Al cierre de su Asamblea anual en EEUU, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) solicitó ayer a las autoridades que asuman en diciembre próximo "una actitud diferente" a la del gobierno actual "respecto del libre ejercicio del periodismo" y que garanticen la "plena libertad de expresión, sin represalias ni hostigamientos".
El documento surgió luego de amplias deliberaciones que se desarrollaron desde el domingo último en Charleston, donde diario El Tribuno estuvo representado por su director Sergio Romero, quien expuso sobre el insólito embargo que sufrieran las cuentas bancarias de este medio por parte del gobierno de Juan Manuel Urtubey, a través de su ministro de Economía, Carlos Parodi.
Este caso y otros que demuestran ataques sistemáticos desde el poder político contra los medios de prensa que no están alineados con el Gobierno, fueron resumidos en dos resoluciones sobre la Argentina, que firmaron los responsables de los medios más importantes del continente . El primero se refirió a la "campaña sistemática de deslegitimación del periodismo por parte del poder político" y a la "distribución arbitraria de la publicidad oficial". Exigió a los futuros gobernantes que "corrijan" las "desviaciones" en materia de "prácticas arbitrarias y discriminatorias" que afectan a los medios y que restauren "el derecho a la información de la ciudadanía".
También hizo conocer una serie de conclusiones generales sobre las "alarmas" que se registran en todos los países en materia de libertad de prensa, en un informe en las que la situación de la Argentina fue expuesta media docena de veces.
"Es que ningún país de América está a salvo de la corriente censuradora que se extiende como inmensa mancha de aceite", puntualizó la SIP.
En cuanto al caso argentino, referido a lo que definió como una "campaña" contra la prensa, la SIP consideró que "se ha manifestado en ataques verbales a medios y periodistas por parte de altos funcionarios, en carteles y escraches en la vía pública, en el uso de organismos públicos como herramientas de intimidación y en la estigmatización de voces críticas en los medios estatales y paraestatales".
También recordó que, "en varias ocasiones, la violencia pasó al plano físico, como sucedió durante las elecciones para la gobernación de Tucumán, en la cual periodistas y camarógrafos fueron atacados por informar sobre irregularidades".
En ese sentido, resolvió "rechazar" ese tipo de actitudes, exigió "tolerancia" a las actuales autoridades y solicitó a los tres poderes del Estado que arbitren "las medidas para garantizar la tarea periodística".
Inaudito y excesivo
En las deliberaciones previas al cierre, el caso del embargo en tiempo récord que sufrieron las cuentas bancarias de El Tribuno por parte del gobierno de Urtubey a través de su ministro de Economía, Carlos Parodi, tuvo un amplio análisis y debate. Entre otras, la conclusión fue que el caso "se enmarca en una ofensiva del gobierno local contra el periódico".
"El Tribuno es objeto de una persecución judicial, que forma parte de una estrategia del Gobierno de Juan Manuel Urtubey para amedrentar y coartar la libertad de expresión", expuso el director del diario, Sergio Romero. El organismo internacional calificó a la medida de bloquear las cuentas bancarias de este diario, ordenada por el juez interino Leonardo Rubén Aranibar, como "inaudita y claramente excesiva".
Fuente: El Tribuno