Cumplido el paro general impulsado por los dirigentes cegetistas y la manifestación del miércoles en defensa de los jubilados, resulta conveniente reflexionar hasta qué punto es verdad o no este último reclamo, porque inexorablemente todos llegaremos a la etapa jubilatoria, lo cual si nos ponemos a pensar seguramente nos despertará tamaña ansiedad coincidente con la misma incertidumbre que tenemos sobre el futuro de la Argentina y sus provincias.
Todos sabemos que el sistema jubilatorio argentino, por distintas pero recurrentes causas, hace rato está en una crisis final, pero la clase política –en el sentido marxista, no mileista- se niega a cortar este nudo gordiano desde hace más de una generación. Y esto ha contado con la complicidad implícita de los dirigentes sindicales, que llevan también el mismo tiempo en sus cargos, sin poder alegar ignorancia pues sus propios afiliados se los reclaman.
Pero ahora la decisión del gobierno nacional de dar por finalizada la moratoria puso blanco sobre negro y como mostraremos a continuación, el sistema previsional argentino ha sido y es una trampa cazabobos, ya que son los trabajadores formales e informales, que con sus aportes –gigantescos si tomamos en cuenta la totalidad- sostienen gran parte del sistema jubilatorio y también los emolumentos de sus dirigentes sindicales.
Por ejemplo, según la abogada previsionalista Cintia Coturel, una persona con 31 años de aportes, de los cuales 28 fueron en relación de dependencia, percibiendo un promedio de $ 1.543.335 y tres simultáneos como autónomo, percibiendo un promedio de $ 120.324, cobrará de jubilación $ 807.493 pesos, es decir prácticamente la MITAD de lo que cobraba mensualmente.
Pero muy poca gente cobra esos sueldos en gran parte del país y menos aún en La Rioja, y peor como autónomo o monotributista. Por lo tanto la plata en el bolsillo del jubilado es muy muy poca. Por eso es que los empleados públicos no quieren jubilarse y por eso el gobierno provincial les abona, no a todos, la quincenita.
¿Y por qué el sistema es una trampa cazabobos? Porque el aporte previsional es obligatorio tanto para el trabajador como para la patronal, desde el primer momento que existe la relación laboral, generalmente en la juventud de la persona, que también generalmente ignora que su jubilación será su promedio salarial de sus últimos diez años de trabajo. Como dice Coturel: es como firmar un contrato, en este caso con el Estado, sin saber cuánto te va a pagar. Y nadie firma un crédito, menos un contrato de trabajo, sin saber cuánto te van a pagar. O sea la gente se jubila a ciegas.
Todo esto tuvo un principio de cambio cuando el entonces presidente Menem introdujo a las empresas privadas en el sistema previsional con la Ley 24241,(1993) que estableció el régimen previsional de capitalización mixto con las AFJP. Ley copia del sistema chileno que fue aprobada y aplaudida por todos los dirigentes peronistas y gremialistas que aún subsisten hoy en día.
Pero hacia 2005, solo el 65% de la población accedía a una jubilación, en su mayoría hombres. El problema era claro: poco empleo registrado, pocos aportes y un requisito estricto de 30 años de servicio. La solución lógica habría sido flexibilizar ese requisito, como hacen muchos países. En cambio, se adoptó una medida drástica e irresponsable: el Decreto 1454/2005, del presidente Néstor Kirchner habilitó las moratorias, permitiendo a quienes no tenían los años necesarios de aportes simular haber trabajado como autónomos y pagar los aportes retroactivos en hasta 60 cuotas descontadas de la propia jubilación.
A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en otros lugares de América Latina, no se exigió probar que efectivamente se había trabajado. Así, cualquier persona, sin importar cuántos aportes le faltaran ni su situación económica, podía acceder a una jubilación contributiva, igual que quien aportó toda su vida. Algo inédito a nivel mundial.
En el 2008, el 20 de noviembre, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso de la Nación procedió, por mayoría, a estatizar el sistema previsional argentino (Ley 26425), quitando a los jubilados y pensionados la administración de sus fondos, reteniendo 15.000 millones de pesos por año (al 2008) y un fondo consolidado de 300.000 millones de pesos, al mismo año. Con el aplauso obvio de los mismos que habían aplaudido la “privatización” de Menem.
Como la moratoria sólo permitía regularizar años previos a 1993, con el tiempo fue perdiendo alcance. Por eso se dictaron nuevas normas: en 2014, la Ley 26.970 amplió los años regularizables e incorporó una evaluación socioeconómica. En 2016, 2019 y 2022 se prorrogó, aunque solo para mujeres. En 2023, bajo la presidencia de Alberto Fernández, el Congreso aprobó la Ley 27.705, con controles patrimoniales y válida tanto para hombres como para mujeres. Apuntó a dos grupos: quienes están a menos de 10 años de la edad jubilatoria y saben que no llegarán a los 30 años, y quienes ya tienen la edad pero no los aportes suficientes. Esta última opción es la que acaba de vencer.
Por efecto de las moratorias, la cobertura subió del 65% al 93% en 2022. Pero también crecieron los costos: el gasto en jubilaciones pasó del 4,3% al 7,6% del PBI. Esto generó un fuerte impacto fiscal y acentuó la falta de equidad entre quienes cumplieron con todos los aportes y quienes no.
Por donde se lo pinche al sistema “solidario y estatal” sale un chorro de pus. Para que el sistema previsional sea más o menos autosustentable, es necesario que detrás de cada jubilado haya tres trabajadores activos aportantes. Cuando se dieron y se prorrogaron las moratorias, los políticos que lo hicieron y los dirigentes gremiales que no dijeron nada, sabían que esa ecuación ya no existía y se iría degradando cada vez más. Pero como los jubilados no tienen ningún poder como los gremios, no les importó.
Según datos de marzo del 2024, había aproximadamente 1,8 trabajadores aportantes por cada jubilado. Pero informes más recientes indican que esta proporción ha disminuido y lo sigue haciendo. En setiembre del 2024, ya había bajado a 1,4.
Dicho así parece un sofisma. Porque ¿detrás de cada diputado, concejal, ministro o presidente hay otros tres en actividad aportando durante 30 años? ¿O detrás de cada juez, fiscal o funcionario de la justicia o del poder legislativo? Y después están los subsistemas como las jubilaciones de tareas especiales, como investigador científico, aeronavegantes, personal embarcado, etc. logradas en acuerdos fantasmagóricos con los dirigentes sindicales.
También el sistema es una bomba cazabobos porque resulta que quienes defienden el sistema estatal y solidario, son quienes emplean trabajadores sin ningún o muy pocos beneficios sociales, contribuyendo así a desfinanciar el sistema aún más. Casi lo mismo podría decirse de la(s) obra(s) social(es). Y son muchos miles si sumamos a todas las provincias. Pero de todo esto, los sindicalistas y políticos que fueron a manifestar con los jubilados y ayer hicieron el paro, no dicen nada de nada.(No todos, obvio). Sólo quieren volver atrás, a las moratorias y al pagadiós. El jueves por ejemplo, ANSES y PAMI atendieron pero los jubilados no pudieron ir al banco a cobrar. Vayan al cajero, les dijeron.
En síntesis: si Ud querido oyente/lector es jubilado o le falta poco para jubilarse ya fue, lo siento muchísimo. La única arma que le queda es el voto. Si está en la mitad de su vida laboral, fíjese que hará sus últimos diez años. Y utilice su voto también. Si eres joven y recién comienza tu vida laboral, exigile a tu gremialista y a tu político que solucionen tu jubilación.
