Ismael Bermúdez, reconocido periodista de economía, analizó la nueva reforma de jubilaciones aprobada por la Cámara de Diputados de la Nación. Ante La Red, Bermúdez destacó varios puntos críticos del proyecto, y resaltó tanto sus potenciales beneficios como sus desafíos.
Bermúdez explicó que la reforma busca corregir un desajuste anterior, donde el Gobierno otorgó un aumento del 12.5% en enero cuando la inflación alcanzó el 20.6%. Según la nueva ley, los jubilados deben recibir esos 8 puntos adicionales que fueron omitidos, lo cual representaría una pequeña pero significativa mejora para los beneficiarios. Además, la reforma establece que la jubilación mínima debería ser equivalente a la canasta de pobreza del adulto mayor, lo que podría fijar el haber mínimo alrededor de los 290,000 pesos, dependiendo de los datos recientes de la canasta básica.
Mecanismos de Ajuste
La reforma incluye una cláusula para ajustar las jubilaciones en marzo de cada año, comparando el aumento de la inflación con el incremento salarial. Si los salarios superan la inflación, los jubilados recibirían el 50% de esa diferencia como aumento adicional. Este mecanismo, según Bermúdez, busca mantener el poder adquisitivo de los jubilados frente a la inflación.
Desafíos Financieros y Políticos
Un punto de controversia señalado por Bermúdez es la incertidumbre sobre el financiamiento de estos aumentos. El presidente, Javier Milei, ha manifestado su intención de vetar la reforma debido a la falta de fondos y su compromiso con el déficit cero. Bermúdez menciona que el proyecto de ley propone financiar estas mejoras con el impuesto PAIS y el impuesto a los créditos y débitos, conocido como impuesto al cheque. Sin embargo, subraya que esto no resuelve el problema de fondo: «los jubilados han perdido en los últimos 7 años… los que cobran bonos perdieron el 25% de su poder adquisitivo y los que no cobraron bonos perdieron más del 50%».
Impacto de la Informalidad Laboral
Bermúdez también abordó el impacto de la informalidad laboral en el sistema jubilatorio. Con una gran cantidad de trabajadores no registrados, el sistema está desfinanciado. Según Bermúdez, es necesario combatir la evasión laboral para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Advirtió que la propuesta de la ley de bases, que busca blanquear la informalidad laboral, podría agravar el problema al perdonar a los evasores y desincentivar la registración de empleados.
