La columna de Mattias Meragelman | 23 de SEPTIEMBRE de 2018 | 08:09

No va a alcanzar

Por estas horas los gremios profundizan su reclamo por un tercer incremento y el Gobierno provincial mira de reojo la definición del presupuesto nacional 2019. En ningún escenario los salarios estatales podrán estar por encima del proceso inflacionario que se vive.

El cuarto trimestre tendrá para el Gobierno provincial un tema central que se llevará todas las miradas: los salarios y la posibilidad de un nuevo aumento a los empleados públicos de La Rioja.

Cualquier medio de comunicación que por estas horas afirme saber si habrá incremento o no, de cuánto será y la modalidad que adoptará: estará especulando. Porque el equipo económico que acompaña al gobernador Sergio Casas quiere conocer la resolución del presupuesto nacional 2019 antes de tomar una decisión financiera y realizar cualquier anuncio sobre la política salarial.

En todas las cuentas que se realizan en la Casa de las Tejas el aumento que se otorgaría a los empleados públicos provinciales estaría sensiblemente por debajo de los incrementos de precios que evidencian las góndolas de los comercios riojanos.

En los principales despachos de la Casa de Gobierno provincial preocupan dos temas sobre el presupuesto nacional 2019: qué pasará con el subsidio al transporte y el futuro de la tarifa social.

El primero de esos ítems ya está claro que será transferido a las provincias y es el que permite a las empresas de transporte una tarifa diferenciada al momento de cargar el combustible.

Este mecanismo suma una cifra superior a los 15 millones de pesos mensuales, recursos que eran aportados de manera directa por el Gobierno nacional y que en el total anual están por encima de los 180 millones de pesos.

Si la Provincia no se hace cargo de ese punto, los precios del transporte aumentarán de manera significativa en La Rioja. En este sentido, se debe recordar que la empresa San Francisco –concesionaria del servicio en la Capital- también cuenta con otro subsidio por 1,8 millones de pesos mensuales que brinda el Gobierno provincial.

No es casual que los legisladores provinciales hayan aprobado en la última sesión de la Cámara extender la ley de emergencia del transporte.

El otro gran tema es la tarifa social de la energía.

En La Rioja una gran parte de los usuarios de EDELaR (casi un 40%) estarían en condiciones de acceder a este beneficio, pero el nivel de consumo de muchos de ellos supera ampliamente los límites establecidos por este mecanismo y actualmente sólo un 15% del padrón de clientes tiene esta ventaja en las boletas que le cobra la empresa estatal concesionaria de electricidad.

Por estas horas justamente uno de los puntos centrales del debate entre los gobernadores y la Casa Rosada sobre el esquema de gastos de la Nación del próximo año es la tarifa social, quién se hará cargo en 2019 de ese punto está en discusión.

En ese sentido, no se puede dejar de mencionar que el secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel, anticipó que en el mes de enero del próximo año el costo de la energía volverá a incrementarse y lo hará tomando como referencia la inflación con la cual cierre el 2018.

Cuando se pregunta por el tercer aumento en Casa de Gobierno se responde: “Debemos ser prudentes y confirmar la disponibilidad a futuro antes de dar un aumento. En un aumento salarial se debe tener en cuenta los recursos en los meses siguientes, y creemos que del trasporte y de la tarifa social nos vamos a tener que hacer cargo nosotros”.

La realidad es que los empleados públicos de La Rioja llevan en este 2018 un aumento acumulado en sus sueldos del 16,8% y la inflación en los primeros ocho meses del año según el INDEC ya está en la Provincia por encima del 25%.

Sin embargo, el problema a futuro es mayor, porque todas las consultoras económicas sostienen que de la mano de la devaluación que el peso enfrentó en agosto, el cierre del año para el proceso inflacionario no estará por debajo del 40% y los más negativos se extienden hasta un 45% al finalizar diciembre.

En cualquiera de esos escenarios, la única posibilidad de que los empleados públicos provinciales no pierdan poder adquisitivo este año es que la próxima suba de sus haberes oscile entre el 25% y el 30%. Ésa cifra hoy es una quimera.

Mientras tanto, desde la oposición remarcan que los aportes del Gobierno nacional crecieron de la mano de la coparticipación y que el problema es la falta de transparencia del peronismo provincial.

Hay un dato que no se debe pasar por alto: a la Provincia en agosto llegaron 1.829 millones de pesos en concepto de fondos coparticipables, mientras que un año antes habían enviado 1.285 millones de pesos. Esa diferencia marca una suba del 42% en la comparación interanual de los aportes nacionales a la Provincia. También se debe mencionar que en el mismo periodo de tiempo la tasa inflacionaria fue del 34,7%.

Más allá de las razones de unos y otros, la realidad es una sola: en este proceso inflacionario los sueldos de los empleados públicos volverán a ser una variable de ajuste. La inflación acumulada sumó en los dos primeros años de Gobierno del presidente Mauricio Macri y del gobernador Sergio Casas un 75%, mientras que el salario estatal se incrementó en el mismo periodo un 64%.

Todo indica que 2018 sacudirá nuevamente la capacidad de compra de los trabajadores, el sueldo no va a alcanzar.

 


El oficialismo ya comenzó a trabajar en una encuesta que con sus resultados definirá el futuro político de la Provincia. 


 

Galpones llenos y encuestas
La empresa textil ENOD determinó suspender hasta finales de octubre a la totalidad de sus trabajadores (270 empleados) de manera parcial, es decir que se irán rotando en las semanas que no irán a trabajar.

La medida implicará que los salarios de estos obreros se verán reducidos en un 30% y no hay certezas de cómo continuará su realidad laboral cuando termine el proceso de licencias.

El argumento principal del emprendimiento industrial es que no vende su producción, tiene los galpones llenos de material que sus clientes no compran.

En el Gobierno provincial hay otro elemento que preocupa mucho: hay empresas del Parque Industrial con sus cuentas embargadas por la AFIP. El dato se conoció al promediar la semana y se vincula con la fuerte baja del consumo, que está afectando de manera directa el circuito financiero de las empresas. 

Por otra parte, la semana que arranca gran parte de la atención estará centrada en la posibilidad de que los equipos económicos de la Provincia y el municipio se reúnan por la disputa sobre los recursos que se viene generando en relación a la coparticipación de impuestos provincial. El encuentro no tiene por el momento fecha concreta.

Mientras tanto, en el oficialismo ya se comenzó a trabajar en una encuesta. Las preguntas del estudio son las habituales y mide los diferentes temas que la agenda política tiene presente por estos días en La Rioja.

Sin embargo, lo más importante de la medición es la parte del cuestionario que con sus resultados definirá el futuro político/institucional de la Provincia de los próximos meses. En su elaboración la pregunta incluye las palabras Casas y otro mandato.

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