La tormenta perfecta
La columna de Mattias Meragelman | 22 de JULIO de 2018 | 07:07

La tormenta perfecta

El proceso inflacionario se profundizó de la mano de la devaluación del peso, al mismo tiempo que el ajuste fiscal que se acordó con el Fondo Monetario Internacional tendrá implicancias muy negativas para las economías provinciales. Preocupa el futuro del Incentivo docente.

Los números de la economía nacional no cierran y el Gobierno del presidente Mauricio Macri enfrenta el peor momento desde su ingreso en la Casa Rosada en diciembre de 2015. En ese contexto, la perspectiva a futuro es muy compleja por el ajuste comprometido con el Fondo Monetario Internacional y la presión que se comenzará a ejercer sobre los Gobiernos provinciales para que achiquen el gasto.

La inflación de junio a nivel provincial cerró en un 3,1% y la cifra determinó que en el primer semestre del año la inflación acumulada en La Rioja llegó al 16,6%. El desagregado del dato es aún más impactante, porque en esos seis meses los rubros que más aumentaron en La Rioja fueron: los servicios un 26,2% y la educación un 24%, es decir consumos muy sensibles para la economía doméstica de los sectores más carenciados de la sociedad.

El caso de los alimentos es también significativo, subieron en los primeros seis meses del año un 16,8%. Inclusive, los datos del propio INDEC confirman que entre abril de 2017 y abril de 2018 las ventas en los supermercados riojanos bajaron un 9% y esa cifra implica que los riojanos están comprando menos comida.

La magnitud de la crisis de consumo no es casual y tiene un componente central en el tema salarios.

El 81% de los trabajadores riojanos que conforman la Población Económicamente Activa y que tienen empleo son asalariados, mientras que el 19% restante son autónomos. Es decir, que la mayoría de los ingresos en la Provincia dependen de los acuerdos paritarios y está claro que en este 2018 la mayoría de las paritarias fueron negativas para los empleados.

La presunción oficial de una inflación anual del 15% que establece el presupuesto nacional 2018 y que rigió para la mayoría de las paritarias, ya quedó en el olvido solamente en los primeros seis meses del año.

El caso de los estatales es paradigmático.

El principal grupo de trabajadores de la Provincia tuvo en el primer semestre del año solamente un incremento salarial del 8%, mientras que la inflación acumulada en el mismo periodo fue el doble. Los empleados públicos riojanos ya perdieron entre enero y junio un 8% de su capacidad de compra.

La pérdida de poder adquisitivo no es nueva para los trabajadores públicos provinciales. En los primeros dos años de la gestión de “Cambiemos” (2016/2017) la inflación acumulada sumó un 75%, mientras que el salario estatal se incrementó en el mismo periodo un 64%. 

La suma asusta: entre diciembre de 2015 y junio de 2018, los números oficiales del INDEC marcan una pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos provinciales que supera los 19 puntos porcentuales. 

En la semana que comienza el Gobierno provincial anunciará el segundo incremento salarial que se cobrará con los sueldos de julio, que se pagan en agosto. Ese aumento se está definiendo por estas horas y las versiones más consistentes hablan de una cifra que oscilará entre un 8% y un 10%, aunque por el momento nada es oficial.

Sin embargo, es muy probable que ese aumento solamente sirva para alcanzar los valores inflacionarios previos. Es decir, la suba cubrirá el incremento de precios del primer semestre, pero todos los aumentos del segundo semestre comenzarán nuevamente a horadar los sueldos estatales.

Es por ello que algunos funcionarios del gabinete del gobernador Sergio Casas comienzan a tener en claro que un tercer incremento salarial será imperioso en la parte final del año, aunque no hay certezas de ese anuncio.

El problema de los estatales podría agravarse en el caso de los docentes.

Desde hace semanas circula un fuerte rumor que menciona la posibilidad de que la Nación elimine el Fondo del Incentivo Docente. Este ítem implica un porcentaje importante en la mayoría de los salarios de los docentes y desde su creación es financiado en un 100% por la Nación.

En el Gobierno provincial aclaran que por el momento no existe ningún dato oficial de cambios en ese rubro y que los sueldos de julio se pagarán igual que en meses anteriores. Sin embargo, aclaran que la situación a futuro no es tan clara.

Existe dentro de la Casa Rosada la idea de provincializar la totalidad del financiamiento del sistema educativo, es decir que el Incentivo sea un recurso que paguen de manera directa las provincias.

En un primer momento sería con fondos nacionales, pero nada garantiza que a futuro ese financiamiento se mantenga y que ese valor se actualice con respecto al proceso inflacionario. Hoy la Nación le gira a la Provincia 25 millones de pesos mensuales por este concepto.

La puja por este tema recién comienza.

El otro elemento preocupante es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), porque cada detalle que se conoce genera más incertidumbre sobre el futuro de la economía nacional y por ende provincial.

El compromiso de ajuste que la Nación determinó avanza sobre las transferencias a las provincias y su impacto será directo sobre las arcas provinciales.

El diario La Nación contó que el viernes en la Casa Rosada los ministros Nicolás Dujovne, de Hacienda, y del interior, Rogelio Frigerio, se reunieron con los ministros de Economía de 10 provincias (este primer encuentro no incluyó a La Rioja ) y les adelantaron que el ajuste que deberán realizar los Estados provinciales el próximo año será de 100 mil millones de pesos.

Ese recorte, del cual todavía no se sabe en qué sectores de los Gobiernos provinciales se aplicará, debería estar listo en el mes de septiembre, porque será incluido en el presupuesto nacional del próximo año.

El Gobierno de Sergio Casas viene marcando la preocupación que le genera la no llegada de los fondos extra coparticipables y la paralización de las obras públicas nacionales en territorio provincial (actualmente se están ejecutando solamente 197 nuevas viviendas, cuando el sector necesita cerca de 1200 unidades habitacionales en construcción para poder tener un nivel de empleo aceptable).

Indudablemente estamos frente a un proceso de culpas compartidas.

El Gobierno nacional habla de una tormenta monetaria que los sorprendió, pero la realidad es que el modelo económico que vienen aplicando es la principal causa de un proceso en el cual no controlaron la inflación (incluso la incrementaron), aplicaron un tarifazo salvaje, los trabajadores pierden poder adquisitivo y están realizando un profundo ajuste de la economía al mismo tiempo que los niveles de endeudamiento alcanzan cifras siderales.

Mientras tanto, el Gobierno provincial mantiene desde hace años una política salarial que corre detrás de la inflación y los sueldos de los riojanos siguen siendo de los más bajos del país y pierden poder de compra.

Ese combo profundiza una realidad social cada vez más preocupante, y aunque no está en la agenda mediática como un tema central, las organizaciones sociales y la propia Iglesia riojana advierten día a día que la cantidad de gente en los comedores crece. 

Los números no cierran.

 


El debate sobre la legalización del aborto está sumando intensidad y cada nuevo incidente expone la necesidad de mayor mesura y respeto a todas las ideas. 


 

La necesidad de la palabra oficial
El debate sobre la legalización del aborto está sumando intensidad y cada nuevo incidente expone la necesidad de mayor mesura y respeto a todas las ideas.

Esta semana la máxima autoridad del Hospital de la Madre y el Niño, el Dr. Francisco Sosa, intimó a la médica Paola Júarez a que ratifique o rectifique sus dichos en el diario Página 12 sobre las cifras de casos atendidos en esa institución por abortos.

La profesional de la Salud respondió que en la nota pulicada en el medio nacional los datos no los aporta ella y que son brindados por el medio de comunicación en base a información oficial del propio Ministerio de Salud de la Provincia.

En el mismo sentido, en el debate en el Congreso de la Nación, la encargada del área legal del mismo Hospital, Verónica Vergara, confirmó que el anestesista Facundo Segovia (quien había realizado un posteo en redes sociales sobre que realizaría los abortos sin anestesia) continúa trabajando en la institución, pese al anuncio oficial de que sería enviado a otra dependencia estatal.

La realidad de que la médica Juárez sea intimada por sus dichos, mientras que el anestesista continúa en su cargo cumpliendo las mismas tareas pese a su posteo, expone una realidad de respeto a unos y persecución a otros.

El debate ha tomado un cariz y una forma que requiere una rápida acción de las propias autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia.

El sistema de salud pública debe contener a los profesionales que están en contra de la sanción de la ley y a quienes están a favor, y debe dar garantías a los pacientes que estamos a favor de que la interrupción voluntaria del embarazo sea legal y a quienes creen que el aborto debe continuar siendo un acto ilegal.

 En este punto se vuelve imperioso que la ministra de Salud de la Provincia, Judith Díaz Bazán se exprese. El silencio de la funcionaria solamente suma incertidumbre frente a una realidad que requiere determinar claramente qué comportamiento se va a tomar desde el ministerio.

La Ministra no es una profesional más, es la referente del Gobierno en el tema y debe sentar una postura con respecto al funcionamiento de su área.

Quizás el mismo criterio de la necesidad de que se exprese públicamente se podría aplicar al rector Fabián Calderón, quien como máxima autoridad de la Universidad Nacional de La Rioja debería sentar una posición pública ante el conflicto desatado por las declaraciones del Vicerrector José Gaspanello en referencia a la actriz Florencia de la V.

Hay veces que el silencio no es salud.

 

andina
sidiunlar