El rector de la Universidad Nacional de Chilecito (UNDEC), César Salcedo, expresó, en La Red, su preocupación respecto a la auditoría que la Auditoría General de la Nación (AGN) llevará a cabo en 2025, en el marco de un contexto de recortes presupuestarios que afectan a las universidades nacionales. Aunque aún no se recibió una notificación oficial, la universidad ya estaba al tanto de que formaba parte del plan anual de auditoría de la AGN, organismo encargado de la supervisión externa de estas instituciones. “Queremos que nos auditen porque nos hace mejores. Estoy a favor de las auditorias”, sostuvo el funcionario.
Salcedo destacó el arduo esfuerzo de la comunidad universitaria en defensa de la educación pública en Chilecito, una pequeña localidad del valle productivo de La Rioja. En sus declaraciones, rememoró la histórica lucha de esta comunidad por garantizar el acceso a la educación superior como herramienta de inclusión social, citando el legado del ilustre Joaquín V. González, precursor de la educación superior en Argentina.
Con relación a la situación económica actual, el rector advirtió que la política de desfinanciamiento del gobierno nacional pone en riesgo la calidad educativa y el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas en la UNDEC. “Si esto persiste en el tiempo y prospera el proyecto de ley de presupuesto enviado al Parlamento, estaremos en una difícil situación en 2025”, enfatizó. Asimismo, informó que la transferencia de fondos para ciencia y tecnología en el último año fue “igual a cero”.
Salcedo también se refirió a las dificultades generadas por el deterioro del poder adquisitivo de los docentes, que ha motivado numerosas huelgas este año. En contraste con el ciclo anterior, donde no se registraron medidas de fuerza, este año la universidad ha perdido varios días de clase debido a paros docentes, afectando gravemente la educación y los procesos de investigación.
Además, rechazó afirmaciones que han circulado sobre las universidades, tachándolas de “falacias” orientadas a desacreditarlas. Refutó la idea de que estas instituciones sean “centros de adoctrinamiento” o manipulen datos para obtener mayores presupuestos, recordando que el 90% del financiamiento se destina a salarios y solo un 10% a gastos operativos.