La Cámara de Diputado ratificó este jueves el decreto 840 de la Función Ejecutiva.En la sesión la diputada Inés Brizuela y Doria consideró que se trata de un decreto “nulo, de nulidad absoluta”. “No hay ninguna circunstancia que justifique el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia 840” ya que “no es la vía para la cual se han previsto este tipo de herramientas”, expresó. . Indicó que dicho tratamiento se tendría que haber dado en el ámbito parlamentario. Además, agregó que dicha medida está “violando abiertamente garantías constitucionales”, “se está modificando una ley derogada” y recordó que tiempo atrás se aprobó un Código que todavía no fue puesto en funcionamiento. Aclaró que la posición del bloque es a favor de la implementación de políticas que contrarresten los accidentes y las muertes viales, pero exigió que las mismas sean elaboradas con seriedad.
Seguidamente, el diputado Oscar Chamía dijo que “absolutamente para nada se ha violado ningún derecho, ni se han avasallado facultades”. Explicó que “el gobernador (Beder Herrera) ha hecho uso de sus facultades” constitucionales, las que están contempladas cuando se trata de “situaciones especiales o cuando la Cámara está en situaciones especiales”. Reconoció que “las normas son perfectibles”, por lo que propuso “seguir discutiendo, seguir trabajando” en la materia. Finalmente, remarcó que “esta decisión del Gobernador ha sido aplaudida por gran margen de la sociedad”.
Luego, la diputada Alejandra Oviedo respaldó la aplicación de la norma en debate explicando que “es tarea fundamental del Estado el tema de la seguridad” y que por ello “no es excluyente que el titular a cargo del Ejecutivo provincial haga uso de una herramienta otorgada por la Constitución Provincial”. Además, resaltó “el valor de la iniciativa y el resultado” logrado, lo que fue alentado con “el acompañamiento de la gente”.
En idéntica sintonía se manifestó la diputada Florencia López, al acentuar la “legitimación que tiene este decreto y los resultados beneficiosos” que se han conseguido. En respuesta a lo argumentado por Brizuela y Doria, dijo: “en ningún momento se puede hablar de que estamos rigiendo con una ley derogada; al contrario, esta Legislatura dispuso que el Decreto Ley 245 tenga plena vigencia” y consintió que posteriormente “se dictó un Código Contravencional que estamos esperando que se ponga en macha”. Explicó que, mientras tanto, “no se puede esperar que haya víctimas tras víctimas”. “El gobernador de la provincia ha dictado una norma perfectamente constitucional”, redundó; y remató: “no he visto un planteo de inconstitucionalidad de la diputada (Brizuela y Doria) ante la Justicia”.