En un significativo giro judicial, el Juzgado Federal de Primera Instancia de La Rioja, liderado por el juez Daniel Herrera Piedrabuena, emitió un fallo contundente a favor de la Asociación de Maestros y Profesores (AMP) en su reclamo contra el Gobierno de la Provincia de La Rioja. Este fallo se produce en un contexto de creciente tensión entre las autoridades provinciales y las organizaciones sindicales, en medio de un debate más amplio sobre los derechos laborales y la educación pública.
Desde septiembre de 2024, el gobierno provincial había incumplido con su obligación de retener y depositar la cuota solidaria aportada por los afiliados al sindicato. Esta situación generó una fuerte preocupación entre los docentes, quienes vieron afectada su capacidad para financiar actividades gremiales esenciales. El juez Herrera Piedrabuena no solo obliga al gobierno a restituir la cuota correspondiente al mes de agosto, que había sido retenida sin ser depositada, sino que también ordenó la devolución de los aportes no retenidos desde septiembre hasta diciembre de 2024. La suma total que deberá reintegrar el gobierno asciende a más de 180 millones de pesos, más un ajuste del 30%, lo que representa una carga financiera considerable para las arcas provinciales.
Según explicó en gremio en un comunicado enviado a los medios, «el gobierno de Ricardo Quintela justificó su decisión al sostener que la cuota solidaria no es una obligación estatal y que cada individuo debe asumir su aporte. Sin embargo, este razonamiento choca con la normativa vigente y con los instrumentos jurídicos internacionales que protegen los derechos laborales y sindicales. Esta interpretación restrictiva ha sido ampliamente criticada por expertos en derecho laboral y defensores de la educación pública».
El fallo del juez Herrera Piedrabuena representa una victoria significativa para el sindicato docente y un claro respaldo a sus demandas. Este triunfo no solo reafirma la importancia del respeto a los derechos laborales, sino que también subraya la necesidad urgente de mantener un diálogo constructivo entre el gobierno y las organizaciones sindicales.
