La columna de Mattias Meragelman | 13 de OCTUBRE de 2019 | 07:10

Precarizados, el principal problema del próximo Gobierno

La palabra precarizado estará presente de manera ineludible en la agenda mediática y política de los próximos cuatro años. Números, responsabilidades y usos políticos de un tema crucial en las políticas públicas que se vienen. 

Más allá de quien se imponga en los comicios dentro de 15 días, la realidad es que la próxima gestión provincial y los gobiernos de los 18 municipios (especialmente en el caso de la Capital), vivirán un escenario muy complejo en relación a la precarización laboral que miles de trabajadores estatales enfrentan hoy.

La palabra precarizado estará presente de manera ineludible en la agenda mediática y política de los próximos cuatro años y cómo resolverlo marcará en gran parte el destino de las administraciones que comenzarán o recomenzarán el 11 de diciembre.

El Estado desarrolló numerosas formas de vínculos labores. Existen contratos que llevan años renovándose, guardias eventuales, Promotores, Becarios, Pasantes, Programas sociales, Tutorías y numerosas denominaciones para miles de personas que cumplen tareas en la función provincial y los municipios, pero que no gozan de estabilidad laboral ni de los derechos constitucionales que un empleo en relación de dependencia incluye.

Hoy no existe una cifra exacta sobre la cantidad de trabajadores precarizados que tienen un vínculo con el Estado, y quizá allí esté el primer dato preocupante de este problema.

Hace un año y medio, el por entonces ministro de Hacienda Ricardo Guerra, estimó públicamente en 30 mil las personas que tenían algún vínculo laboral con el Estado. Para realizar esta nota consulté a varias fuentes en el Gobierno y mencionan una cifra que oscila entre los 20.000 y los 30.000 empleados en esas condiciones.

Esa diferencia también incluye distinciones sobre qué es un precarizado y qué no, por la condición laboral que tiene el/la ciudadan@. Algun@s excluyen a los contratados de esa realidad por considerar que es un vínculo que tiene comienzo y final, pero también es cierto que se generaron contrataciones que llevan años renovándose de manera sistemática y ya la idea de contratación por locación de servicio se desvirtuó.   

Lo concreto es que por lo menos 20 mil personas cumplen algún tipo de tarea en el Estado, cobran una remuneración, pero no le son reconocidos los derechos que el artículo 14bis de la Constitución nacional establece ni tampoco los que marca el artículo 34 de la carta magna provincial. 

Los reclamos de pase a planta se han repetido en los diferentes organismos durante las últimas semanas. Sin dudas el Ministerio de Salud es el caso emblemático (se habla de más de dos mil personas precarizadas solamente en esa cartera), pero también hubo protestas en el Mercado Frutihortícola, Canal 9, la Dard, inspectores de tránsito o en el Canal Municipal, sólo por mencionar algunos.

Cada área tiene su particularidad, pero comparten un denominador común: la inestabilidad laboral y la ausencia de condiciones de trabajo en las cuales se reconozcan plenamente los derechos de los empleados.

Y aquí aparece la cuestión legal. Los trabajadores precarizados no están dentro de un marco jurídico que obligue al Estado a su incorporación a planta permanente.

En el Estado provincial sigue vigente el decreto ley 3870 del último Gobierno militar y esa norma no reconoce ninguna de las formas de contratación que se plantean en la actualidad. Esa regulación determina que en el Estado sos planta permanente o planta transitoria. Pueden existir contratos de locación de servicio, pero ellos no pueden extenderse (como ocurre en la actualidad) por lustros de años y con renovación automática.

Para ser más claros: los precarizados no están bajo un régimen formal y se encuentran en un vacío legal a raíz de que el Gobierno no tiene la obligación según las leyes vigentes de incorporarlos. Es cierto que existen antecedentes jurídicos de fallos de la Corte Suprema de Justicia que determinaron el pago de indemnizaciones a trabajadores informales del Estado nacional, pero nunca le ordenaron a la administración federal que los pasen a planta.  

Por otra parte, un dato central para entender este conflicto es la realidad de los empleados de planta que no se quieren jubilar.

Un informe reservado del Ministerio de Hacienda de los primeros meses del año 2016, contaba que en la planta provincial el 28,6% de los trabajadores ya tenía más de 20 años de antigüedad y que esa cifra implicaba poco más de 11.800 trabajadores. Inclusive, precisaba que ya en el año 2016 existían 9.200 de ellos que tenían más de 50 años de edad.

Es decir que en los próximos años miles de empleados públicos estarán en condiciones de solicitar la jubilación. Sin embargo, la realidad es que hoy no quieren jubilarse y ese rechazo no es antojadizo, es económico.

A pesar de los diferentes mecanismos de compensación que se han implementado, los jubilados estatales riojanos cobran mucho menos dinero que los activos y esa cruda realidad se dispara en tiempos inflacionarios como los que se viven.

Es notorio que los tres principales candidatos a Gobernador (Ricardo Quintela, Julio Martínez y Luis Beder Herrera) pusieron el tema en sus agendas y mencionaron alternativas para incrementar el monto que se paga en concepto de jubilación. Saben que es un problema instalado en sus posibles electores.

 


El próximo Gobernador y las administraciones municipales 2019/2023 tendrán en el trabajador precarizado estatal uno de sus principales problemas. 


 

  • Responsabilidades

Es ineludible que este problema de miles de riojanos que quieren salir de la precarización laboral a la cual los somete el propio Estado tiene una responsabilidad primaria en el Gobierno provincial. El peronismo administra La Rioja hace 35 años y no supieron/pudieron resolver este problema.

Desde el costado económico, se podrá mencionar que esta forma precarizada de trabajo viene funcionando como un elemento de contención social para miles de riojan@s que si no caerían en la indigencia y de esta manera cuentan en sus hogares con un ingreso, pero no se puede pasar por alto que el mismo Estado provincial creó esta realidad de darles un empleo pero en condiciones que no son justas.   

Sin embargo, tampoco se puede ignorar que la gestión de “Cambiemos” le agregó un condimento a ese drama laboral: destruyó empleo privado y cerró la opción no estatal.

Según los datos del INDEC en el año 2016 existían en La Rioja 35.101 trabajadores en el sector privado, empleados que tenían obra social, ART y aportes patronales. Hoy esa cifra según el mismo organismo nacional de estadísticas se ubica en una cifra cercana a los 32.800, y esa medición es del primer trimestre del año. Hoy los números son peores.

Es decir que buscar trabajo en el sector privado no es una opción y la presión por ingresar al Estado provincial para tener un sueldo sigue creciendo. Además, que el empleo informal en el sector privado también es muy alto y solamente en la ciudad Capital supera el 35% de los asalariados.

  • Precariado

Hace un tiempo que en las ciencias sociales se trabaja con una relectura de Marx y se plantea el concepto de “trabajador precariado”.

La definición científica es: “Clase social formada por personas que sufren de precariedad laboral, una condición de existencia sin predictibilidad o seguridad (ni económica, ni temporal, ni social), que afecta tanto al bienestar material como al equilibrio psicológico. El precariado sufre la condición de falta de seguridad laboral, incluyendo el empleo intermitente o empleo insuficiente, escaso, mal remunerado o no remunerado, provocando una existencia precaria en las personas laboralmente precarias”.

El texto -que parece escrito precisamente para La Rioja de estos días- menciona una realidad: los precarizados están pasando un momento de angustia personal de la mano de su incertidumbre laboral. Lo vivido en las últimas semanas con las idas y vueltas alrededor de quien está y quién no en los decretos del Ministerio de Salud es de un nivel de crueldad muy alto.

Está claro que es un problema de recursos y que el Estado no podrá en los próximos cuatro años resolver el drama de la totalidad de las miles de personas que quieren tener garantizados sus derechos, pero también es cierto que el manoseo al cual se los viene sometiendo en algunos casos en la Provincia y en los municipios no es digno.

Aquí también es importante tener claro que algún sector de la dirigencia ha tomado este tipo de vínculo como una forma de clientelismo político, que le permite tener atado su destino al de decenas de personas que dependen laboralmente del funcionario de turno. 

Existen experiencias positivas para solucionar este tema en la propia Provincia. El funcionamiento de la Junta de clasificación de los docentes (con todas sus limitaciones y errores) es una opción para imitar e intentar que la discrecionalidad y los amiguismos no se impongan al momento de solucionar este reclamo de decenas de miles de riojan@s.

El próximo gobernador y las administraciones municipales 2019/2023 tendrán un problema central: la precarización laboral dentro del Estado. 

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