad del adicional no remunerativo.

La medida tiene un costo mensual que no alcanza los tres millones de pesos, pero tiene una implicancia política mucho mayor. Es el primer gesto concreto que el Gobierno provincial tiene con el Palacio municipal Juan Ramírez de Velasco después de la famosa foto por la “institucionalidad” que se sacaron en Residencia oficial semanas atrás.

¿Habrá más gestos? La respuesta a esta pregunta definirá el escenario político de los próximos meses.      

andina
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