La columna de Mattias Meragelman | 26 de AGOSTO de 2018 | 07:08

Hipotecar el futuro

La crisis universitaria crece y condiciona la situación de miles de jóvenes. Mientras tanto, el casismo evalúa costos y beneficios de la posibilidad de buscar la reelección y López es el arrepentido más temido.

La crisis del sistema universitario argentino es más grave de lo que puede parecer a simple vista. No se trata solamente de miles de estudiantes que llevan semanas sin clases, sino que implica una situación que puede condicionar la formación y las posibilidades de desarrollo de toda una generación de argentinos.

El conflicto tiene dos ejes principales: el reclamo salarial de los docentes del sistema educativo y los problemas de financiamiento que están teniendo las 57 universidades públicas argentinas.

La propuesta salarial fue un 15% anual de aumento. Una cifra que se choca con la realidad concreta que entre julio de este año y el mismo mes del 2017, la inflación llegó al 31,2%. Si los docentes aceptan la propuesta que realizó el Gobierno nacional, implicaría que los trabajadores de la educación universitaria deberían resignar más de un 50% de su poder adquisitivo.

Ese dato podría ser peor, porqué si el aumento del precio del dólar se mantiene y el proceso inflacionario no cede, la inflación anual podría terminar 2018 por encima del 33 o 34%, según las estimaciones más cautas que se están conociendo en las últimas horas.

Los profesores tendrán esta semana una nueva reunión con las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación y la oferta del Gobierno será clave para poder comenzar a vislumbrar una salida a esta realidad.

Sin embargo, el debate sobre los sueldos docentes es lo coyuntural, el problema a largo plazo es otro: el financiamiento del sistema educativo universitario argentino.

El presupuesto de la principal universidad riojana para 2018 es de 1.189 millones de pesos, de los cuales el 90% se destina al pago de salarios y un 10% a los gastos de funcionamiento, que incluyen el comedor universitario, la nafta, viajes y becas entre otros ítems.

Esa cifra quedó absolutamente desactualizada de la mano de la devaluación de la moneda y el proceso inflacionario.

En diciembre de 2017 -cuando se aprobó el esquema de gastos de este año- el dólar estaba en $18 y esta semana cerró en $31. Y la inflación acumulada en lo que va del año ya supera el 20%, con una proyección para finales de 2018 que estará por encima del 30%.

Este problema de financiamiento es más grave que el conflicto docente, porque la Universidad Nacional de La Rioja está perdiendo recursos y la baja en los dineros disponibles se trasladará a mediano plazo al deterioro de la calidad académica.

Hace un par de semanas la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad informó que la deserción entre los ingresantes en el primer semestre del año había llegado al 50% y que muchos chicos del interior provincial estaban volviendo a sus localidades por la imposibilidad de seguir financiando vivir en la Capital por el aumento en el costo de vida. Este año en la UNLaR ingresaron más de 8 mil nuevos estudiantes.

Por su parte, el propio rector Fabián Calderón dijo esta semana en “Radio La Red” que la institución que conduce no puede pensar en plantear nuevas carreras ante la incertidumbre que tienen sobre el presupuesto del próximo año. Mientras que desde el Ministerio de Educación de la Nación se reconoce que en este 2018 tienen una sub ejecución presupuestaria que llega al 84% en materia de obras públicas en las Casas de Altos estudios de todo el país.

Está clara la identificación personal de la actual gestión universitaria con el anterior Gobierno nacional, pero caer en la pereza intelectual de limitarse a creer que este es un problema solamente de la UNLaR sería desconocer las movilizaciones que se concretaron en las principales ciudades del país en esta semana (en muchos casos en universidades que tienen conducciones que están alineadas con la actual gestión de la Casa Rosada).

El Gobierno nacional está proponiendo un ajuste muy significativo en los gastos del Estado para el próximo año, que alcanzaría los 300 mil millones de pesos. Al mismo tiempo, la gestión del presidente Mauricio Macri no cree que deba reponer las retenciones a las exportaciones mineras o eliminar la baja en las retenciones a los sectores agropecuarios.

Decidir que los grandes grupos empresarios mineros o sojeros paguen menos impuestos, y entender en el mismo presupuesto que se deben pagar menos sueldos a los docentes o no invertir en la infraestructura de las Universidades es una decisión política, una determinación que hipoteca nuestro propio futuro.

 


López fue quien manejó el otorgamiento de obra pública en todo el territorio nacional durante el kirchnerismo y tiene fotos con los intendentes, ex intendentes, gobernadores y ex gobernadores de aquellos años.

 

Reelección
El artículo 120 de la Constitución provincial afirma: “El Gobernador y Vicegobernador serán elegidos directamente por el pueblo de la provincia a simple pluralidad de sufragios. Durarán en sus funciones el término de cuatro años, sin que evento alguno que lo haya interrumpido pueda motivar su prórroga. Podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo periodo consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período”.

Sergio Casas fue vicegobernador de la provincia entre el año 2011 y el año 2015, mientras que desde diciembre de ese año y hasta el mismo mes del 2019 completará su mandato como Gobernador. Esos dos mandatos de manera consecutiva en la fórmula gubernamental de la Provincia lo dejan explícitamente sin ninguna posibilidad de ser candidato a gobernador el próximo año.

Sin embargo, dentro de la Casa de Gobierno cada vez son más los funcionarios y dirigentes del peronismo que se ilusionan con el Gobernador buscando un nuevo mandato el próximo año.  

Esa idea no es compartida por la totalidad de la dirigencia peronista, pero Casas es quien aparece con mejor imagen en las encuestas que el propio oficialismo realiza y al mismo tiempo es el único dirigente que unificaría al Movimiento detrás de una sola postulación.

Las chances del actual mandatario de buscar la reelección en el cargo crecen de la mano de la ausencia de un candidato/a que se imponga sobre el resto dentro del oficialismo.

En ese escenario, en el casismo hay dos opciones: la primera es forzar una interpretación del artículo 120 por parte del Tribunal Superior de Justicia y la otra avanzar hacia una enmienda constitucional.

La primera opción tiene menos chances de llegar a ser la elegida, porque no son pocos los que recuerdan el caso Santiago del Estero y como una situación similar terminó con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que obligó a Gerardo Zamora a deponer su candidatura a último momento.

Esa alternativa tiene la ventaja de que se implementa de manera directa, pero queda expuesta a cuestionamientos judiciales de la oposición a nivel nacional.

La otra posibilidad es una modificación de la Constitución vía enmienda de la Cámara de Diputados.

Si la enmienda constitucional es finalmente el camino determinado, el próximo año La Rioja debería desdoblar las elecciones de diputados e intendentes de la correspondiente al estamento Gobernador y Vice gobernador, porque una enmienda debe ser ratificada por el voto popular antes de ser aplicada.

En toda la especulación que estoy realizando falta un dato clave: cuánto costo político pagaría el casismo por impulsar una estrategia de este tipo. Ése es el elemento central que hoy analiza el peronismo.

En los próximos meses el oficialismo sumará y restará encuestas que respondan a esa pregunta, y a partir de allí se definirá quién será y cómo se determinará el próximo candidato/a del Justicialismo. 

López, el arrepentido más temido
El ex secretario de Obras Públicas de la Nación del kirchnerismo, José López, se sumó a la modalidad de imputado colaborador en la causa de los “cuadernos de las coimas”.

Según lo establece la ley del arrepentido que existe en la Argentina, una persona que se acoge a ese beneficio puede hacerlo si aporta al proceso judicial elementos que compliquen a personas que estaban por encima suyo en la estrcutura de la organización delictiva que se investiga o elementos nuevos que la causa no contaba.

Está claro que institucionalmente por encima de López durante 12 años estuvieron el ministro de Infraestructura Julio De Vido y los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Esos datos ya son parte de la causa y de los elementos que el propio ex funcionario sumó al proceso judicial que conduce Claudio Bonadío.

López fue quien manejó el otorgamiento de obra pública en todo el territorio nacional durante las tres presidencias kirchneristas y tiene fotos con todos los intendentes, ex intendentes, gobernadores y ex gobernadores de aquellos años.

Si la investigación del Juez Bonadío busca Justicia y no solamente exponer la supuesta corrupción de un sector del peronismo, está claro que López no es solamente un imputado colaborador, es el más peligroso de los arrepentidos. 

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