Tras la muerte de una beba recién nacida cuya madre dio positivo en cocaína, la jueza de Violencia de Género y Protección Integral de Menores, Gisela Flamini, confirmó que se abrió una causa judicial y reveló un dato alarmante a Radio La Red: “Los médicos del Hospital de la Madre y el Niño nos informaron que reciben varios casos como por semana”.
El hecho ocurrió el pasado viernes, cuando una mujer embarazada ingresó de urgencia al Hospital de la Madre y el Niño. A las 13:00 horas dio a luz, pero el equipo médico detectó signos de consumo de sustancias. Se realizaron análisis toxicológicos tanto a la madre como a la beba, y ambos arrojaron presencia de cocaína en sangre. La recién nacida sufrió múltiples paros cardíacos y falleció poco después.
Este tipo de cuadro clínico se denomina sobredosis neonatal, un fenómeno grave que ocurre cuando el feto ha estado expuesto a drogas durante el embarazo. Las sustancias atraviesan la placenta, afectando directamente al sistema nervioso y otros órganos del bebé. En estos casos, los recién nacidos pueden presentar síntomas como convulsiones, dificultad para respirar, irritabilidad, bajo peso y, como en este caso, pueden no sobrevivir al parto o a las primeras horas de vida.
La justicia intervino de inmediato: se ordenaron allanamientos, uno de los cuales dio positivo con secuestro de sustancias. La madre fue detenida y alojada en una dependencia para mujeres, y también fue demorado un hombre que la acompañaba. Si bien dijo no ser el padre de la beba, la fiscalía ordenó una prueba de ADN para confirmar el vínculo.
—¿Qué responsabilidad penal tiene una madre cuando su consumo afecta directamente al hijo por nacer?
“Desde el punto de vista penal, ella es garante de la vida de su hija. Colocarse en ese estado voluntariamente no la exime de responsabilidad, sino que la obliga aún más a cuidar de su bebé”, afirmó Flamini.
Consultada sobre si existen tratamientos para mujeres embarazadas en situación de consumo, la jueza lamentó la falta de recursos en la provincia: no hay dispositivos estatales para internación o seguimiento, y la Ley de Salud Mental vigente exige que la persona acceda voluntariamente al tratamiento.
—¿Son hechos aislados o se trata de una problemática estructural?
“A raíz de este caso, los médicos nos informaron que llegan varios casos similares cada semana al hospital. Puntualmente, nos dijeron: ‘recibimos varios por semana’. Lo que pasa es que, sin denuncia, nosotros no podemos actuar”, explicó la magistrada.
