La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su rechazo ante la decisión del gobierno de Javier Milei de disolver el Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata de Personas. Mediante un comunicado, la entidad que preside Monseñor Oscar Ojea manifestó su “más profunda preocupación” por la medida, publicada esta semana en el Boletín Oficial.
El organismo eclesiástico señaló que el Fondo no representaba un gasto para el Estado, ya que se financiaba con bienes decomisados de delitos relacionados con la trata y el lavado de activos. Según la CEA, estos recursos tenían como finalidad reparar los daños sufridos por las víctimas.
El Fondo había sido creado en 2019 por la Ley 27.508 y, en 2021, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos junto a BICE Fideicomisos S.A. formalizaron su funcionamiento mediante un contrato de fideicomiso. La Iglesia destacó que esta herramienta constituía un avance en la lucha contra la trata y la explotación de personas.
La medida gubernamental también incluyó la disolución de otros fondos y programas, como el Fondo Para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE) y el Programa de Inversiones Estratégicas. La decisión ha generado fuertes críticas de diversos sectores, incluyendo organismos de derechos humanos y expertos en políticas sociales.
