El titular de la oficina regional de Acceso a la Justicia, Guillermo Galván hizo referencia al pedido del Gobierno nacional a los Gobiernos provinciales de subsidiar las tarifas de energía eléctrica y gas para amortiguar el impacto económico en los ciudadanos de bajos recursos.
En ese sentido, el letrado recordó: “Hace más de 7 años que no se hacen audiencias públicas, que es donde se debe determinar cuál es el precio que se debe cobrar en la que se suman tres elementos, la generación de energía, el transportista, y en nuestro caso, la distribuidora EDELAR”.
“Los riojanos desconocemos cómo se compone el cuadro tarifario”, señaló Galván, e indicó: “El año pasado interpusimos los amparos de la misma forma en la que se interpuso a nivel nacional, a través de los cuales la Corte Suprema de Justicia obliga a los Gobiernos a hacer las audiencias públicas”.
En cuanto a la respuesta de la justicia, el titular de la oficina de acceso a la justicia deslizó: “En La Rioja no hemos tenido esa suerte porque los jueces fueron apretados por el poder político, para que no se pueda determinar esta audiencia pública producto de que la provincia había aumentado entre un 30 y un 40 por ciento el costo de la energía”.
“Además del aumento que traía de la nación al haber encarecido la compra de la energía mayorista para todo el país, que fue un error haber encarecido para todas las provincias por igual ya que en el norte somos electrodependientes, en La Rioja no se permitió eso, y ahí entendemos que está la trampa”, manifestó Galván.
Por otra parte, el letrado sostuvo: “El dia que se haga una audiencia pública vamos a determinar cómo el estado provincial a través de su empresa prestataria, y antes, cuando fue privada se quedaban con un porcentaje importantísimo del costo de la energía eléctrica”.
“La nación le va a volver a decir a las provincias que sigue cobrando un canon excesivo e ilegal por la distribución de la energía”, disparó Galván.
Asimismo, el titular de la coordinación regional de Acceso a la Justicia precisó: “Unos analistas económicos que han sumado lo que se pagó en la época del kirchnerismo en materia de subsidios y supera los 110 mil millones de dólares lo que el estado argentino pagó por subsidios a las empresas de gas y de energía eléctrica”.
“Hay una desproporción, no comparto esto del tarifazo absoluto, porque además las empresas con lo que han podido recaudar estos dos años, que han incrementado entre el 1000 y el 2000 por ciento, debieron haber mejorado o habernos explicado en qué están invirtiendo esa plata”, concluyó Guillermo Galván