Policiales | 09 de OCTUBRE de 2019 | 13:10

Piden el apartamiento del jefe de la Policía Marcelino Elizondo por una causa de violencia de género

La denuncia judicial la radicó en abril la ex pareja de Elizondo. La Justicia dispuso una medida perimetral pero la querella denunció que el jefe policial violó la orden de restricción con hostigamientos y amenazas a la mujer y a los hijos de ésta. "Este es también un caso de violencia institucional. Hay una gran violación del Estado provincial a los derechos humanos de las mujeres", afirmó Marianela Flores Díaz, abogada de la víctima. 

El jefe de la Policía de la Provincia, Marcelino Elizondo fue denunciado en la Justicia por violencia de género y en ese marco la querella solicitó el apartamiento del funcionario de su cargo.

Marianela Flores Díaz, abogada de la víctima denunciante, informó que la causa por violencia de género contra Elizondo se inició en abril pasado y agregó que desde entonces a la fecha, el jefe policial violó de manera reiterada las medidas de restricción de acercamiento a la víctima que dispuso la Justicia.

La mujer denunciante es la ex pareja de Elizondo y la causa está radicada en el Juzgado de Violencia de Género a cargo de la jueza Gabriela Asís. Elizondo está acusado del delito de coacción en concurso real y lesiones leves agravado por el vínculo. 

"La causa se inició en abril y se lleva adelante ante el Juzgado de Intrucción de la doctora Gabriela Asís, quien dispuso el cese del hostigamiento y la prohibición de acercamiento del agresor a la víctima. Hubo violaciones a la perimetral que tenía Elizondo con la víctima por lo que se ha procedido a la presentación de una medida cautelar para que se cumpla con la restricción y para que Elizondo sea apartado de su cargo porque no puede seguir desarrollando funciones como funcionario policial y utilizando las herramientas del Estado para usarlas y hostigar a la víctima en razón de la violencia de género", relató en La Mañana de La Red, Flores Díaz.

La abogada dijo además que pese a la orden perimetral que pesa sobre Elizondo, el funcionario "siguió con el hostigamiento". "Tres veces ya se denunciaron amenazas, intimidación y hostigamiento luego de la medida de restricción dispuesta por la doctora Asís. Es decir que hay incumplimento de una orden judicial y quien la incumple es un funcionario público que sabe las nomas y que conoce perfectamente el alcance de una orden judicial", afirmó.

Flores Díaz brindó detalles respecto a las tres denuncias que pesan sobre Elizondo. "La primera se presentó en abril cuando se denunció violencia de género mientras que las restantes se hicieron ante las amenazas de Elizondo contra la víctima. Las amenazas fueron en 16 de agosto y 3 de septiembre. Y la ultima amenaza fue la de atentar contra la vida de los hijos de la mujer, esa fue el 27 de septiembre", detalló la letrada. 

 


"Lo grave de este caso son las violaciones que el Estado provincial, en cabeza de un funcionario público, en este caso de un jefe policial, perpetra en contra de las mujeres", dijo Marianela Flores Díaz.


 

Flores Díaz subrayó que la gravedad del caso reside en que quien tiene que garantizar la seguridad de las mujeres utiliza el aparato institucional para violar las normas y cometer actos y hechos de violencia de género". "Lo grave de este caso son las violaciones que el Estado provincial, en cabeza de un funcionario público, en este caso de un jefe policial, perpetra en contra de las mujeres", señaló.

En este punto, la abogada agregó que "el Estado nacional, provincial y municipal de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos tienen un compromiso internacional de garantizar una vida libre de violencia a todas las mujeres". "Si el Estado Provincial no garantiza la integridad física de la víctima y de sus familiares, vamos a llevar el caso ante la Corte Interamericano de Derechos Humanos para que sancione al Estado Provincial. Este es un caso también de violencia institucional y debe ser también evaluado de ese modo", advirtió. 

La abogada de la denunciante, recalcó además que en la medida cautelar se pidió a la Justicia "que se garantice la seguridad de la mujer y que la Jueza disponga el apartamiento del cargo de sus funciones". "Una mujer, cualquier mujer, si es víctima ante una situación de violencia de género lo primero que hace es llamar a la Policía. En este caso, quien va a llegar a su domicilio -si es que llega- es personal subordinado del jefe de policía que es quien comete los hechos de violencia. Estamos ante una aberración absoluta y una violación inaceptable a los derechos humanos de las mujeres", aseguró.

Asimismo, Flores Díaz añadió que también se pidió a la Justicia que se libre un oficio al Ministerio de Gobierno para que se proceda al apartamiento de Elizondo de su cargo y que se inicie el sumario correspondiente. "No podemos tolerar que tengamos funcionarios que violen las leyes de protección a las mujeres, menos aún aquellas personas que tienen un arma reglamentaria en su poder. Es un caso muy delicado y de potencial riesgo. Es una gran violación del Estado provincial contra los derechos humanos de las mujeres", concluyó.

prevencion salud

Quick Lane
Osunlar
Unlar