Pamela Paez, una joven que denunció a su ex pareja por violencia de género, pone nuevamente bajo la lupa al sistema judicial en La Rioja. La causa, que involucra a Diego Argañaraz —actualmente imputado por homicidio calificado en grado de tentativa en un contexto de violencia de género— reveló una serie de maniobras judiciales cuestionables que podrían poner en riesgo la integridad de la víctima y el proceso de búsqueda de justicia.
Argañaraz estuvo detenido, pero durante la feria judicial recibió el beneficio de prisión domiciliaria, otorgado por el juez Jalil Lagaza, en base a un certificado médico que, según denunció la defensa de Pamela, habría sido irregular y posiblemente falso. El documento fue firmado por el Dr. Cobos, un médico clínico contratado por la defensa del acusado, quien diagnosticó depresión, ansiedad y dificultades para permanecer de pie, sugiriendo la necesidad del arresto domiciliario.
El abogado de la víctima, Sergio Gómez, dialogó con La Red y expresó su preocupación por las maniobras judiciales: “Traen un certificado en plena feria judicial, el último día, y el juez Jalil le otorga la domiciliaria. Nos enteramos a las 17:00hs cuando la feria ya había terminado. Recién el lunes pudimos presentar un recurso de nulidad”, afirmó.
La jueza titular de la causa, que ya había retomado funciones tras la feria, solicitó un nuevo peritaje médico. El informe del forense oficial concluyó que Argañaraz no presentaba ninguna condición que justificara la prisión domiciliaria, y el beneficio fue revocado.
Sin embargo, la situación escaló. La defensa del acusado apeló la decisión, y ante la sospecha de falsificación ideológica, el equipo legal de Pamela presentó una denuncia penal contra el Dr. Cobos, así como contra los abogados de la defensa, Marcelo y Florencia Ocampo, por el presunto delito de estafa procesal: “Nunca puede un médico clínico diagnosticar una enfermedad mental como depresión o ansiedad. Eso corresponde a un psiquiatra o psicólogo”, aclaró Gómez.
“Alguien confeccionó un certificado tratando de faltar a la verdad, y eso es grave. Además, quienes usaron ese certificado para favorecer la situación del acusado también incurrieron en un delito”. La causa por falsificación y estafa procesal quedó nuevamente bajo la órbita del juez Jalil Lagaza, lo que ha encendido las alarmas en el entorno de la víctima. “Yo ya pedí la inhibición del juez. No puede seguir interviniendo en este proceso. Hay un retardo evidente de justicia y eso impide el descubrimiento de la verdad. Si no se inhibe, voy a presentar una recusación con toda la prueba. No me voy a quedar quieto”, advirtió Gómez.
“Esto no solo impide el acceso a la justicia, también socava la confianza de la sociedad en sus instituciones. No se puede permitir”, concluyó el letrado.
