La columna de Mattias Meragelman | 04 de NOVIEMBRE de 2018 | 06:11

No los une el amor

En el peor momento de la relación entre el paredismo y “Cambiemos”, la posibilidad de una re-reelección del Gobernador los unificó en una estrategia. Mientras tanto, el oficialismo modificó el 840, una medida no exenta de cierta interna. 

La decisión del intendente Alberto Paredes Urquiza de ratificar su aspiración de ser electo gobernador de la Provincia en los comicios del próximo año y la definición en el mismo sentido del senador nacional Julio Martínez, había llevado al armado opositor a un callejón sin salida.

Aunque los contactos entre los operadores políticos de ambos espacios eran constantes, todos coincidían en la existencia de intereses antagónicos que no dejarían conformes a ambos sectores en la aspiración de ocupar el lugar preponderante en las listas del 2019.

Sin embargo, la posibilidad de que el Gobierno provincial avance hacia un intento de re-reelelegir a Sergio Casas como Gobernador, provocó una foto que era difícil de pensar semanas atrás.

El jurista Ricardo Gil Lavedra y el ex pre-candidato presidencial Ernesto Sanz, fueron el eje de una reunión en la cual estuvieron presentes el senador nacional Martínez, su par Inés Brizuela y Doria, la presidenta del Comité Capital de la UCR Cristina Salzwedel, el diputado nacional Héctor Olivares, y por el paredismo el diputado provincial electo no asumido Felipe Álvarez y el secretario de Hacienda comunal José Martínez.

El encuentro giró en torno a dos ejes: el contenido del artículo 120 de la Constitución provincial y el peso del antecedente del caso Santiago del Estero, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación le negó la posibilidad de presentarse como candidato a Gobernador al por entonces mandatario provincial Gerardo Zamora.

Durante el encuentro, Gil Lavedra -ex ministro de Justicia de la Nación durante la presidencia de Fernando De la Rúa e integrante de la Cámara que juzgó a las Juntas Militares en 1985- se mostró dispuesto a ser el representante legal del espacio en futuras presentaciones judiciales contra el intento re-reeleccionista.    

En este sentido, también quedó claro que el tema debía llegar lo más rápido posible a los máximos estrados federales. “En el caso Santiago del Estero se fue directamente a la Corte Suprema de la Nación, para evitar el proceso de demora que podía implicar la justicia santiagueña. Acá pasaría lo mismo, vamos a buscar llegar directamente a la Corte para evitar que lo demoren en la Justicia riojana”, coincidieron los presentes luego de la reunión.

¿Hay chances de que este encuentro sea el paso previo a un acuerdo electoral? Por ahora no. Hoy nadie está dispuesto a ceder la postulación a Gobernador ni tampoco se ve cercana la posibilidad de una interna electoral que defina candidaturas. 

Sin embargo, se retomó una estrategia en común en el tema judicial. Un paso impensando semanas atrás y que deja abierto el margen para algún tipo de alianza a futuro.  

Desde el peronismo el discurso es otro.

En las últimas horas el ministro de Gobierno Alejandro Moriconi, su par de Producción Fernando Rejal y el secretario de relaciones institucionales Ariel Puy Soria, aseguraron que no hay ningún elemento jurídico que le impida a Sergio Casas presentarse como candidato el próximo año. Los funcionarios sugirieron que no es necesario ni siquiera interpretar la Constitución, que Casas ya se encuentra habilitado para postularse.

Inclusive, el gobernador Casas dejó abierta la posibilidad: “Me manejo con prudencia y respeto. No lo pensé aún. Tengo un mandato y quiero cumplir con la gente. Luego, Dios dirá", respondió el Gobernador en declaraciones que publicó el portal Riojavirtual.

Más allá de lo legal, en el peronismo hay dos datos que entusiasman desde lo político.

El primero de ellos es que todas las encuestas -incluidas las de la oposición- dicen que Sergio Casas comienza el final de su Gobierno con una imagen positiva alta. La cifra varía entre una medición y otra, pero en todos los casos siempre su imagen positiva es mayor que la negativa.

El otro punto es que el oficialismo realizó una medición de opinión pública sobre más de 600 casos en la Capital –el distrito electoral que viene siendo más reacio al peronismo en los últimos años-y el nivel de rechazo a una reelección es tan alto como su nivel de aceptación. Entienden en la Casa de las Tejas que es un buen punto de partida.

De la mano de ese elemento, interpretan que el costo político que se pagaría por dejar de lado el compromiso que el propio Casas asumió públicamente al jurar en diciembre de 2015, no sería tan alto.

Mientras tanto, los diputados provinciales Teresita Madera y Ricardo Quintela dijeron que si Casas no se presenta como postulante, ellos quieren ir a una interna para definir el candidat@ a Gobernador@.

En cualquier partido político una declaración de este tipo puede ser una afirmación más, pero en un movimiento caracterizado por el verticalismo como es el peronismo, esas aseveraciones son de una significación diferente. No todo el Justicialismo está convencido del intento re-reeleccionista, hay varios que en privado afirman que sería un error político grave.

El próximo viernes el quintelismo prepara un gran acto en la zona Oeste de la Capital. Al evento fue invitado el gobernador Sergio Casas, y el espacio del diputado provincial buscará volver a movilizar la tropa y marcar la cancha en su propio territorio político.

En el sector del ex Intendente aseguran que no sacarán los pies del plato y que esperarán a conocer dónde termina el proyecto re-reeleccionista antes de definir su propia estrategia. Algo parecido piensan alrededor de Teresita Madera.  

Comienzan a moverse diferentes fichas y en los próximos meses el sistema político riojano estará atrapado por el debate sobre el artículo 120 de la Constitución provincial, la palabra reciprocidad y las presentaciones judiciales.

 


El 840 se va porque el Gobierno determinó tener un gesto político hacia un sector de la clase media riojana que lo cuestionaba. Nunca el Poder Judicial se expresó sobre el tema. 


 

Marche demorado
Luego de tres años de polémicas y debates, el Gobierno reglamentó de manera diferente la ley 9707 que regulaba el famoso decreto 840.

La nueva norma determina que la persona que se detecte manejando un vehículo habiendo consumido alcohol, quedará demorada por un máximo de 12 horas en una comisaría y no será trasladada a la alcaidía.

La reglamentación también tuvo su costado político.

La medida fue anunciada de manera sorpresiva por el ministro Alejandro Moriconi el sábado pasado, éso ocurrió pocas horas de que los diputados Teresita Madera y Ricardo Quintela anticiparan que en Diputados se trataría un proyecto de modificación de la misma norma. Quedó claro que el Ejecutivo no trabajó coordinadamente con el bloque oficialista en este tema.

Más allá de las idas y vueltas, el decreto 840 ya no será lo que era, porque los demorados podrán retirarse de la comisaría apenas se presente un familiar o persona que se haga cargo de ellos. De esta manera, quedaría atrás uno de los aspectos más controversiales de la norma: la privación de la libertad y la detención por autoridades no competentes, sin posibilidad de ejercer el derecho de defensa.

El 840 se va de nuestras vidas habiendo expuesto durante poco más de tres años un exceso del Estado, con claras manifestaciones de inconstitucionalidad y con un silencio del Poder Judicial que es preocupante.

Desde el año 2015 se aplicó un norma que ningún jurista se animó a defender en sus aspectos legales públicamente. Sin embargo, nunca un tribunal riojano declaró su inconstitucionalidad.

El 840 se va porque el Gobierno determinó tener un gesto político hacia un sector de la clase media riojana que lo cuestionaba, no se termina porque el Poder Judicial falló sobre el abuso y violación de las garantías constitucionales básicas que representaba. 

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