La asesora legal de la OSUNLaR, Mimi Vilte, expresó en La Red que esta sorprendida por los alcances que tuvo el allanamiento que se dictó el viernes pasado en las instalaciones de OSUNLaR, la obra social de los y las trabajadores de la Universidad Nacional de La Rioja.
El viernes por la mañana, la policía de la Provincia de La Rioja secuestró documentación y computadoras de las oficinas de la obra social de la Universidad de La Rioja por una medida ordenada por el juez Héctor Daniel Barría a cargo del Juzgado de Instrucción N° 2 en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial. La resolución del juez de Instrucción es por el expediente caratulado “Toro Ana Laura – Usurpación a la autoridad”. Cabe recordar que la vicerrectora de la UNLaR y que estaba a cargo de la obra social “Marita” Corzo, es la que inicia la denuncia por usurpación de cargo. En este sentido, aclaró que la denuncia es contra una persona y no contra la institución y por lo tanto el procedimiento se realizó en territorio federal porque para llegar a las oficinas de la obra social tuvieron que atravesar todo el hospital de Clínicas.
Vilte expresó que es grave lo que pasó cuando hay pruebas que demuestran que la obra social es de competencia federal. “La ley de obras sociales universitarias es específica y eso nos lleva a una órbita federal. El propio estatuto de la UNLaR establece la jurisdicción federal. La abogada también respondió al abogado de Corzo, Emilio Pagotto, que aseguró en declaraciones periodísticas a Riojavirtual que la competencia es de la justicia provincial. “La verdad es que hay un desconocimiento relativo de Pagotto y la desinformación es maliciosa, dañina y temerosa”, dijo Vilte.
Para Vilte, el accionar de la Policía, que llevó a cabo el allanamiento sin permitir hacer respaldo de la información, fue “un total despropósito”. Indicó que actuaron alrededor de 18 efectivos policiales para llevarse dos computadoras y un libro de acta sostuvo que le parece “grave la forma de violencia que ejerció la Policía que se encargó de ejercerla, pero sin dejar marcas en el cuerpo de las personas”. No obstante, sostuvo que hubo compañeras que sufrieron lesiones. Según la letrada el procedimiento se podría haber realizado de otra manera y respetando la competencia federal. Se podría haber enviado un exhorto al juez Federal, Enrique Piedrabuena, aseguró.
Según la abogada, el secuestro de las computadoras perjudica la obra social puesto que allí hay información de prótesis que fueron solicitadas por afiliados y afiliadas y que en esta semana debería concretarse esos trámites.
