Entre enero y octubre de 2023, se registraron un total de 75.581 interrupciones del embarazo en el país según el informe de gestión de Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva dependiente del Ministerio de Salud de la Nación de enero a octubre del 2023. El reporte anual pertenece al gobierno anterior cuya cartera estaba encabezada por Carla Vizzotti.
La Ley 27.610 regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar y es de aplicación obligatoria en todo el país. A partir de esta ley, las mujeres y personas con otras identidades de género tienen derecho a interrumpir su embarazo hasta la semana 14, inclusive, sin tener que explicar los motivos de su decisión, cuando el embarazo es resultado de una violación o si está en peligro su vida o su salud. Asimismo, todas las personas tienen derecho a la atención post aborto más allá de si el mismo se produjo o no en las situaciones previstas por la ley, y al acceso a métodos anticonceptivos.
También reconoce el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE), si el embarazo fuere resultado de una violación o si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante, este es un modelo de causales con el mismo alcance vigente desde 1921 en el art. 86 del código penal y confirmado en el fallo “F.,A.L.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012.
La Rioja reportó 991 interrupciones del embarazo entre enero y octubre de 2023. Durante 2022 se realizaron 1018 IVE/ILE.
Respecto del informe del 2023, Buenos Aires ocupa el primer lugar con el 22.967, le siguen la ciudad de Buenos Aires con 8.232, Córdoba, 5511 y Santa Fe con 5.281. La Pampa ocupa el último lugar con un registro de 424.
Causas judiciales
Según el informe anual, desde la sanción de la Ley 27.610 se han presentado 37 causas judiciales en contra de esta norma y en todas ellas se solicitó su inconstitucionalidad, ya sea por vía de amparo u otras acciones. “En 2023 no se ha presentado ninguna nueva acción y hasta el momento la Justicia se expidió y rechazó de forma contundente 26 de estas demandas. Del resto de las causas: 4 se encuentran esperando un pronunciamiento judicial, 4 fueron archivadas y las 3 restantes son causas reservadas. No hay ninguna sentencia de fondo que avale las impugnaciones contra la Ley 27.610”, expresa.
También en distintas provincias se reportaron acciones de criminalización en perjuicio de profesionales de la salud, mujeres en situación de vulnerabilidad y de organizaciones de la sociedad civil, vinculadas con la interrupción del embarazo. Además, algunas organizaciones provinciales en el periodo reportado presentaron reclamos administrativos en contra de resoluciones sobre AHE.
El área legal de la DNSSR realizó distintas intervenciones en situaciones de judicialización, tanto relacionadas con la ley como con otras cuestiones vinculadas con el ejercicio de los derechos relativos a la IVE-ILE, tales como elaboración de informes sobre estándares internacionales y nacionales sobre derechos sexuales y reproductivos, asistencia técnica a equipos de defensa públicos. Además, se revisaron documentos y realizaron aportes y asesorías ante las consultas recibidas.
Al respecto, entre enero y octubre de 2023, se han analizado un total de secuencias en las cuales se identificó alguna posible vulneración de derechos en el marco del 140 acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
De estas:
- 64 secuencias son provenientes de efectores de salud pública;
- 6 secuencias son provenientes de efectores privados;
- 47 secuencias son provenientes de obras sociales/prepagas/mutuales;
- 15 secuencias reportan situaciones de incumplimiento de deberes de más de un
efector;
- 7 secuencias no tienen referencia a un efector en particular;
- 1 secuencia refiere al efector farmacia.
El Gobierno de La Rioja publicó en su sitio web los hospitales y centros primarios de atención primaria de salud (CAPS) que garantizan el acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (ILE/) en toda la provincia. Según la información oficial la práctica está garantizada en las 6 zonas sanitarias de la provincia y en total son 29 instituciones del sistema público de salud, entre centros de atención primarias y hospitales.
