La columna de Mattias Meragelman | 14 de OCTUBRE de 2018 | 07:10

Dale gas

La devaluación de la moneda hace estragos en la economía y definir quién lo financiará es una decisión política. Mientras tanto, Paredes Urquiza cree que es su momento y el perfil del reemplazante de Mercado Luna determinará la próxima etapa de la gestión de Sergio Casas, una administración que no tiene un “Plan B” para el 2019.

El Gobierno nacional entendió que la devaluación de la moneda implica la necesidad de compensar a las empresas de gas y por eso determinó una de las medidas más polémicas desde que llegó al poder en diciembre del año 2015.

La resolución de la controversia afirmaba en su versión original lo siguiente: “Las diferencias entre el precio del gas previsto en los contratos y el precio de gas reconocido en las tarifas finales de las prestadoras del servicio de distribución, valorizadas por el volumen de gas comprado desde el 1º de abril y hasta el 30 de setiembre de 2018, determinan que el Ente Nacional Regulador de Gas (ENARGAS) instruirá a las prestadoras del servicio de distribución al recupero del crédito a favor de los productores en línea separada en la factura de sus usuarios en 24 cuotas a partir del 1º de enero de 2019”.

Es decir, determinaba que el cambio del valor del dólar -que pasó en ese periodo de 20 a 38 pesos- había provocado un desfasaje en estas empresas que sería financiado mediante un aumento en el valor de lo que debían pagar los usuarios.

A los pocos días, el Gobierno anunció un cambio en esa resolución y determinó que será el Estado quien pagará esa diferencia que sufrieron las empresas prestadoras del servicio de gas en la República Argentina. Todavía no están claros los detalles finos de ese mecanismo de transferencia de recursos estatales.

Aunque suene obvio se debe marcar un dato, en un primer momento lo íbamos a pagar los usuarios y ahora lo financiará el Estado (que también somos nosotros los usuarios).

En este punto, el propio diputado nacional oficialista Héctor Olivares explicó un elemento que profundiza la gravedad de la medida: en La Rioja solamente el 20% de la población tiene gas natural, es decir que un servicio que llega a dos de cada diez riojanos será financiado por el Estado, que componen el 100% de los riojanos.

El Gobierno nacional argumenta que la definición que tomaron obedece exclusivamente a los marcos legales vigentes, pero en ese planteo existe una trampa: la discusión es política y no legal.

En la semana que pasó se conoció que 290 personas perdieron sus puestos de trabajo en diferentes comercios riojanos. Esos trabajadores se complementan con los numerosos casos en los cuales el Sindicato de Empleados de Comercio viene denunciando que se redujeron a la mitad las jornadas laborales para evitar los despidos.

Los comercios riojanos enfrentan desde hace meses un aumento permanente en los costos y una baja sistemática en las ventas, es por ello que piden con urgencia a la aplicación de un sistema de tarifas diferentes para abaratar sus costos. Nunca tuvieron una respuesta oficial, ni provincial ni nacional.

Mientras que desde la Unión de Industrias Riojanas (UNIR) se advirtió que están utilizando el 60% de las maquinarias instaladas en el Parque industrial riojano. La cifra implica que el 40% de la maquinaria no se usa porque los galpones están llenos de mercadería que no se vende. 

El Parque Industrial riojano viene solicitando desde hace años una tarifa diferencial de la energía y del transporte para poder abaratar sus costos. El Estado no se los concedió.  

La decisión de que las multimillonarias empresas de gas deban ser compensadas y los comercios e industrias riojanos no puedan obtener ese beneficio, es una decisión de política económica.

Este año, Argentina fue el país que más devaluó su moneda en el mundo, ésa situación económica no fue casual y sus consecuencias en la economía están golpeando fuerte de la mano del desempleo y la inflación. 

En ese escenario económico, habrá privilegiados y perjudicados, y es el Estado como organismo regulador quien elige cómo administrar esta realidad económica. La política siempre es conflicto, es beneficiar a unos y perjudicar a otros, nunca toda la sociedad puede quedar conforme con las decisiones que se toman.

Dime a quién beneficias y te diré qué tipo de Gobierno eres.
 

 


Ya no hay ningún funcionario provincial que niegue el intento re-reeleccionista de Sergio Casas. Los matices pasan por el camino a tomar: la enmienda o la interpretación de la Constitución.


 

No hay Plan B
Ya no hay ningún funcionario provincial que niegue el intento re-reeleccionista de Sergio Casas. Los únicos matices que existen pasan por el camino a tomar: la enmienda constitucional o la interpretación del ya famoso artículo 120 de la Constitución provincial.

En la Casas de las Tejas creen que el camino más sencillo (por el poco tiempo que demandaría y el menor costo político que implicaría) es la interpretación constitucional, pero admiten que esa opción terminará inevitablemente en la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, nadie pasa por alto el proceso que vivió Santiago del Estero cuando el gobernador Gerardo Zamora intentó reinterpretar la Constitución santiagueña.

Es por ello que en los últimos días un importante estudio jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió una llamada que tenía en el número de origen el prefijo 0380 y que quería comenzar una consulta informal sobre cómo representar al oficialismo en una hipotética instancia judicial de este tipo.

Más allá de que sea por enmienda o por interpretación judicial, la definición más importante que tomó el casismo es que no tienen “Plan B”, es Casas o Casas. 

Hoy el peronismo no trabaja por la candidatura de nadie más y ésa decisión que originalmente es política partidaria, terminará siendo la que condicionará la realidad institucional de los próximos meses en la provincia de La Rioja. 

En la oposición creen que el oficialismo se está suicidando políticamente y no piensan dejar pasar la oportunidad.

En las próximas horas se viralizará un video en las redes sociales riojanas con imágenes del 10 de diciembre de 2015, donde en plena asunción de su cargo de Gobernador, se ve al propio Sergio Casas reconociendo que no podrá buscar un nuevo mandato y que en 2019 deberá entregar el mando gubernamental a otra persona.

En “Cambiemos”, en “Encuentro por La Rioja” y hasta en el bederismo hay una coincidencia central: el error del oficialismo es que si el Gobernador busca la re-reelección, en la campaña no se hablará de la situación económica nacional, sino que se debatirá centralmente sobre institucionalidad y respeto a la Constitución.

Un escenario ideal para que la oposición se posicione sin pagar los costos políticos de los desatinos que se están diagramando en la economía nacional.

De la mano de esa definición sobre la búsqueda de la re-reelección o no de Sergio Casas, en las últimas horas se instaló el debate por el cargo de Secretario General y Legal de la Gobernación.

Desde el retorno de la democracia ese puesto se transformó en un elemento clave del armado interno del poder político en la Casa de las Tejas.

En estos años existieron diferentes versiones de Secretario, algunos con un perfil político más alto (Alberto Paredes Urquiza en el último gobierno de Luis Beder Herrera), otros con un rol más técnico (Juan Luna Corzo en el inicio de los "Beder Boys") y operadores políticos más sigilosos (como Roberto Catalán en la última etapa de Ángel Maza).

Con mucha presencia, conocidos o pasando desapercibidos, en todos los casos siempre se trató de un cargo que estuvo en manos de personas de muchísima confianza del inquilino de turno del principal despacho de la Provincia.

Gastón Mercado Luna es hoy un hombre con dos cargos en dos funciones del Estado diferentes, porque además de ser Secretario general de la Gobernación está designado como Juez del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia.

El cargo que dejará vacante Mercado Luna es objeto de una fuerte puja interna dentro del propio Gobierno, una disputa cuyo resultado marcará el perfil que el gobernador Sergio Casas le quiere dar al final de su gestión.

La primera duda es cuándo Mercado Luna asumirá como miembro del máximo organismo de la Justicia provincial. En Tribunales mencionan los próximos 20 días como la fecha tope para su llegada, que completaría el TSJ por primera vez en años. Sin embargo, en la Casa de Gobierno tienen otro almanaque.

La demora en la asunción del funcionario tiene como única motivación la realidad política del oficialismo, Casas quiere a Mercado Luna apuntalando su gestión en esta etapa definitoria.

Cuando finalmente Mercado Luna asuma, comienza otra pelea: su reemplazante será una figura técnica que se limitará a controlar los decretos que el Gobernador firma (en ese caso suenan los nombres de la Asesora General de Gobierno Analía Porras y el de la Directora de Gestión Pública Magdalena Azcurra como principales opciones) o en ese despacho se instalará alguien que se transforme en el nuevo operador político del casismo (Fernando Rejal, Alejandra Oviedo o un diputado provincial que proponga el bloque Justicialista son las alternativas más mencionadas).

¿Un técnico o un político? La respuesta no es sencilla, tampoco es menor por sus consecuencias. La determinación que se tome esconde quién gana la puja dentro del gabinete y que tipo de perfil tendrá la etapa final de esta gestión de Sergio Casas.

Es ahora
El intendente de la Capital, Alberto Paredes Urquiza, repite en privado lo mismo que en público: quiere pelear la gobernación el próximo año, no hay otra opción en su mente.

En sus ya habituales recorridas por el interior provincial, el propio Jefe comunal dijo en diferentes medios de comunicación que pretende una interna con el radicalismo, que no aceptará la vicegobernación y que tampoco peleará por un nuevo mandato en la intendencia. Lo repitió este fin de semana cuando reunió a su tropa política en la explanada del Palacio municipal. 

En el paredismo se ilusionan con una interna contra Julio Martínez para definir al postulante del espacio opositor. "Se lo dejamos en claro al ministro Frigerio, nosotros queremos interna y si no hay interna nos cortamos solos y peleamos la gobernación como Encuentro por La Rioja", dicen en el piso más alto del nuevo edificio municipal, en donde aseguran tener encuestas que avalan su ilusión.

Mientras tanto, en "Fuerza Cívica Riojana" descartan de plano la posibilidad de una interna.

Los radicales entienden que la candidatura a gobernador del senador nacional Julio Martínez ya está instalada en la sociedad y que la alternativa de un comicio con el paredismo solamente redundaría en beneficios para el peronismo provincial.

"Para nosotros Paredes Urquiza está alardeando, es correcto lo que hace en términos políticos, presiona y después se sentará a negociar. Todos sabemos que juntos tenemos muchas chances de ganar y que separados nos podemos quedar los dos sectores sin nada", afirman en el Comité de la calle Bazán y Bustos.

El paredismo prepara el próximo 17 de octubre un acto que será una mixtura de peronismo y nuevas formas comunicacionales. Se imaginan que el desgaste del peronismo por las tres décadas de Gobierno y la caída en la imagen de Julio Martínez por la crisis nacional, los posiciona en un lugar ideal para ocupar "la ancha avenida del medio".

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