La columna de Mattias Meragelman | 16 de SEPTIEMBRE de 2018 | 07:09

Otra vez sopa

La pela entre la Provincia y el municipio capitalino es una reiteración de los mismos conflictos que se observaron sistemáticamente desde el retorno de la democracia. Mientras tanto, la inflación se desboca, el bederismo se impone como un actor a tener en cuenta y se viene una semana con novedades judiciales.

El Gobierno provincial y el municipio de la Capital se pelean por los recursos. No importa cuándo lea esta línea el lector (quien sea el Intendente o el Gobernador), esa afirmación siempre estará vigente en la política riojana.

La administración de Sergio Casas y la del intendente Alberto Paredes Urquiza ingresaron en una nueva fase de su enfrentamiento: la judicial.

La gestión municipal denunció ante la Justicia al Gobernador y a su equipo económico por el supuesto incumplimiento de la ley de coparticipación municipal sancionada en el año 2015 y por la retención indebida de recursos derivada de esa situación.

En la comuna destacan que según los números oficiales del Ministerio de Economía de la Nación, la Provincia tuvo en los primeros siete meses del año un incremento del 44,9% en el envío de fondos nacionales. Mientras que en el mismo lapso, el aumento en los depósitos que llegaron al municipio por coparticipación fue del 21,8%.

Puesto en valores nominales, los equipos técnicos del Palacio Juan Ramírez de Velasco creen que la Provincia debería haber depositado un total de 796 millones de pesos, mientras que a las cuentas comunales solamente llegaron 667 millones de pesos. Es por ello que en la Municipalidad mencionan una deuda acumulada en el periodo enero/julio que superaría los 128 millones de pesos.

En los estrados judiciales el argumento municipal es que en 2017 recibieron un poco más del 6% de la masa coparticipable y que en este 2018 esa cifra se ubicó cerca del 5%. Esa realidad implicaría que se violaría el articulado de la Ley de coparticipación, que determina la imposibilidad de recibir menos fondos en relación a un periodo anterior.

Desde el Gobierno provincial niegan todo.

En la Casa de las Tejas argumentan que Capital es el único distrito que se queja de discriminación en el envío de recursos, que cumplieron con la reglamentación vigente en materia distributiva y que se trata de un problema de administración de los fondos por parte del Gobierno que encabeza Alberto Paredes Urquiza.

Inclusive, los otros intendentes realizaron un raid mediático (como ya ocurrió en anteriores gestiones) exponiendo que el problema del Palacio municipal Juan Ramírez de Velasco es que pretende que el Gobierno provincial le financie el pago de los “empleados extras” que habría sumado la comuna en la actual gestión y que solamente se trata de las aspiraciones políticas del próximo año del Jefe comunal. 

Más allá de las razones legales y económicas que cada uno de los protagonistas de esta historia tienen, la realidad es que se trata de la misma novela, simplemente que los actores intercambiaron sus roles.

Durante toda la campaña previa a ser electo intendente de la Capital en el año 2015, el por entonces secretario general de la gobernación, Alberto Paredes Urquiza, repetía como un mantra que el problema del municipio era que estaba mal administrado, que la ciudad tenía recursos para funcionar correctamente y que él no sería un Intendente eternamente peleado con la Provincia. La realidad de estos casi tres años de gestión desmintió sus promesas.

Mientras tanto, también es una incoherencia manifiesta escuchar al quintelismo criticar al municipio actual en los mismos términos que ellos fueron descalificados durante sus 12 años de gestión en el Palacio municipal.

No quedan dudas que la relación entre el Gobierno provincial y municipal no transita por los carriles institucionales y que se trata de un vínculo siempre prisionero de los vaivenes políticos de la interna del peronismo. No puede justificarse bajo ningún punto de vista que el equipo económico de Hacienda municipal lleve meses pidiendo una audiencia con sus pares de la Provincia y que todavía no hayan logrado ser recibidos.

En medio de este proceso unos y otros están atropellando un elemento clave del sistema democrático: las elecciones.

La imposibilidad de asumir de Alfredo Menem como edil y de Felipe Álvarez como diputado provincial, son la expresión institucional de la pelea y al mismo tiempo una herida profunda al ya de por si desgastado sistema de representación parlamentaria.

En el departamento Capital vive el 60% de la población riojana y además es el principal centro administrativo institucional de la Provincia. Sin embargo, desde hace décadas pasan los gobernadores y los intendentes, pero el guión de esta novela es siempre el mismo, con más de 200 mil capitalinos como público/rehenes.

 


En las últimas horas desde el Centro Comercial e Industrial le informaron al Gobierno riojano dos datos alarmantes sobre la baja del consumo: las ventas disminuyeron hasta un 50% y el cierre de comercios es una constante.


 

El regreso
El diputado nacional Luis Beder Herrera volvió a la escena política provincial. Primero fue una intensa campaña de presencia en las redes sociales, y en las últimas horas se repitieron las entrevistas en diferentes medios de comunicación.

El ex gobernador dijo que conformará un espacio político que presentará candidatos en todos los estamentos, y por el momento centra su estrategia política en confrontar con el presidente de la Nación Mauricio Macri, a partir de que las encuestas marcan un claro deterioro de la imagen presidencial en la Provincia.

Aunque públicamente sólo se conoció un encuentro de Herrera con el vicegobernador Néstor Bosetti, en privado son varios los dirigentes que comienzan a contactarse con el famatinense.

En el bederismo destacan un dato: “Beder Herrera seguirá haciendo política, ahora es una etapa de posicionamiento y después veremos qué puede pasar”.

En ese sentido, el espacio que conduce el famatinense mira con mucho recelo el intento re-reeleccionista de Sergio Casas, que esta semana puso nuevamente en escena la intendenta de Arauco, Florencia López. Inclusive, en el acto por el aniversario de San Blas de los Sauces, la mayoría de los Jefes comunales le expresaron a Casas que lo respaldarían en un intento de enmieda constitucional.

Por su parte, el bederismo cree que ese proceso podría dejar varios heridos políticos, dirigentes que tienen aspiraciones para el 2019 y ven el intento casista como un error que le puede costar al peronismo el poder político controlado desde hace más de 30 años.

Hay que seguir el recorrido de la ambulancia bederista y estar atentos a la postura de los diputados del oficialismo ante la posible enmienda constitucional.  

Inflación desbocada
En las próximas horas se conocerá que la inflación en La Rioja fue todavía más alta que en el resto del país. Los primeros ocho meses de este año ubicarán el incremento de precios en los comercios riojanos por encima del 25% y el tema de los alimentos es uno de los rubros más preocupantes.

En este sentido, antes de dejar el Ministerio de Desarrollo Social, la gestión de Griselda Herrera había detectado que la demanda de alimentos en los organismos estatales bajo su órbita se había triplicado.

El Gobierno espera que desde la próxima semana se comience a aplicar el “Programa de Precios Cuidados” como un paliativo, pero el problema es que por el momento solamente se extenderá a las tres cadenas nacionales de hipermercados.

El dato más alarmante lo aportó en las últimas horas el Centro Comercial e Industrial, desde donde le informaron al Gobierno riojano dos elementos sobre la baja del consumo: las ventas disminuyeron hasta un 50% y el cierre de comercios se está transformando en una constante diaria.

La situación es grave, y no fue casual que los gremios estatales concretaran el jueves la marcha más grande de los últimos años. El clima social está espeso y el Gobierno nacional sigue sin acertar en ningún aspecto de la economía.

Su señoría
Dos hechos judiciales tendrán novedades en las próximas horas y serán noticia.

El Ministerio Público Fiscal promovió acción a funcionarios y ex funcionarios por la supuesta apropiación de tierras en la zona del Cerro de la Cruz. Dos funcionarios actuales y tres ex funcionarios están mencionados en la resolución judicial.

El sitio de "FM América Noticias" adelantó que los organismos que están bajo la mira de la Justicia son: Catastro, Tierras y el Registro de la Propiedad. Todo indica que el rol que cumplieron esos entes está siendo investigado, especialmente por los instrumentos legales que utilizaron en el proceso de entrega de esas tierras.   

Mientras tanto, el peronismo riojano no desaprovechará la denuncia que hizo pública el periodista Andrés Klipphan en el sitio Infobae.com.

“Un informe de auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), realizado sobre la Universidad de la Defensa Nacional, que depende del Ministerio de Defensa, arrojó severos cuestionamientos en la manera en que se utilizaron los fondos que deberían haber estado destinados para trabajos académicos pero que terminaron en la compra de LEBACS, es decir en la ‘timba financiera’”, publicó el medio porteño.

Las gestiones que quedan bajo la lupa del organismo nacional son dos: la del ministro Oscar Aguad y la de su antecesor el actual senador nacional Julio Martínez.

En este sentido, en las próximas horas se espera una aclaración de la Universidad, la cual se centraría en la autonomía y autarquía de la institución educativa.

Sin embargo, el propio Aguad le dijo a Infobae: “Esos hechos (por la compra de las LEBACS) se hicieron durante la gestión anterior a mí llegada al ministerio. Lo que tengo que investigar es la auditoría de la SIGEN y resolver esos hechos que están fuera del alcance del Consejo de la Universidad”.

La referencia a la gestión anterior es a la de Martínez.

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