El Directorio del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Provincia de La Rioja, manifiestó su profunda preocupación ante las detenciones al unísono de ciudadanos sobre la base presunta de la comisión de los delitos de instigación a cometer delitos (art. 209 CP) e instigación a la violencia colectiva (art. 212 CP), llevadas a cabo luego de la protesta masiva de la semana pasada, donde los trabajadores riojanos reclamaban mejoras en sus condiciones laborales.
“Nos alarma la premura con la que el Poder Judicial riojano actúa cuando se trata de cuestiones que afectan la agenda del Poder Político, sobre todo durante la feria judicial”, reclamaron, dando a entender además que en otros casos de gran importancia el proceso no cuenta con tanta celeridad.
De igual manera, resaltaron la cantidad de recursos que el Poder Judicial movilizó para detener a ciudadanos comunes, sin antecedentes penales, incluida una persona que presta servicios como enfermera y que durante su jornada laboral el día domingo fue detenida arbitrariamente. “Esta situación, además de ilegítima y violenta, expone una triste realidad: en La Rioja, no somos todos iguales ante la Ley”, sentenciaron.
Siguiendo con esta línea, se refirieron a la acción desplegada por los poderes públicos que ordenaron la promoción de acciones penales y detención de los ciudadanos luego de una protesta colectiva, “lo que evidencia la clara intención de enviar un mensaje amedrentador a la población riojana, que empieza a organizarse en defensa de sus derechos”. Por ello, calificaron de “servil y funcional” la actitud adoptada por la función judicial.
“Más allá de que desaprobamos las propuestas de violencia supuestamente vertidas en grupo de whatsapp; y más allá de los juicios que estos dichos puedan merecer desde otras perspectivas; en vinculación directa con la injerencia que el ejecutivo provincial ha tenido en manifestaciones netamente privadas de los ciudadanos (comunicaciones por WhatsApp), cabe recordar que el derecho a la intimidad también goza de raigambre constitucional y que esta emana del artículo 19 de la CN”, es lo que objetaron desde el Consejo.
“Observamos, entonces, con preocupación que las mencionadas detenciones se enmarcan dentro de un esquema de persecución política institucional que pretende anular legítimos reclamos de los involucrados, con el agravante de que, como ya se ha manifestado, esos reclamos no habían siquiera tomado estado público”, concluyeron, expresando su enérgica defensa a la libertad de expresión, porque “si estas libertades no son reconocidas, peligra la subsistencia de todas las demás, es decir, se pone en vilo el estado de derecho”.
