En una respuesta al anuncio del Gobierno Nacional sobre la rebaja de aranceles para productos electrónicos importados, los trabajadores de las plantas fabriles de Río Grande, en Tierra del Fuego, iniciaron este miércoles un paro total por tiempo indeterminado. La medida fue decretada por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) local, que denunció un “duro golpe a la matriz productiva fueguina”.
El conflicto se desató tras las declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni, quien informó que se reducirán los aranceles a la importación de celulares y consolas, y se disminuirán los impuestos internos para TV, celulares y aires acondicionados. Desde la UOM advierten que esta decisión pone en riesgo miles de puestos de trabajo y debilita un régimen de promoción industrial vigente desde 1972.
La reacción fue inmediata. Según relató la periodista María Fernanda Rossi desde Río Grande, “el primero en pronunciarse fue el gobernador Gustavo Melella, quien advirtió públicamente sobre las consecuencias de la medida”. Pero la respuesta más contundente vino de los trabajadores: “Ayer se decidió en asamblea, en todas las plantas de distintas marcas, comenzar un paro total desde el mediodía, acompañado por una movilización masiva”.
La marcha, que se desarrolló el mismo miércoles, fue multitudinaria. No solo participaron trabajadores y trabajadoras de las fábricas electrónicas y textiles, sino también otros gremios, vecinos y vecinas de la ciudad. “Sabemos que el primer impacto lo recibe la industria, pero la onda expansiva golpeará a toda la comunidad”, explicó Rossi.
Tierra del Fuego cuenta con un régimen de promoción industrial creado por ley en 1972, con el objetivo de poblar una zona clave para la soberanía nacional. El polo productivo comenzó a desarrollarse con fuerza a mediados de los años 80, atrayendo población de otras provincias y convirtiéndose en una de las principales fuentes de empleo del sur argentino.
Lejos de ser una mera “ensambladora”, como suelen afirmar ciertos sectores, la periodista fueguina desmintió la idea de que en la isla “solo se les pega un sticker a productos importados”: “Eso es una falacia que instalaron algunos programas porteños. En Tierra del Fuego se fabrican artefactos de primer nivel, y se ha ido reconvirtiendo el perfil industrial con los años”, aseguró.
Además del componente económico, Rossi destacó la importancia estratégica de la provincia: “No olvidemos que esta jurisdicción incluye a las Islas Malvinas, la Antártida Argentina y el puerto de Ushuaia, puerta de entrada al continente blanco. La promoción industrial no es un capricho, es una política geoestratégica”.
Actualmente, unas 7.000 personas trabajan en las plantas fabriles de Tierra del Fuego, y aproximadamente el 50% se dedica a la producción de celulares. Pero la preocupación no se limita a los empleos directos: “Estamos hablando de un posible impacto en al menos 4.000 o 5.000 familias, pero el daño es mucho mayor si sumamos a quienes trabajan en transporte, limpieza, comedores, cuidado de niños y servicios tercerizados”, explicó Rossi.
“Es un efecto dominó muy grave, y no termina en la fábrica”, advirtió. “El señor que limpia patios, la señora que cuida a los chicos, los kioscos de la esquina: todos dependen, directa o indirectamente, de este entramado productivo”.
Mientras el Gobierno nacional sostiene que la rebaja de aranceles busca “mejorar los precios para los consumidores”, en el sur del país el malestar crece y se evalúa que se denuncie al gobierno si avanza el decreto: «Ayer el gobernador Gustavo Melilla dijo por la tarde que esperaban la publicación del decreto para conocer cuál era la letra chica, y en el caso de que todo se dé tal cual lo había anunciado Manuel Adorni, iban a ir a una instancia judicial».
