El candidato diputado de la Coalición Cívica (CC) Hernán Reyes presentará mañana una denuncia penal contra la ministra de Desarrollo Social y candidata a gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner por el "incumplimiento del Programa Nacional de Nutrición y Alimentación", más conocida como la campaña "El hambre más urgente".
Reyes aseguró que, a pesar de que se trata de un programa cuyo presupuesto no puede ser modificado por ley, se advirtieron "recortes unilaterales" por parte del ministerio a cargo de la cuñada de la Presidenta por un total de 574 millones de pesos.
"Los datos se desprenden del sitio del Ministerio de Economía y Finanzas" que tienen información actualizada sobre la implementación del presupuesto, explicaron.
"Los fondos destinados al plan son intangibles. Esto significa que el poder ejecutivo no puede modificar el crédito original sancionado por el Congreso de la Nación debido a la prioridad que se le da al programa", recuerda el candidato de la CC en su denuncia.
"Tampoco acompañaron el aumento de los precios del principal componente del programa como son los alimentos", advierte la denuncia.
EL PLAN
El plan había surgido en 2003 como resultado del déficit alimentario producto de la crisis económica y quedó en manos del ministerio de Desarrollo Social. Su objetivo era "financiar acciones tendientes a garantizar la seguridad alimentaria de personas en situación de vulnerabilidad social y propender a asegurar el acceso a una alimentación adecuada y suficiente".
En la denuncia se resalta que la AGN advirtió fuertes déficit en la gestión del programa y señaló, entre otros puntos, que "no hay -de parte del ministerio de Desarrollo Social- una planificación formal de las acciones a realizar" para garantizar la llegada de alimentos a los sectores más vulnerables.
Además, agrega que "la Canasta Básica de Alimentos, con la cual luego se calcula los niveles de pobreza e indigencia, exhibió serias irregularidades desde la Intervención del Indec en el año 2007 y dejo de publicarse desde mediados del 2013".
Fuente: La Nación