En plena vigencia de las emergencias energética y económica dictadas por el Gobierno nacional, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) autorizó un nuevo ajuste en el transporte eléctrico que afecta de manera directa a La Rioja. A partir de este martes 1 de julio, rige un incremento del 0,32% en la remuneración de la empresa Transportel Minera 2 S.A., operadora de un tramo esencial para el abastecimiento energético provincial.
La decisión se enmarca en una revisión tarifaria quinquenal mecanismo previsto por ley para mantener actualizadas las tarifas según la evolución de los costos y responde a la política del Ministerio de Economía de “corregir los precios relativos de la economía”, en particular aquellos que durante años estuvieron congelados o subsidiados, como el de la energía.
Un tramo clave para la provincia
Transportel Minera 2 S.A. tiene a su cargo la operación de 40 kilómetros de líneas de alta tensión en doble terna de 132 kV, que conectan la Estación Transformadora La Rioja 500/132/33 kV con la línea que une la capital riojana con Patquía. Este tramo es una arteria vital en la infraestructura eléctrica de la región: garantiza el flujo y la estabilidad del suministro en una provincia con condiciones climáticas extremas y creciente demanda residencial e industrial.
Aunque el aumento puede parecer técnico y de bajo impacto inmediato (0,32%), tiene implicancias en toda la cadena de valor: fue notificado no solo a la empresa transportista, sino también a generadores (AGEERA), transportistas (ATEERA), distribuidores (ADEERA), grandes usuarios (AGUEERA) y a CAMMESA, que administra el Mercado Eléctrico Mayorista.
El ENRE aplicó una fórmula basada en indicadores oficiales del INDEC: el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que marcó una deflación del 0,26% en mayo, y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que arrojó una inflación del 1,5%. Combinando ambos índices, con una ponderación del 67% para el IPIM y del 33% para el IPC, se definió el incremento final.
La medida fue formalizada a través de la Resolución 459/2025, en un contexto en el que el Gobierno nacional prorrogó hasta el 9 de julio de 2026 la emergencia energética y hasta el 31 de diciembre de 2025 la emergencia económica, financiera, fiscal, tarifaria y social.
Este tipo de resoluciones, aunque silenciosas y poco visibles para el público general, forman parte de una estrategia más amplia de “sinceramiento” tarifario. Para provincias como La Rioja, donde la infraestructura energética aún necesita inversiones, el equilibrio entre ajuste y sostenibilidad resulta delicado.
