La columna de Mattias Meragelman | 05 de AGOSTO de 2018 | 07:08

Su Señoría

La Justicia fue el tema central de la semana. La causa de las becas, la designación de los miembros del Tribunal Superior y la pata riojana de los cuadernos de las coimas marcaron el tiempo informativo.

Aunque el rumor estaba instalado hace semanas y los cargos llevaban vacantes un tiempo prolongado, la Función Ejecutiva sorprendió al proponer los nombres del Secretario general y legal de la Gobernación, Gastón Mercado Luna, y del abogado del área de Derechos Humanos Luis Farías Barros como nuevos integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia. Mientras que Javier Vallejos fue impulsado para la Fiscalía General.

El proceso fue sumarísimo, porque los legisladores provinciales aprobaron en la misma sesión en la cual ingresaron los pliegos las tres propuestas, y en un par de semanas más los nuevos funcionarios judiciales estarán en sus cargos.

La velocidad que impuso el casismo al tema no fue casual, sabían que el bederismo tenía otros nombres pensados para las tres posiciones que se debían cubrir y en ese sentido la premura tuvo como objetivo principal evitar presiones sobre los legisladores provinciales.

En este punto comienzan las lecturas políticas de estos movimientos judiciales.

El primero y más evidente es la designación de dos funcionarios del actual Gobierno en cargos que tienen una trascendencia en el tiempo mucho mayor que la actual gestión de Sergio Casas. Es por ello que en Casa de Gobierno marcan la postulación de hombres que claramente no están identificados con Beder Herrera, como una de las principales señales de que la ruptura con el bederismo es real y definitiva.

En el entorno del Gobernador precisan dos datos que provocaron la decisión de avanzar con estas definiciones: el informe del canal de noticias C5N y su denuncia sobre la discrecionalidad en el manejo de las becas y la decisión del Ministerio Público Fiscal de modificar las acusaciones en el caso por la muerte de Emanuel Garay.

“En el caso de C5N fue una operación desde adentro, vinculada con la salida del ex ministro Guerra, por eso necesitábamos marcar hacia adentro y hacia afuera que la ruptura con el bederismo es real y concreta. Completar el Tribunal Superior sin ninguna consulta a Beder Herrera es algo que hace muchos años no pasaba en La Rioja, y el mensaje que estamos dando es claro”, dicen en el casismo.

En el mismo sentido, advierten que la salida de José Rizzo de la Dirección de Rentas también se vincula con este proceso.

Por su parte, en la oposición cuestionaron fuertemente que se trata de lugares que deben tener una clara autonomía del poder político. Está claro que los jueces -como cualquier ser humano- tienen ideologías e ideas, pero designar a Mercado Luna fue colocar a la actual mano derecha del Gobernador en un puesto central del Poder Judicial.

Sobre este punto fue más lejos la senadora nacional de “Cambiemos” Inés Brizuela y Doria, quien dijo que se trata de un proceso para garantizar “impunidad” a la actual gestión peronista. En “Cambiemos” sospechan por la premura de la determinación y hasta se animan a vincularla con la posibilidad de un intento reeleccionista de Sergio Casas.

El otro elemento a considerar es la oportunidad perdida de avanzar hacia la paridad de género en el máximo poder de la Justicia riojana. Existen numerosas mujeres en el foro local que están capacitadas para completar el TSJ. Inclusive, en la Legislatura fue presentado hace un par de años un proyecto de ley para avanzar en la paridad de género dentro del Poder Judicial y nunca se trató en la Cámara de Diputados.

Era una buena ocasión para avanzar en un tema que es muy sensible y hasta podría haber significado un buen mensaje político por parte del peronismo hacia la sociedad riojana, en un momento de mucha discusión sobre la necesidad de contar con perspectiva de géneros.  

El casismo tomó en lo institucional la decisión más importante desde que se produjo la ruptura con el bederismo, porqué designó cargos que tienen un poder que se extiende mucho más allá de 2019, al mismo tiempo que puso en evidencia el poder que está ejerciendo sobre los diputados provinciales que aprobaron sin ningún proceso de debate público los nombres propuestos.

Mientras tanto, en Casa de Gobierno comenzó otra pelea: quién se quedará con el cargo de Mercado Luna. Con el correr de los dos años de gestión de Sergio Casas, el Secretario general de la Gobernación se fue transformando en el principal referente de las acciones políticas del sauceño.

Por estas horas son muchas las operaciones de prensa que instalan posibles nombres, pero la realidad es que Casas debe tomar una primera decisión: el perfil del nuevo funcionario.

La primera opción es alguien con peso político propio y que cumpla el rol de operador del Gobernador, la otra alternativa es pensar en un técnico que devuelva a la Secretaría General su rol de limitarse a revisar los decretos. Por estas horas se define.    

Discrecionalidad
La semana ya había comenzado complicada con la denuncia del programa “ADN Federal” del canal de televisión C5N, en donde presentaron un informe en el cual expusieron dos hechos: que más de 500 beneficiarios de becas del Estado percibían ese dinero por gestiones expresas de distintos dirigentes políticos y que el Gobierno provincial habría operado judicialmente para frenar una causa contra el intendente de Chamical Daniel Elías.

En la denuncia se publicó la lista de beneficiarios de las becas y se especificó el monto que percibían, y especialmente se precisó quién era el político que había solicitado que se le entregue ese pago. El monto total de la denuncia fue por unos 8 millones de pesos, involucrando a varias decenas de dirigentes y a poco más de 500 beneficiarios.

Uno de los pocos dirigentes que salió públicamente a hablar del tema fue el ex candidato a diputado provincial Juan Carlos Santander, quien dijo en “Radio La Red”: “En mi caso, a mi la plata nunca me fue destinada, no se me entregaron montos de dinero ni firmé ningún papel, porque los chicos cobraban la beca en el lugar que correspondía, la plata no iba dirigida a mí, la cobraban en la Subsecretaría de la Juventud. Me propusieron darme el dinero pero yo les dije que no porque no correspondía, los chicos no estaban a mi cargo y yo no tenía porqué manejar ningún tipo de dinero”.

El escándalo de las becas ya se encuentra en instancia judicial pero por otra denuncia: la de los famosos audios de la "Chivi" y el "Calambre" .

La denuncia original es la que se produjo luego de que se viralizaron los audios en los cuales una ex funcionaria de Juventud, Gabriela Brizuela Santangelo, discutía con el ex titular del área, Juan Del Moral, sobre el destino de las becas.

Según trasciende en los pasillos de Tribunales, el fiscal de la causa ya le solicitó al Juez Gustavo Farías que cite a indagatoria a ocho personas y la primera citada será la propia Brizuela Santangelo.

En los pedidos de las testimoniales la Fiscalía menciona que se debe investigar los posibles delitos de malversación de fondos públicos y de incumplimiento de los deberes de funcionario público, aunque el mismo texto del Fiscal aclara que es contra autores a determinar.

El informe de ADN, la denuncia sobre la gestión de Del Moral y las declaraciones de Santander ponen en evidencia una constante: la discrecionalidad en el manejo de la cosa pública.

En el Gobierno remarcan que desde este mes las becas de Juventud serán bancarizadas y que no existirán más problemas con el pago de los beneficiarios, sin embargo el inconveniente es otro. El Estado tiene la responsabilidad de administrar los recursos de todos, y ello implica transparencia y efectividad, es decir poder repartir esos recursos con la certeza de que llegan a quienes realmente lo necesitan.

Estos escándalos públicos visualizan que en el caso de las becas fueron las gestiones de los propios dirigentes del oficialismo quienes determinaron a quién si y a quién no le toca una beca. No existieron estudios sociales ni análisis de realidades particulares que permitieran determinar quién las necesitaba realmente y quién no.

Un párrafo aparte merece la oposición.

Desde hace años vienen denunciando mediáticamente irregularidades en la administración pública provincial, y sin embargo en muy pocas oportunidades cuentan con información precisa que sustente sus aseveraciones. Sin embargo, un medio de comunicación logra en un par de semanas armar una denuncia que tiene mucho más fundamento que las acciones de la oposición.

“Fuerza Cívica Riojana” tiene desde hace tiempo un representante en el Tribunal de Cuentas de la Provincia, Ramón Brizuela y Doria, pero es un medio de comunicación nacional el que accede a la información que ellos no pueden o no saben cómo acceder. En ese aspecto la denuncia de C5N también los expuso.

 


La necesidad de entender que cuando se gobierna debe hacerse para las mayorías y para las minorías.


 

La pata riojana
El escándalo de los cuadernos de las coimas y el Ministerio de Infraestructura que comandaba Julio De Vido también tiene sus implicancias en la provincia de La Rioja.

El juez federal Claudio Bonadío ordenó detener a numerosos empresarios, entre ellos al mendocino Francisco Valenti, ex vicepresidente de Impsa y actual miembro del directorio de la empresa.

Esa empresa se quedó con la realización de la primera etapa del desarrollo del Parque Eólico en Arauco y la concreción del proyecto contó con el aporte de recursos nacionales, los cuales podrían quedar en la mira de la investigación de Comodoro Py. “Cambiemos” La Rioja ya pidió a Buenos Aires más información sobre el tema.

El otro caso que involucra a nuestra Provincia es el de Armando Loson, del grupo Albanesi SA, quien también se encuentra detenido.

“Central Generación Riojana” es una empresa de energía que se encuentra instalada en la zona Norte de la ciudad Capital. El proyecto comenzó durante el Gobierno kirchnerista y fue ampliado en su capacidad de generación durante el macrismo. Ese emprendimiento forma parte del grupo Albanesi y su desarrollo también coincidió con el periodo de tiempo que está investigando Bonadío.

El país está conmocionado por esta causa judicial, pueden llegar esquirlas de esta explosión a La Rioja.

Estado y no Gobierno
Los párrafos finales de este texto (esta semana pasaron demasiadas cosas en La Rioja), son sobre el escándalo de los permisos para poder participar de las marchas y eventos en relación al debate sobre la legalización del aborto.  

El municipio de la Capital y el Gobierno provincial brindaron un permiso especial para que los empleados públicos participaran de la marcha “Pro vida” que se realizó el viernes, mientras que la comuna también lo hizo para quienes quisieran ser parte del Conversatorio a favor de la legalización que se organizó el viernes por la tarde en la UNLaR.

El problema detrás de estas medidas no se vincula con la problemática del aborto, ni los pañuelos de unos u otros, sino con la incapacidad de entender la diferencia entre Estado y Gobierno.

El Gobierno tiene una ideología, una forma de pensar y la gente lo elige con sus votos, pero todos somos parte del Estado, tanto los que votaron como los que no votaron por un determinado Gobierno. Esa diferencia no es menor, marca la necesidad de entender que cuando se gobierna debe hacerse para las mayorías y para las minorías.

¿El municipio y la Provincia están dispuestos a poner colectivos gratis y dar permisos especiales para todas las marchas que ocurran en la Provincia? La respuesta es claramente no, entonces caerán en la discrecionalidad de beneficiar a unos y discriminar a otros.

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