Este miércoles, el abogado chileciteño David Calipo presentó una ampliación ante el Consejo de la Magistratura y sumó 23 nuevas causas por prescripción relacionadas con violencia de género y abuso sexual en contra de la jueza Virginia Illanes. Esta ampliación se suma a las tres denuncias previas que Calipo había presentado en las que acusó a la jueza de irregularidades en 14 casos y solicitó Jury de Enjuiciamiento.
Calipo explicó en una entrevista con La Red que “la magistrada tiene hoy tres denuncias penales en su contra, dos de las cuales fueron promovidas por el Ministerio Público Fiscal. Presentamos una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, que fue ampliada en tres oportunidades. Ayer, presentamos la última ampliación sobre 23 expedientes en situación irregular, incluyendo casos de abuso sexual, lesiones y delitos de violencia de género que se encuentran actualmente prescritos”.
La denuncia también solicita la suspensión de la jueza Illanes mientras se lleva a cabo la investigación, para que pueda ejercer su derecho de defensa. Sin embargo, hasta la fecha, esta suspensión no ha ocurrido. “La magistrada está actualmente gozando de una conveniente licencia psiquiátrica, lo que dilata el procedimiento penal en su contra”, comentó Calipo.
Entre las acusaciones contra Illanes se incluye el cobro indebido de dinero, confirmado por la propia persona que realizó el pago. Además, se le acusa de usar recursos públicos para fines personales, como utilizar móviles de la policía para transportar escombros de su casa. Estas denuncias, según Calipo, están respaldadas por pruebas sólidas.
“Un caso resonante es el homicidio preterintencional de Ezequiel Sales, donde inicialmente se investigó como un suicidio. La jueza no elevó la causa y esta prescribió, dejando a la familia de la víctima sin justicia”, explicó Calipo. Otros casos destacados incluyen la desaparición de pruebas cruciales, como la Cámara Gesell en un caso de abuso sexual, que “sorpresivamente” se quemó.
Calipo también cuestionó la calidad y transparencia de la gestión judicial en Chilecito. Señaló que varios empleados del juzgado pidieron traslado por violencia laboral y que muchas causas están detenidas o no se investigan adecuadamente. “Esto genera una desconfianza generalizada en la función judicial, no solo en estos magistrados en particular”, afirmó.