La columna de Mattias Meragelman | 17 de NOVIEMBRE de 2018 | 20:11

¿Hay vida después del bono?

Teniendo en cuenta el proceso inflacionario de octubre habría que prestar mucha atención al primer trimestre del año que viene cuando el bono deje de pagarse. La interna del Pro sumó nuevos elementos escandalosos y el Gobierno continúa trabajando para que "Sergio siga".   
 

En la Casa de Gobierno de la provincia de La Rioja prima la buena onda. El círculo de asesores más cercanos al gobernador Sergio Casas destaca que el aumento del 16% "cayó bien" en la población e interpretan que el impacto del bono de diez mil pesos en dos cuotas superó las expectativas y posicionó al oficialismo en un buen escenario político.

En el casismo celebran dos elementos: el primero fue el factor sorpresa, hay miembros del propio gabinete provincial que juran haberse enterado durante la conferencia de prensa el monto final del extra de fin de año. Mientras que el segundo punto considerado es que La Rioja y Santiago del Estero son las dos provincias que otorgaron beneficios más altos en este ítem salarial de fin de año.

Sin embargo, es necesario ir más allá del impacto del bono a corto plazo y especialmente analizar qué ocurrirá en febrero cuando deje de implementarse.

En la semana que pasó el INDEC publicó los datos inflacionarios y los números alarman. En octubre en La Rioja la inflación fue del 5,3%, mientras que en los primeros diez meses del 2018 llegó al 40,1% y entre octubre del 2017 y el mismo mes de éste año la cifra ya alcanza interanualmente una suba del 45%.

Con esos números, todos los economistas coinciden en que la inflación de este año superará el 45% y será la más alta desde 1991, cuando el gobierno del ex presidente Carlos Menem implementó la convertibilidad. 

En ese contexto, el Gobierno provincial otorgó un incremento a sus empleados del 35,8% acumulado en el año, que se complementa con el bono de 10 mil pesos en dos cuotas que se cobrará en diciembre (con el sueldo de noviembre) y en enero (con el salario de diciembre).

El análisis económico es bastante sencillo: cuando el bono se deje de cobrar en el primer bimestre del próximo año, los trabajadores estatales riojanos estarán más de 10 puntos por debajo del proceso inflacionario. El poder de compra del sueldo de un empleado público habrá sido fuertemente erosionado.

Por ahora, en el Gobierno niegan cualquier posibilidad de que la medida excepcional tenga continuidad en el tiempo. Aunque admiten que el próximo año deberán sentarse a negociar nuevamente sobre lo haberes en los primeros tres meses de 2019.

Lo que desorientó a la administración de Sergio Casas fue el tema docentes. El Gobierno esperaba resolver la mesa salarial con cierta celeridad, pero los gremios no están de acuerdo con la propuesta de 2.500 pesos por cargo y apuestan a una suba al básico por encima del 16% que ofrece Educación.

La negociación seguirá la próxima semana, pero viene más trabada de lo que se imaginaban en los despachos oficiales.

Está claro que el oficialismo apostó a días de anuncios.

En este sentido, la semana cerró con la implementación de un paquete de medidas financieras para las Pymes y la fecha de la audiencia pública para determinar futuras subas del precio de la tarifa de energía de la prestataria EDELaR.

En el caso del sector privado, el Gobierno determinó con el Banco Rioja un plan de casi 100 millones de pesos, en el cual las empresas podrán adquirir hasta un millón de pesos con una tasa del 29% (en el mercado supera ampliamente el 60%) y varios meses de gracia en los pagos.

Sin embargo, el dato más importante del anuncio pasa por el destino del dinero. El préstamo se podrá destinar a pagar salarios, medio aguinaldo, deudas previsionales o cualquier necesidad financiera que la empresa tenga. La amplitud de su destino cayó bien en el sector empresarial.

Lo de EDELaR es más complejo.

El Ministerio de Infraestructura determinó convocar a una audiencia pública el próximo 21 de diciembre para determinar futuras subas en el precio de la tarifa. Un viejo reclamo de diferentes agrupaciones de consumidores de la Provincia era conocer la composición del cuadro tarifario de la entidad eléctrica, algo que se podría conocer en este debate.

Pero la pregunta que surge es un poco obvia: si ahora es necesaria realizar una audiencia pública para determinar el precio de la tarifa, cómo antes no fue obligatoria su realización para conocer cuánto podía cobrar la empresa prestataria de la energía en todo el territorio provincial.

En el Gobierno aseguran que EDELaR no aumentó sus precios desde el año 2015, que solamente trasladó los incrementos que se iban generando en las etapas de transporte y generación del sistema eléctrico argentino. "Ahora se va a discutir el precio que directamente cobra EDELaR como distribuidora, por éso ahora sí se convoca audiencia y antes no", justifican en el Ministerio de Infraestrctura.

La realidad es que se va a realizar un proceso que indudablemente le dará transparencia al cobro de la energía, pero que ya debería haberse concretado mucho tiempo antes si la intención era conocer los números de la empresa. No es casual que el propio Gobierno haya encargado hace un par de meses una auditoría interna en EDELaR y de la cual todavía no fueron presentados los resultados.  

La inflación golpea, el sector privado sufre la baja en las ventas y el Gobierno reaccionó con medidas que potenciarán el consumo. La duda es qué pasará dentro de tres meses, cuando el bono ya no exista. 

 


La pelea del Pro con el paredismo está atentando contra las chances de una oposición unida en 2019 para enfrentar al peronismo. 


 

Sin opciones
El casismo no tiene “Plan B”, en todo caso lo que duda es cómo implementar el Plan “A”.

La primera -y por ahora única opción del peronismo provincial- es que Sergio Casas no tome en cuenta su compromiso de diciembre de 2015 y que se presente nuevamente como candidato a Gobernador en las elecciones del próximo año.

En ese sentido, el oficialismo tiene dos opciones: judicializar el artículo 120 de la Constitución provincial y preguntarle a la Justicia si cree que ese texto limita un nuevo mandato del sauceño o avanzar hacia una enmienda constitucional que determine cambios en la Carta magna y habilite claramente un nuevo periodo casista.

La opción judicial terminaría en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La oposición se ilusiona con ese camino, porque están seguros que el antecedente del proceso eleccionario en Santiago del Estero haría caer la intentona re-reeleccionista. Sin embargo, en el peronismo recuerdan los fallos en los cuales el máximo organismo judicial del país optó por no meterse en los conflictos provinciales.

Pero hay otra opción que suma adeptos por estas horas: la enmienda. “Nada hay más democrático que el voto, hacemos una enmienda, los diputados la aprueban y la gente vota”, razonan en el gabinete. El artículo 177 de la Constitución provincial también comienza a ser importante.

En el peronismo no hay “Plan B”. Hay dirigentes que por lo bajo siguen cuestionando el intento re-reeleccionista y sostienen que la apuesta política pone en riesgo el triunfo del peronismo en 2019, pero en público nadie dice nada y “Sergio sigue” adelante con su idea de quedarse cuatro años más.

Procaces
La interna del Pro sumó esta semana nuevos elementos escandalosos.

Por el momento la Justicia electoral no determinó si la lista del concejal Renzo González tiene razón y le “compraron” un fiscal en San Blas de los Sauces o si el espacio del diputado Julio Sahad está en lo cierto y hubo participación de elementos públicos del municipio capitalino en los comicios del pasado 4 de noviembre.

Lo nuevo fue la viralización de audios en los cuales se escucha a supuestos referentes municipales diagramando la estrategia para que el paredismo influya en el resultado electoral y perjudique al sector de Sahad, para de esa manera forzar al Pro a una alianza con “Encuentro por La Rioja”.

Más allá de que las voces en los audios son bastantes reconocibles, el camino judicial pasará por otro lado.

No es delito decir que uno apoya a una lista o a otra en la interna de un partido del cual no es parte, la tipificación del delictual aparecería si se comprueba la utilización de bienes del Estado para tareas políticas partidarias que no tienen relación con la vida institucional de la comuna riojana.

En Tribunales creen que el proceso judicial en sí mismo no avanzará mucho más allá de resolver quién ganó o quién perdió los comicios, aunque las fuentes consultadas reconocen que con la Justicia riojana nunca se sabe. 

Sin embargo, el problema político es más profundo.

La relación entre el paredismo y el sector que conduce el Pro de la mano del diputado nacional Julio Sahad nunca fue buena, pero después de las denuncias de las últimas horas aparece en un punto sin retorno. Cuesta imaginar que compartan el próximo año una alianza electoral.

La interna del Pro expuso al partido del presidente de la Nación en las mismas prácticas políticas que supuestamente vino a combatir y la visibilización de la pelea con el paredismo está atentando contra las chances de una oposición unida en 2019 para enfrentar al peronismo.

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