
El Gobierno nacional ha reconocido dificultades para eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y estaría dispuesto a avalar una suspensión temporal. El oficialismo avanza en las negociaciones con los bloques dialoguistas para que este año no haya primarias, mientras que el proyecto enviado por Javier Milei a sesiones extraordinarias contempla solo la derogación.
En reuniones realizadas entre martes y miércoles con diputados y senadores, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó formalmente los objetivos del Gobierno para el período de sesiones extraordinarias, que se extenderán hasta el 21 de febrero. El objetivo central es la derogación de las PASO. Sin embargo, tras los encuentros, el oficialismo admitió que «el punto de acuerdo es que no haya PASO» y reconoció que estarían dispuestos a habilitar la suspensión en caso de no alcanzar los votos necesarios para eliminarlas.
Los primeros sondeos del panorama parlamentario proyectan que en 2025, por primera vez en la última década, no habrá primarias, pasando directamente a los comicios generales. «Eventualmente de cara a 2027 se verá otra cosa, pero por ahora habría acuerdo en que este año no haya PASO», dijeron fuentes oficiales a LA NACION.
En la reunión del martes con los jefes de bloque de Pro, Cristian Ritondo; de la UCR, Rodrigo de Loredo; y del MID, Oscar Zago, se impuso la idea de suspender las primarias, aunque con argumentos variados. Pro alegó que buscarían ir en coordinación con lo planteado en la Ciudad de Buenos Aires por Jorge Macri, quien presentó un proyecto de ley para suspender las primarias locales. En tanto, la UCR sostuvo que la herramienta de las PASO es necesaria, pero pidió modificaciones para reducir sus costos. El costo de la organización y el despliegue de las elecciones primarias sería de 150 millones de dólares, según cálculos de la Casa Rosada.
Algo similar ocurrió ayer en el encuentro con senadores, en el que participaron Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza); Alfredo de Angeli, Enrique Goerling Lara y Carmen Álvarez Rivero (PRO); Pablo Blanco (UCR); y Carlos Espínola (Unidad Federal).
Fuente: La Nación