La comuna presentó el amparo ante el TSJ y allí solicita la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Provincial 9782 (Coparticipación). El municipio denuncia que la Provincia realiza retenciones ilegales antes que los fondos lleguen a la masa coparticipable. Además reclama una deuda de más de $714 millones en concepto de Fondo de Financiamiento Educativo.
En este sentido, el abogado del municipio de Capital, Antonio María Hernandez manifestó que "fundamentalmente esto se da por 3 razones que llevaron a la asfixia financiera y violación de la Constitución Nacional y Provincial. Nosotros confiamos en que ahora las cosas cambien y sino tendremos que ir a la justicia nacional ", sostuvo en La Mañana de La Red.
El abogado especialista precisó que “de esa ley, los artículos 10 y 11 son groseramente inconstitucionales porque establece que la provincia es la que se hace cargo y fija toda la política salarial de los empleados municipales. Una cuestión de un centralismo que no tiene ningún tipo de fundamento constitucional”. Sobre esto remarcó: “La ley es inconstitucional en estos artículos porque vulneran el aspecto administrativo de la autonomía municipal”.
Además explicó que en cuanto a la cuestión impositiva “no se cumplen los mandatos de la constitución y el resultado es la discriminación para los municipios y en particular para el de la Capital. Se distribuye menos y se priva de fondos porque la masa coparticipable sufre dos retracciones. Una de las retenciones llega casi al 20% de los fondos, a eso se suma un 20% de un fondo de emergencia manejado arbitrariamente por el gobierno provincial”.
También se cuestionan los criterios de distribución, con el dato alarmante de que previo a la ley mencionada, los municipios recibían un 19% de la coparticipación federal, actualmente ese número disminuyo al 9,60%. “En definitiva perdieron fondos todos los municipios”, afirmó Hernández.
Por otro lado aseguró: “Se advierte probado y documentado en la demanda que es muy clara la discriminación al municipio capital. Hay problemas en la ley y en la instrumentación que produce la discriminación”, y a la vez destacó: “y el tercer capítulo gravísimo, la deuda que tiene la provincias en materia de fondo educativo. Porque las leyes nacionales establecen que los municipios que presten funciones educativas haya una coparticipación, la provincia de La Rioja desde el 2013 no abona esa deuda, son más de 700 millones de pesos”.
Finalmente, el abogado indicó que "esta lucha por la autonomía municipal es muy importante, no beneficia al municipio de Capital sino a los 18 municipios”, aclaró Hernández y continuó: “Lo primero que hay que hacer en este caso concreto es cumplir con la Constitución y las leyes, si no lo hace el Poder Ejecutivo y lLgislativo, tiene actuar como corresponde el Tribunal Superior, sino lo hace habrá que ir a la Corte Suprema”.