Desde el Rectorado anunciaron que iniciarán acciones legales para impedir esta “intervención ilegal”. “La gente merece saber en qué se gasta el dinero de sus impuestos: algunos parecen no entenderlo”, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni.
El Rectorado de la Universidad de Buenos Aires anunció que iniciará acciones legales para defender su autonomía frente a lo que considera una intervención inconstitucional por parte de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), un organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional que el lunes que viene comenzaría a auditar sus gastos. Esta medida fue adoptada en una reciente sesión del Consejo Superior de la universidad.
En el escrito, que fue difundido por el vocero presidencial Manuel Adorni, las autoridades de la Universidad señalaron que la Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 19, garantiza la autonomía y autarquía de las universidades nacionales, estableciendo que estas instituciones deben estar desvinculadas del Poder Ejecutivo y sujetas únicamente a la potestad regulatoria del Congreso.
En tanto, destacaron que la Corte Suprema ha reafirmado esta autonomía, al estipular que cualquier intervención del Poder Ejecutivo en las actividades académicas y financieras de las universidades es inapropiada. La Ley de Educación Superior también refuerza esta independencia, limitando las posibilidades de injerencia del Poder Ejecutivo.
En este contexto, la Universidad de Buenos Aires ha implementado un régimen de control interno a través de la Auditoría General de la Nación (AGN), creada por la Resolución (CS) N° 8237/13, y ha rechazado cualquier intervención de la SIGEN en sus asuntos internos.
El pasado martes el Gobierno anunció que la SIGEN, a cargo de Miguel Blanco, comenzará a auditar la UBA a partir del próximo lunes 28 de octubre. Será el primer lugar donde pondrá la lupa en el marco del conflicto por el financiamiento.
Para al rector de la UBA, Ricardo Jorge Gelpi, esta disposición “unilateral” representa una violación de su autonomía constitucional. La universidad sostiene que su administración no puede ser subordinada a la órbita del Poder Ejecutivo por normas de jerarquía inferior a la Constitución.
“Que las decisiones expresadas por el Síndico General de la SIGEN, organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, en torno a disponer unilateralmente actividades dentro del ámbito de la Universidad, conllevaría una intervención inconstitucional e ilegal”, argumentaron.
Fuente: INFOBAE
