Romero explicó: “Ante el incumplimiento del servicio estaríamos ante un posible delito penal de sabotaje al sistema de la tarjeta. Se lo desinstaló y es un sistema que funciona con GPS”, y aclaró: “Es un sistema del que es parte el municipio, por lo tanto no hay manera que se lo pueda suspender unilateralmente ya que es un servicio esencial.”
“Esto no es en contra del municipio, sino en contra de la sociedad que se ve perjudicada por ésta norma inconsulta. En éste momento se está notificando a la empresa, de no ser restablecido el servicio a las 13.00 se procedería a la estatización de la empresa”, finalizó Romero.