La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el ministro de Defensa, Luis Petri, anunciaron que enviarán un proyecto al Congreso para modificar la ley de seguridad interior, buscando ampliar la intervención de las Fuerzas Armadas (FFAA).
“Como todos saben, la situación de Rosario es crítica, lleva años sufriendo el flagelo del narcotráfico (…) y lo que estamos viendo actualmente es la presencia de actos terroristas, como la muerte de un colectivero, dos taxistas y un playero”, mencionó Petri al presentar la propuesta.
Para el gobierno es necesario modificar la ley de seguridad interior, que “se basaba en dos supuestos”, que “las FFAA dan apoyo y ayuda a las fuerzas policiales” y que pueden intervenir “cuando se declara el estado de sitio”. Por estas razones, la propuesta que presentarán para que debata el Congreso plantea la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan participar en tareas de seguridad interior.
“En patrullajes, control de personas, vehículos, instalaciones y aprehensión en flagrancia y que también puedan usar medios coercitivos, pero con las mismas normas que regulan a las fuerzas de seguridad. Sus acciones no van a ser punibles porque van a ser consideradas en cumplimiento del deber“, detalló el funcionario.
Ley Antimafia
Por su parte, Bullrich dijo: “Vamos a enviar al congreso la llamada Ley Antimafia, esto tiene el orígen en Italia y en Estados Unidos, y en el Salvador. El hecho individual no es lo que determina la pena sino aquellos que participan en una organización y cometen delitos de narcotráficos, homicidios, sicariato, extorsiones, pornografía infantil, lesiones, privación de la libertad, terrorismo, incendios. Esta organización criminal significa que tiene una zona de nuestro país donde no rige la ley nacional sino una “ley narco”. Esto estamos viviendo en determinados lugares de nuestro país”.
“La pena no será individual, sino por pertenecer a esta organización mafiosa”, sentenció la ministra. En la misma sintonía, planteó la necesidad de implementar modificaciones en el registro de ADN para ampliarla a los delincuentes a los que se los impute. “Hoy en la Argentina funciona para los condenados por delitos sexuales, pero cada uno de los delincuentes que entren en una dependencia policial, que comience con una imputación, se le va a hacer una prueba de ADN y va a estar en un sistema que nos ha donado el FBI. No solo sirve para imputar, sino para desvincular a personas inocentes de una investigación”, sostuvo.
Por último, se modificará la Ley de Legítima Defensa: “Para eso hemos plantado un artículo 34, para cambiar esta idea de que los policías terminan siendo los victimarios y las víctimas aquellos que comenzaron el hecho delictual”.
A través de la incorporación de elementos a evaluar, también se contemplará “el caso de que dispara mientras se va alejando del que se defiende”, y concluyó: “Las fuerzas de seguridad tiene que perseguir al delito y al delincuente, es obligación defender a la sociedad de los delincuentes, y si los dejan libres sabiendo que están armados es incumplimiento del deber”.
