La columna de Mattias Meragelman | 09 de DICIEMBRE de 2018 | 07:12

Esconder la basura

La causa Girsu y la denuncia por desobediencia contra los concejales son etapas judiciales de la interna del peronismo. Los procesos legales y las necesidades políticas son dos caminos que deben correr en paralelo, pero que se cruzan en la previa de los años electorales.

"El riesgo que hay cuando se judicializa la política es que se politice la justicia. Se empieza a interpretar todo como si uno estuviese jugando políticamente”, dijo hace unos años Raúl Eugenio Zaffaroni, cuando todavía era miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El proceso político riojano mostró esta semana –y repetirá en las próximas- la judicialización de varios de los procesos internos del peronismo, provocando que la agenda política quede más marcada por los tiempos de los Tribunales que por los de las políticas públicas y los votos.

Desde hace varios años el Concejo Deliberante de la Capital no es la principal expresión de los problemas de la ciudadanía capitalina, sino que se ha transformado la mayoría de las veces en la manifestación de los procesos internos de la política provincial. En numerosas oportunidades los concejales no votan enfrentados por ideas relacionadas con la dinámica de la ciudad, sino influenciados con las circunstancias que sus respectivos sectores políticos atraviesan.

En los últimos días la causa por el incumplimiento del fallo judicial por la asunción del concejal electo Alfredo Menem y la denominada Girsu, por la inversión de fondos nacionales en el tratamiento de residuos, fueron la expresión política de procesos judiciales que son usados con intereses político/partidarios en la interna.

La Justicia electoral determinó hace varios meses que Alfredo Menem debe ser el concejal número 15 del Concejo Deliberante de la Capital. Esa decisión fue el resultado del derrotero de la postulación a diputado provincial del por entonces vice intendente Felipe Álvarez  y de la asunción del concejal Oscar Luna en el cargo que dejó Álvarez.

Sin embargo, el cuerpo de concejales consideró que tenía la facultad de aceptar o no la resolución judicial, y por ello Menem lleva varios meses reclamando asumir como edil antes que termine en diciembre del próximo año el mandato para el cual fue votado.

La decisión de la mayoría del cuerpo de no dejar asumir a Menem -mayoría que en su momento integraron paredistas y radicales, pero que hoy no está tan claro con cuántos votos cuentan en este tema- provocó que ante la Justicia se denunciara a ocho ediles por desobediencia judicial.

Esa causa tendrá novedades en la semana que comienza porque nuevamente habrá citaciones a los concejales y al viceintendente Luna.

Sin embargo, el punto más álgido de ese proceso puede estar a futuro: en Tribunales varios juristas interpretan que la desobediencia puede terminar en una sanción que les impida a los ediles denunciados participar políticamente en el proceso electoral del próximo año. 

Varios de esos legisladores tienen aspiraciones concretas en los comicios que se vienen y la resolución judicial de este tema los puede complicar e impedirles ser candidatos. Si pasan de imputados a procesados no podrán ser candidatos. 

No fue casual la respuesta mediante conferencia de prensa que realizaron desde el paredismo. Ante los medios de comunicación denunciaron intromisión del Poder Judicial y sacaron nuevamente a la luz la denominada causa Girsu, además de solicitar una sesión para destituir al concejal Carlos Machicote y pedirle a la Cámara de Diputados que haga lo mismo con el legislador provincial Ricardo Quintela.

El Juez Federal Claudio Bonadío investiga desde hace casi tres años los proyectos de mejoramiento de tratamiento de los residuos sólidos que fomentaron desde la Jefatura de Gabinete de ministros durante el kirchnerismo. El Juez Federal investiga a más de 200 comunas en todo el país, entre ellas la de Capital durante la gestión del ex intendente y actual diputado Quintela.

Por ahora Bonadío no fue más allá de los roles de Juan Manuel Abal Medina, Aníbal Fernández y Jorge Capitanich cuando fueron Jefes de gabinete de las presidencias de Cristina Fernández. Sin embargo, la actual gestión del municipio capitalino le pidió al magistrado presentarse como querellante en la causa, algo que Bonadío todavía no resolvió.

En el Palacio municipal Juan Ramírez de Velasco aseguran que hay varios elementos para investigar: denuncian que existirían 1,5 millones de pesos que no fueron rendidos, sostienen el supuesto faltante de una maquinaria comprada en el marco de ese proceso de mejoras y advierten que se habría pagado una capacitación por 500 mil pesos que nunca se realizó.

Este último punto sería el que más interés despertaría en Comodoro Py. En el Juzgado de Bonadío quieren saber quién era el abogado que debía capacitar a los empleados municipales y si como denuncian en la gestión actual esa capacitación nunca existió. El dinero de esos recursos es objeto de múltiples versiones.

Esta semana el diputado provincial Quintela brindó una entrevista a Radio “La Red” en donde negó todas las denuncias. El ex jefe comunal aseguró que no está imputado en la causa y que jamás fue citado, ambos datos son reales porqué hasta el momento no es parte en esos términos del proceso judicial.

Otro elemento para seguir con mucha atención es el rol de los organismos de contralor.

En la conferencia de prensa que los concejales paredistas brindaron, denunciaron que el ex intendente Quintela presentó ante el Tribunal de Cuentas municipal las rendiciones de cuenta de su último año de Gobierno, pero que todavía no fueron aprobadas.

Hace tres años que el quintelismo se fue del Palacio Juan Ramírez de Velasco y todavía no sabemos formalmente si actuó correctamente o no en el manejo de su último año de Gobierno.

Sin embargo, el dato es más alarmante si se lo extiende en el tiempo. En todos los ámbitos del Estado riojano (provincial o municipal) en las más de tres décadas desde el retorno de la democracia, no son numeros los funcionari@s condenad@s judicialmente por una causa originada en un expediente de los organismos de contralor.

Caben dos posibilidades: o los funcionari@s y ex funcionari@s no cometieron errores en la administración de los recursos que impliquen una condena judicial o no se avanzó plenamente en la investigación de su accionar en la función pública.

 


Los casos de legisladores y concejales electos pero no asumidos se repiten, en una constante que horada el sistema de representación. 


 

Justicia sí, partidismo no
El sistema político riojano está golpeado porque la sociedad desconfía de su clase dirigente, esa crisis de representación se visibiliza cotidianamente en cualquier charla de café o reunión familiar donde los comentarios sobre el funcionamiento del sistema democrático riojano son negativos.

Sin embargo, en estos procesos que se viven en los últimos meses se corre el riesgo de dar un paso más y potenciar ese distanciamiento con la sociedad.

En La Rioja en los últimos años el diputado provincial electo por Arauco Gustavo Minuzzi no pudo asumir, el legislador provincial electo por Capital Felipe Álvarez sigue reclamando su banca y el concejal votado por Capital Alfredo Menem continúa esperando sentarse como edil número 15.

Más allá de las acusaciones en cada caso y de lo que el lector pueda pensar personal o políticamente de cada uno de ellos, hay un dato concreto: los votaron pero no asumieron.

En todas las situaciones la Justicia deberá investigar todo lo que corresponda y llegar hasta las últimas consecuencias, pero mientras tanto nuestros representantes en el Concejo Deliberante y en la Cámara de Diputados están tomando una decisión que implica el riesgo de dejar de lado un derecho político esencial: el de elegir y ser elegido. 

  

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