La columna de Mattias Meragelman | 12 de AGOSTO de 2018 | 07:08

Mea culpa, la necesidad de hacernos cargo

El caso de la menor de cuatro años y todas sus implicancias mediáticas, sociales, políticas y judiciales nos expresan una fotografía social que asusta. 

El domingo por la noche comenzó a viralizarse la imagen de una menor de cuatro años que había desaparecido horas antes de su hogar en la zona Norte de la ciudad Capital. Los minutos pasaban y la angustia social crecía de la mano de la reproducción de su foto y su nombre en las redes sociales.

Luego de horas de angustia colectiva y de la detención de Enrique Gaitán en la madrugada de ese lunes, la menor apareció en un descampado ubicado en la zona Este de la ciudad, tenía claros signos de haber sufrido violencia física y fue trasladada de manera urgente al Hospital de la Madre y el Niño, donde actualmente se encuentra internada en terapia intensiva.

La causa judicial por la agresión a la menor tiene tres detenidos y en la Policía de la Provincia creen que el caso tiene muchos elementos para avanzar hacia su resolución definitiva.

A esta altura de los hechos, los investigadores están convencidos que la nena fue objeto de una venganza, aunque no terminan de tener precisiones sobre los motivos y características del caso. Esos detalles son el eje de la investigación actual, analizando los posteos en redes sociales y lo que ocurrió en el paso anterior por la cárcel del detenido Gaitán.

En las próximas horas el abogado que representa a una parte de la familia de la menor pedirá que se cambie la carátula de la causa por la de intento de homicidio, y sostendrá ante la Justicia que las tres personas detenidas no son las únicas involucradas. 

Sin embargo, quedarnos solamente en la causa judicial podría limitarnos la mirada y no permitirnos analizar lo que reflejó este caso, en relación a lo que somos como sociedad y al funcionamiento de las diferentes instituciones que componen nuestra comunidad.

El primer dato que surge es el profundo proceso de desintegración social que atraviesa La Rioja.

El sociólogo Emilie Durkheim planteó hace muchos años el concepto de anomia, definiéndolo como la característica principal de aquellas comunidades en las cuales la falta de creencia en las normas se volvía una regla, sociedades en donde la ausencia de normas se transformaba en la forma principal de su funcionamiento social.

Este caso nos expone a un proceso social en el cual es aplicable aquella vieja idea, porque una gran parte de los riojanos no confían en las leyes y en las reglas, y mucho menos en las instituciones y en las personas encargadas de hacerlas cumplir. No creer en el valor de las reglas se volvió una forma de vida en nuestra Provincia.

El caso de la menor nos expone ante un individuo (con algunos cómplices) que no acataron las reglas, cometiendo acciones violentas y crueles contra una nena de 4 años.

Sin embargo, nuestra respuesta como sociedad no es superadora, pues caemos en reacciones espasmódicas que solamente profundizan el drama, porque no logramos dar con una reacción que respete las leyes y se enmarque en el estado de derecho que nos debe guiar.

Los vecinos que dos días después del hecho quemaron la casa de la familia de algunos de los detenidos, son la manifestación más violenta de la incapacidad de resolver los conflictos mediante la aplicación de las leyes.

En este punto no se puede evitar mencionar que la Policía dejó sin custodia la vivienda sabiendo que podía ocurrir lo que pasó. Que las fuerzas de seguridad “liberen una zona” es un renunciamiento del rol del Estado inaceptable.

No existe ninguna posibilidad de construir un nuevo entramado social si el Estado no asume sus competencias y responsabilidades.

Por otra parte, los medios de comunicación tampoco estuvimos a la altura de las circunstancias.

Muchos de nosotros dimos informaciones falsas. Por ejemplo cuando afirmamos que uno de los detenidos iba a ser trasladado a Catamarca o cuando informamos que Gaitán tenía una condena por homicidio (cumplió penas por delitos de agresiones, robo y violencia de género, pero no por homicidio). Ambas informaciones eran falsas y las transmitimos como ciertas.

Otro punto en el cual caímos en un error inaceptable, fue cuando se incitó a la respuesta de los vecinos y les dimos micrófonos para que expresen toda su ira (entendible) al aire de nuestros medios. Los medios de comunicación no tuvimos ningún tipo de precaución sobre el efecto contagio que afirmaciones de ese tipo podrían generar.

Los vecinos pueden expresar sus ideas, nosotros no podemos reproducir incitaciones a la violencia y hasta en algunos casos avalarlas explícita o implícitamente.

Finalmente, brindamos detalles de las agresiones que sufrió la menor que fueron absolutamente innecesarios, re victimizamos a la víctima sin pensar en las consecuencias legales y sociales que esa información tendría.

El accionar de algunos profesionales de la Salud también es cuestionable. No se debe normalizar la viralización de audios con pormenores de lo que observan dentro de las salas de los Hospitales; a partir de este tipo de acciones otra vez caemos en la re victimización de la menor. 

Mientras tanto, el Juzgado de Géneros a cargo de la causa explicó que estaba bajo secreto de sumario, pero convocaron a una conferencia de prensa en la cual leyeron un comunicado de dos líneas.

La Justicia también debe aggionarse a los tiempos que corren y entender que un caso que genera semejante conmoción social, debe tener un tratamiento comunicacional que respete las garantías del proceso, no afecte la intimidad de la víctima, pero que al mismo tiempo informe a una sociedad ansiosa por tener algunos elementos.

Queda claro que es difícil el equilibrio entre todos esos elementos, pero el Poder Judicial debe encontrar un punto medio.

Este caso nos conmocionó a todos, pero también nos permitió ver algunas acciones que reclaman disminuir la velocidad y detenernos a reflexionar. Si de todo lo que pasó omitimos aprender algo, estaremos más temprano que tarde cayendo en los mismos dramas sociales.  

Esta semana vivimos dos tragedias: la de una menor violentada en el marco de un hecho criminal pocas veces visto y la de una sociedad caníbal, incapaz de detenerse a repensar como mejoramos entre todos.     

 


La decisión del Congreso contó con el apoyo de los tres senadores nacionales riojanos: Brizuela y Doria y Martínez por “Cambiemos” y Menem por el peronismo.


 

Guerra de colores
El Senado Nacional rechazó la media sanción del proyecto de Diputados y la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo no fue ley. La decisión del Congreso contó con el apoyo de los tres senadores nacionales riojanos: Inés Brizuela y Doria y Julio Martínez por “Cambiemos” y Carlos Menem por el peronismo.

En este sentido se debe realizar una diferenciación entre la postura de los tres representantes riojanos en la Cámara Alta.

Se puede coincidir o no con Carlos Menem y con Inés Brizuela y Doria, pero no se puede negar que ambos vienen expresando hace años su postura en este tema. Y en el caso de la senadora de “Cambiemos” fue una de las caras más visibles de la campaña en contra de la sanción de la ley. Se puede estar de acuerdo o no con su voto negativo, pero resulta innegable que expuso claramente las razones de su postura.

Diferente es la realidad del senador Martínez, quien no hizo uso de la palabra durante el debate y solamente brindó dos notas periodísticas en las cuales tampoco quedaron muy claras las razones por las cuales levantó la mano en el sentido en que lo hizo.

Julio Martínez es el dirigente político con más chances de ser electo gobernador de los riojanos el próximo año, así lo marcan todas las encuestas que circulan por estas horas. Ese dato hace impostergable que Martínez comience a tomar posturas públicas.

Hace años que la construcción política del chileciteño tiene como base el ser diferente al peronismo y el hablar poco, pero a menos de un año de ser por cuarta vez uno de los aspirantes a quedarse con la conducción de la Provincia, el senador nacional debe comenzar a dar definiciones sobre qué modelo de Rioja imagina y cómo la piensa construir.

El senador nacional puede adherir a la ideología que desee, pero es peligroso que omita informar a los riojanos sus razones como representante para tener esas ideas. En este caso el silencio no fue salud.

Mientras tanto, la Cámara de Diputados sancionó un proyecto de declaración para determinar que “La Rioja es Pro Vida”. En este caso el tema atravesó transversalmente los partidos, y hubo abstenciones y apoyos de oficialistas y opositores.

Nuevamente los dirigentes confunden lo personal con lo institucional, porqué cada diputado tiene su propio pensamiento sobre la legalización o no del aborto, pero no se puede extender esa posición a toda la sociedad riojana.

La imposición de la idea de la mayoría (en La Rioja las encuestas demuestran que son más los que están en contra de legalizar el aborto) a las minorías (quienes estamos a favor de la legalización somos una menor cantidad) no es un acto democrático. Y si ésa imposición de la mayoría sobre la minoría surge desde uno de los tres poderes del Estado, estamos yendo más lejos, estamos discriminando desde el propio Estado.

Otra semana intensa en la Provincia, con la necesidad urgente de hacer un mea culpa para evitar hundirnos en el barro de la intolerancia.  

 

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