El municipio de la Capital interpuso esta mañana una acción de amparo en contra del Gobierno provincial "en defensa de la autonomía municipal, por la situación de asfixia financiera que atraviesa la comuna como consecuencia de la retención de fondos que les corresponden a los municipios en concepto de coparticipación federal de impuestos".
La presentación la realizaron este jueves el fiscal Municipal, Pedro Carreño, junto al fiscal adjunto, Gabriel García Cruz, acompañados por el destacado constitucionalista Antonio María Hernández, ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
En la presentación judicial que presentó la comuna, se solicita a la Justicia la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Provincial N° 9782 y se sostiene que esa normativa "es perversa, arbitraria y acentúa el centralismo y la discrecionalidad en la distribución de fondos, producto de la cual resulta la privación de los recursos que le corresponde percibir a los vecinos del municipio de la Capital.
En el amparo judicial se sostiene que de los fondos que ingresan en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos (Ley Nacional N° 23.548) de libre disponibilidad, la Provincia "retiene de manera ilegal, previo a su ingreso a la masa coparticipable, conceptos que denomina 'pre afectaciones', que no son otra cosa que gastos propios de Gobierno provincial, destinados al pago de Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social, aportes al Consejo Federal de Inversiones, cuotas de préstamos, que no deben ser soportados por los municipios".
En el escrito, la comuna afirma que "como resultado de las 'retenciones' que practica el Gobierno provincial, la masa coparticipable sufre de manera ilegal una disminución previa de casi un 20% sobre el total". "Sobre ese 80% restante de fondos que ingresan en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos de libre disponibilidad, nuevamente se retiene un 20%, destinado a la constitución del 'fondo de emergencias, desarrollo y desequilibrios financieros' previsto en la Ley 9782. El monto que queda luego de estas dos retenciones, se distribuye entre la Provincia y el conjunto de municipios de la siguiente manera: 85% para la provincia y 15% para los municipios", agrega la presentación.
A su vez, el amparo destaca que, "según la Ley N° 9782, el 80% de los recursos provenientes de la Ley Nacional 23.548 deberían integrar el Fondo a Coparticipar, pero en realidad y como consecuencia de las 'preafectaciones' y las retenciones mencionadas anteriormente, ese porcentaje alcanza sólo el 64% de lo ingresado". "Finalmente, la Provincia coparticipa a los municipios menos del 9,6% de los recursos federales que recibe, quedando en las arcas provinciales más de 90% de los fondos girados por el Gobierno Nacional", asegura la presentación.
El municipio también señaló en su presentación judicial, que antes de la entrada en vigencia de la Ley 9782 -1º de enero de 2016- la Provincia distribuía entre el conjunto de municipios el 19,4% de los recursos de coparticipación neta, "lo que muestra el claro retroceso en materia de distribución de fondos, y el consecuente avasallamiento de las autonomías municipales".
A su vez, la comuna pone en foco en la falta de información de la Provincia con respecto a los indicadores que fijan el índice de distribución de recursos. "El Gobierno provincial tiene la obligación legal de determinar los indicadores para fijar el índice de distribución a los municipios, y debe actualizarlo anualmente. Pero nunca ha cumplido con ésta obligación y los municipios no cuentan con la información acerca de los parámetros, indicadores, método de cálculo y montos aplicados para la determinación de los fondos que le corresponde percibir", se explica en el escrito.
A su vez, el municipio destacó en su presentación la relación entre la coparticipación de recursos y el pago de sueldos. "En el municipio de la Capital la planta de personal informada a los fines del artículo 10 de la Ley 9782 (a Diciembre de 2014) fue de 3.439 agentes de planta, habiéndose incrementado al término del año 2015 a 5.670 agentes, es decir, un 65% superior a la planta de personal informada a los fines de la Ley de Coparticipación", indicaron.
Reclamo por el Fondo de Financiamiento Educativo
Por otra parte, el municipio también reclama la asignación de recursos provenientes del Fondo de Financiamiento Educativo, dispuestos por leyes nacionales desde 2013.
"A partir del mayo de 2013, las distintas leyes de presupuesto aprobadas por el Congreso de la Nación han establecido la obligación de los gobiernos provinciales de coparticipar de manera automática a los municipios los recursos correspondientes al Fondo de Financiamiento Educativo (creado por Ley Nacional N° 26.075), que el Gobierno nacional transfiere a las provincias. El Departamento Capital brinda servicios educativos a la comunidad tanto de nivel inicial como escolaridad primaria, en total sintonía con lo establecido en la Ley de Financiamiento Educativo Nº 26.075 y la Ley de Educación Nacional Nº 26.206", se explica.
La comuna agrega que "a pesar de la obligación impuesta por las leyes nacionales, el Gobierno provincial no ha cumplido jamás con la coparticipación de estos recursos al municipio de la Capital, llevando acumulado desde 2013 a abril 2021, una suma superior a los $714, 2 millones y que deb8er9h ser transferidos a la municipalidad de la Capital en concepto de Fondo de Financiamiento Educativo".
"Como consecuencia de los actos arbitrarios que denunciamos por parte del Gobierno provincial, el municipio de la Capital está siendo gravemente perjudicado a través de los años, llegando al estado actual en que se ve imposibilitado de realizar adecuadamente sus fines y cometidos, por la falta de los recursos que por coparticipación de impuestos le corresponde recibir en virtud de la Constitución", sostiene el amparo.
El municipio afirma que "los números expuestos ponen de manifiesto de modo incontrastable e incuestionable las inequidades producidas tanto en la distribución primaria entre la provincia y los municipios, como en la distribución secundaria entre los diferentes municipios, concretadas en retenciones ilegítimas y arbitrarias de los fondos que le corresponde percibir al municipio de la Capital en concreta y evidente una violación de la autonomía municipal". "Esto evidencia la existencia incuestionable de una grave discriminación y un daño cierto y comprobado al municipio de la Capital en los aspectos económicos y financieros que conllevan una grave afectación de su autonomía, revistiendo una gravedad institucional inusitada", completa la presentación.
"La ley de coparticipación es centralista y unitaria"
En este marco, la intendenta de la Capital, Inés Brizuela y Doria brindó una conferencia de prensa desde la explanada del Palacio Ramírez de Velazco para comentar acerca de esta presentación judicial contra la Provincia.
"Yo creo en el diálogo como la herramienta para construir consensos en la democracia. La situación económica financiera de la Capital fue objeto de planteos al Gbernador desde antes que asumamos. Teníamos la oportunidad histórica de quebrar la lógica de confrontación entre la Provincia y el municipo de la Capital y hacer algo distinto para el bien de todos los riojanos y riojanas. Propusimos un acuerdo financiero que pemitiera la autonomía financiera del municipio", contextualizó la jefa comunal.
"Hace un año y medio no hemos tenido resultados ante este planteo y ahora el Gobernador nos ha dicho que no hay posibilidades de lograr ese acuerdo financiero", indicó.
Brizuela y Doria dio detalles de los números contenidos en la presentación judicial y luego dijo que, desde su entrada en vigencia en enero de 2016, la Ley 9782 "fue discriminando al municipio de la Capital y al resto de los municipios". "La ley fue un retroceso en materia de coparticipación y en términos de federalismo fiscal, es una ley centralista y unitaria, que concentra más el poder y que establece un mecanismo absolutamente discrecional. Hemos retrocedido de manera escandalosa en materia del esquema de reparto", aseguró.
Brizuela y Doria dijo que "si la Provincia dejara de hacer las preafectaciones ilegales, el municipio habría recibido en el primer cuatrimestre de este año la suma de 165 millones de pesos lo que hubiera permitido llevar adelante la gestión".