Gustavo De la Fuente, reconocido abogado penalista sanjuanino, está alojado en el Servicio Penitenciario Provincial de San Juan. El juez federal Leopoldo Rago Gallo ordenó su ingreso preventivo por presuntos delitos de trata de personas para explotación sexual, lavado de dinero y tenencia de drogas, e integrante de una banda delictiva junto a un venezolano y un colombiano que explotaban mujeres a través de contenidos sexuales en línea.
Según el sitio web Tiempo de San Juan, De la Fuente “tenía prestigio como abogado penalista y hasta no hace mucho era uno de los postulantes a ocupar una Defensoría oficial. Ahora está del otro lado y entre rejas”.
“Por su seguridad y por tratarse de un reconocido abogado que intervino en muchas causas penales resonantes, las autoridades resolvieron enviarlo al Pabellón 1 del Sector II del penal de Chimbas, destinado a los policías y militares condenados o procesados por robos, droga, delitos sexuales y homicidios”, informó el portal de noticias.
En dialogo con La Red, el abogado defensor del acusado, Leonardo Villalba, indicó que el imputado “va a declarar” una vez que avancen con la revisión de las pruebas. Además, agregó que “estamos controlando la legalidad de todas las medidas que se han llevado adelante, porque hay veces que se violan derechos y garantías constitucionales con el afán por ahí de incriminar a determinadas personas”. Cabe recordar que el acuasado se abstuvo de declarar, pero quizas, con el avance de la instrucción, esa decisión pueda cambiar.
Respecto a la vinculación del caso con La Rioja, Villalba expresó que “no le consta tal circunstancia” en el expediente de investigación. “Verdaderamente nos ha llamado la atención cómo ha circulado esta versión”, dijo el abogado defensor.
El caso
Hace algunos días, efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de San Juan, en colaboración con unidades de la Gendarmería Nacional y la Subsecretaría de Trabajo provincial, llevaron a cabo seis allanamientos como parte de una investigación de dos años sobre una red de trata de personas. La banda operaba delitos de explotación sexual y laboral a través de plataformas digitales, violando la Ley 26.842.
Durante los allanamientos, se detuvo a los principales sospechosos, incluidos ciudadanos de nacionalidades argentina, colombiana y venezolana. Además, se incautaron dos automóviles y diversos elementos valuados en aproximadamente 120 millones de pesos argentinos, considerados relevantes para la causa.
Según las autoridades, los implicados habían establecido una red de trata con conexiones internacionales, especialmente en Colombia. Utilizaban redes sociales para captar a mujeres vulnerables con ofertas de empleo y organizaban su traslado, primero a la provincia de La Rioja y luego hacia Colombia. Para el último tramo, se solicitó apoyo a la Dirección de Cooperación Policial Internacional de la Fuerza.
