La diputada provincial Nadina Reynoso expuso la falta de transparencia y el aparente estado de inactividad de la empresa estatal “Vidrios Riojanos”, creada hace 12 años bajo la figura de SAPEM (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria) y que actualmente figura como una S.R.L. Según Reynoso, la empresa no produce absolutamente nada, a pesar de haber recibido importantes inversiones a lo largo de más de una década.
En diálogo con Radio La Red, la legisladora expresó su preocupación por la falta de información oficial, el incumplimiento de las leyes de acceso a los actos de gobierno y la sospecha de irregularidades en el manejo de fondos públicos. “Es una nebulosa total. No sabemos qué se hace, a dónde va el dinero, ni si la empresa realmente existe como tal en términos productivos”, advirtió.
Reynoso detalló que la empresa fue creada en 2012 mediante una minuta de comunicación que anunciaba la instalación de una fábrica de vidrio en Mazán, departamento Arauco. La inversión inicial fue de 80 millones de pesos, pero con el paso del tiempo se sumaron anuncios multimillonarios de diferentes gobiernos provinciales, incluyendo uno del actual gobernador Ricardo Quintela, por una cifra cercana a los 800 o 900 millones.
Según la diputada, en 2022 la empresa tenía un patrimonio de 10.800 millones de pesos, cuando la coparticipación total de la provincia era de 36.000 millones, lo que representa un monto considerable. Sin embargo, nunca se concretó la producción de vidrio, ni siquiera una botella, y se desconoce el destino de los insumos minerales como cuarzo y feldespato que, según versiones extraoficiales, se estarían extrayendo de la mina de Mazán.
Reynoso —quien viene trabajando en la temática de reciclaje y separación de residuos, particularmente vidrio y metales— comenzó la investigación desde la Cámara de Diputados. En conjunto con los otros tres legisladores de la oposición (bloques radical y libertario), presentaron minutas de comunicación y solicitudes de informes, sin obtener respuestas por parte del oficialismo.
A raíz de estas gestiones, detectaron publicaciones en el Boletín Oficial que mencionan asambleas societarias en las que se elevó el capital social de la empresa: en 2018 a 100 millones y en 2023 a 800 millones. También solicitaron información a la Inspectoría General de Justicia y al Tribunal de Cuentas. Este último respondió con estados contables, pero sin los papeles de trabajo que permitirían una auditoría en profundidad.
“¿Puede ser que llevemos 13 años de inversión y no podamos producir una sola botella?”, se preguntó Reynoso, quien también denunció que enviaron una nota al Ministerio de Hacienda el 3 de abril solicitando información detallada, pero hasta el momento no obtuvieron respuesta.
La diputada mencionó la ley 10.119, que establece la obligatoriedad de la publicidad de los actos de gobierno, y advirtió que el Estado provincial está incumpliendo con su deber de brindar información veraz a la ciudadanía y a sus representantes.
