La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) postergó hasta el 31 de enero de 2020 el plazo de suspensión de las ejecuciones fiscales relacionadas con las deudas de las empresas beneficiarias del Régimen de Promoción Industrial.
En el marco de las gestiones realizadas por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Industria, se logró la prórroga de la normativa que prevé la condonación de las deudas de las empresas beneficiarias del Régimen de Promoción Industrial.
Se incorporó, en el artículo 79 de la Ley del Presupuesto General, una normativa que prevé la condonación de las deudas de las empresas beneficiarias del Régimen de Promoción Industrial de la Ley N° 22.021 y sus modificaciones, generadas hasta el período fiscal 2015, originadas por el usufructo de una cantidad de bonos de crédito fiscal superior a la originalmente reconocida.
El Poder Ejecutivo Nacional, en el año 2017, encomendó al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Producción establecer un procedimiento para otorgar la condonación aludida.
En este sentido aprobaron el procedimiento que deberán observar las empresas beneficiadas por el régimen para solicitar a su favor la emisión del Certificado de Cumplimiento Promocional, previendo como fecha límite para presentar la documentación requerida el día 31 de enero de 2018.
Las razones que fundamentaron la solicitud de prórroga por parte del ministerio de Planeamiento e Industria se deben a demoras en los plazos para la integración de los requisitos vinculados a la solicitud del Certificado de Cumplimiento Promocional y su posterior evaluación por parte de las distintas áreas intervinientes.
Al respecto, el ministro de Industria, Rubén Galleguillo dijo que la prórroga se extenderá hasta el 31 de enero de 2020 "plazo en el cual las empresas tendrán que completar todos los trámites pendientes de resolución en las diferentes áreas tantos administrativas como judiciales, a fines de obtener el certificado de cumplimiento promocional y realizar y completar todas las acciones vinculadas a la verificación de los créditos y los tramites de este proceso”.
En relación a los beneficios que trae aparejado dicha resolución, Galleguillo destacó que muchas empresas "ya tienen avanzado el trámite y están para resolución, pero habida cuenta que se habían vencido los plazos respectivos al 31 de julio del corriente año, había una preocupación latente en este sector”. “Seguramente con este logro se terminará de dilucidar para muchas empresas un tema que por muchos años y décadas pesó como un impedimento para realizar nuevas inversiones y en definitiva para sanear sus balances y sus estados de deuda”, finalizó.